SEP negó validez a universidades de Morena por incumplir con la ley; nuevo gobierno las hará “oficiales”

Planteles de universidades de Morena no pudieron cumplir con requisitos previstos en la Ley General de Educación, para obtener el registro de validez ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), y algunos ni siquiera solicitaron acreditación.

Entre los requisitos que no cumplieron, está el de tener una definición sobre las habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrían al egresar, y tener la infraestructura necesaria para cumplir con el plan de estudios propuesto.

De los nueve planteles del Programa de Escuelas Universitarias de Morena, en seis se han impartido clases pese a no tener registro de validez oficial, y sin dicho trámite los estudiantes no obtendrían un título reconocido por la SEP, al egresar.

Pese a las insuficiencias, las escuelas del Movimiento de Regeneración Nacional serán integradas a las 100 escuelas de educación superior que forman parte del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y en automático serán reconocidas oficialmente por el nuevo gobierno.

De acuerdo con los expedientes, el procedimiento para otorgar el permiso consiste en revisar los planes de estudios, la plantilla docente, que la infraestructura sea acorde al plan de estudios y que cuenten con los permisos de operación del terreno, requisitos establecidos en la Ley General de Educación para impartir el servicio de educación por particulares.

Los planteles a los que la SEP negó el registro son la Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario; Escuela de Ingeniería Heberto Castillo y la Escuela Universitaria de Agronomía y Agricultura de Zaachila. Mientras que la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria; la Escuela de Educación Normal, José Santos Valdés y la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Valladolid ni siquiera lo solicitaron.

La escuela de Zaachila, Oaxaca

El 27 de enero de 2017, el notario no. 190 del Distrito Federal, Daniel F. Dávila, acreditó la constitución de “Escuela Universitaria de Agronomía y Agricultura Asociación Civil”. Este procedimiento era el primer paso para establecer cualquiera de los planteles del Programa de Escuelas Universitarias de Morena, por ello es que el nombre de la asociación civil era el de la escuela.

Sosa Elizaga es la coordinadora del Programa del gobierno federal Universidades para el Bienestar, desde diciembre de 2018. Es una colaboradora cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2000, cuando él era jefe de gobierno y ella secretaria de Desarrollo Social, y luego titular de Cultura en su administración.

La Escuela Universitaria representada por Sosa, está ubicada en Coyolicaltzin No. 1, Barrio Lexio en Villa Zaachila, Oaxaca, y también le fue negado el registro de validez oficial el 15 de marzo de 2018, aunque inició una demanda de revocación en mayo y existe un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Regional del Sureste, cuya resolución aún no se sabe.

En este caso, el incumplimiento tiene que ver con el lugar donde se impartirían 37 de las 55 materias de la ingeniería en Agricultura y Agronomía, como “desarrollo comunitario sustentable, entomología, manejo de plagas, agricultura orgánica, manejo post cosecha, taller de investigación, agroclimatología, química, seguridad alimentaria, botánica, recursos naturales”, entre otras.

De acuerdo con la revisión de la SEP, la escuela informó que las instalaciones utilizadas conforme al plan de estudios de la ingeniería serían las aulas del plantel y parcelas del Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA no. 78, en Zaachila, Oaxaca.

Para comprobar esto último, se incluyó una “carta de intención” firmada por la presidenta municipal de Zaachila, Maricela Martínez Coronel, donde se expone “la voluntad institucional” para que los estudiantes de la Universidad realicen “prácticas de laboratorio y de campo” en las parcelas del Bachillerato, con fecha de 1 de abril de 2017.

Sin embargo, la SEP advierte que en el documento expedido por el ayuntamiento “no corresponde con la propuesta de los espacios referidos” para el cumplimiento de los planes de estudio.

Por lo tanto, la escuela “no acreditó mediante prueba alguna, contar con el espacio idóneo que satisfagan las condiciones pedagógicas para impartir las unidades de aprendizaje, lo que consecuentemente no permitirá que el alumno esté en posibilidad de llevar a cabo acciones en las que participe con el fin de adquirir los conocimientos requeridos en el plan de estudios a desarrollarse bajo la conducción de un académico en espacios internos y externos de la institución”.

