El gobierno persigue migrantes y deja en promesa el discurso sobre derechos humanos
Desde el arranque del nuevo gobierno, incluso desde la campaña electoral, el Ejecutivo lo ha repetido en múltiples ocasiones y a través de múltiples actores: en México, la nueva política migratoria se rige por el respeto a los derechos humanos, por atender las causas que originan la migración forzada, como la pobreza y la violencia en Centroamérica, y por dejar atrás el enfoque de la migración como un problema de seguridad nacional, que debe ser atendido con policías y soldados.
Sin embargo, cuatro meses después, el discurso de la nueva política migratoria contrasta con las estadísticas de detención, especialmente con la de abril, que se disparó más de un 100% en comparación con la de años anteriores.
Lo anterior con el recorte al presupuesto destinado a atender a los solicitantes de refugio, y, sobre todo, con la vuelta de operativos para detener a cientos de migrantes, como el del lunes pasado en Pijijiapan, Chiapas.
Ahí, a unos 150 kilómetros de la frontera con Guatemala, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), escoltados por agentes de la Policía Federal, realizaron una redada masiva entre los 3 mil integrantes de una caravana migrante que, según alegó la autoridad, respondieron de manera agresiva ante un operativo de control.
El resultado fue una escena idéntica a las registradas especialmente en 2014 y 2015, en plena efervescencia del Plan Frontera Sur de Peña Nieto: niños, niñas, adolescentes, mujeres, y hombres migrantes corriendo en estampida por el monte para evitar ser uno de los 371 migrantes que, finalmente, fueron detenidos por el INM con la ayuda de la policía, y que, probablemente, serán deportados del país como los 204 migrantes que hace tan solo diez días, el 13 de abril, ya fueron expulsados a bordo de un avión gubernamental.
El impacto de las fotografías, de los videos y de los cables publicados por periodistas locales y por agencias internacionales de noticias, en los que se ven patrullas y camionetas de la Policía persiguiendo a migrantes con carriolas y bebés, fue tan fuerte que ayer martes buena parte de la plana mayor del gobierno federal salió a dar explicaciones en una conferencia conjunta entre Segob, Cancillería y el INM.
El comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, subrayó que antes de la redada masiva el propio Instituto ofreció a muchos de los integrantes de la caravana detenidos la posibilidad de regularizar su estancia en México a través de las Tarjetas de Visitante Regional, que permite su estancia legal en el país, aunque la restringe exclusivamente a los estados del sur.
Pero estos la rechazaron y posteriormente, en el control migratorio, fueron detenidos, reaccionando algunos de manera violenta, por lo que se pidió la intervención de la Policía Federal.
“Sé que el escenario que se dio ayer fue complejo”, dijo el comisionado, quien lamentó la presencia de niños y adolescentes durante el operativo. “Pero todo se dio dentro de la norma y sin que hubiera ningún herido”.
En 22 días, casi 12 mil capturas
Por su parte, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el subsecretario de Migración, Alejandro Encinas, reiteraron que la política migratoria mexicana, basada en el respeto a los derechos humanos, no se ha movido ni una coma. Mientras que el canciller Marcelo Ebrard negó cualquier injerencia del gobierno de Estados Unidos en la política migratoria mexicana.
“En México tomamos nuestras propias decisiones”, subrayó Ebrard, cuando se le preguntó si es una “coincidencia” que el presidente Donald Trump felicitara a México vía Twitter por hacer más detenciones, pocos días después de que el 23 de marzo México detuviera a 107 migrantes en otro operativo, esta vez en la frontera de Tamaulipas, y luego de que las estadísticas de capturas repuntaran de manera especial este mes de abril.
Sobre este punto, el comisionado del INM informó ayer que entre el 1 y el 22 de abril suman ya 11 mil 800 detenciones de migrantes indocumentados.
Es decir, que a falta todavía de una semana para terminar el mes, las detenciones aumentaron un 40% en comparación con