Por la “carencia de dichas instalaciones, no se alcanzaría el logro de los objetivos generales de las asignaturas y consecuentemente no contribuyen en los propósitos de formación en el nivel educativo”.

Por lo tanto, en el rubro de “instalaciones requeridas”, la Dirección General de Acreditación la considera como incumplimiento y, por tanto, negó el registro de validez el 15 de marzo de 2018.

Otro caso fue el programa de licenciatura de Ingeniería en Agronomía de la Escuela de Agricultura y Agronomía de Calkiní en Campeche. Aníbal Ostoa Ortega, actual senador por Morena, inició el trámite de registro oficial en febrero de 2016 y el 31 de octubre de 2016, la SEP negó el reconocimiento de validez oficial, según asentó en el oficio número DGAIR/DIPES/SR/07006/2016.

Tras esa negativa del expediente 01-0059-16, no existe registro de una nueva solicitud. El registro que sí consiguió fue para el programa de Ingeniería en Agricultura y Agronomía, según el expediente 01-0471-17.

Entre los requisitos de carácter académico que incumplió está la definición del “perfil del egresado”, es decir, presentar la definición de los conocimientos y habilidades que obtendrían los estudiantes de licenciatura en ingeniería en Agronomía.

Para la escuela Calkiní el estudiante formado sería un “profesional con sentido crítico y humanista, capaz de enfrentar los retos que existen en la agricultura ante un mundo globalizado, generando proyectos con visión holística en el manejo de producción agrícola, agropecuaria, forestal y de la transferencia de tecnología”.

También, alguien “que se involucre con la sociedad en el rescate de las prácticas productivas tradicionales y modernas y su impacto en los mercados locales y regionales, además que sea capaz de fomentar organizaciones sociales productivas para enfrentar las condiciones de mercados y la problemática de sustentabilidad en el manejo y en el aprovechamiento de recursos naturales que sustentan la seguridad alimentaria”.

Sin embargo, la SEP consideró que dicha definición debería incluir actitudes y habilidades, pero en este caso “se omite presentar los conocimientos y destrezas a ser adquiridos por el alumno en el desarrollo del plan de estudios de licenciatura, puesto que éstos no se logran identificar con las características planteadas”.

Este requisito, explica la SEP en su evaluación, “es necesario para determinar la procedencia del plan de estudios y por tratarse de un lineamiento requerido, ésta autoridad educativa concluye que lo adscrito por la institución particular no permite establecer el perfil que adquirirá el alumno con la impartición del plan y programa de estudio y por lo tanto se incumple con el artículo 47, fracción 1 de la Ley General de Educación”.

Los expedientes del resto de escuelas con la negativa de reconocimiento no pudieron ser consultados porque la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación dijo que no encontraba los documentos debido a que se cayeron los plafones del lugar donde están archivados y no se podía entrar al área.

Inmuebles rentados

Las escuelas de Morena rentaron los inmuebles donde operan, pero no se sabe si la administración federal comprará los mismos o renovará los contratos de arrendamiento, ni cuáles serán los terrenos para construir el resto de planteles.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Animal Político, sobre el número de inmuebles, comprados, rentados o en comodato, donde serán construidas las 100 nuevas universidades, la SEP dijo no tener esa información.

En la respuesta a la solicitud con folio 0001100068819 advierte que “no hay registros” al respecto, pese a que las universidades iniciarán operaciones a partir de este mes.

De acuerdo a los expedientes de registro de las escuelas, la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, por ejemplo, pagaba 100 mil pesos de renta mensual por el inmueble ubicado en Luis González Obregón, no. 9 en el Centro y el contrato tenía vigencia del 1 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre de 2018.

Por el inmueble de Zaachila se pagaban 45 mil pesos mensuales de renta, desde el 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con Raquel Sosa, la coordinadora del Programa de Universidades, el gasto por escuela se calcula en 1 millón de pesos cada una, pero tampoco hay información respecto al desglose de la distribución, según respondió la SEP a otra solicitud de información.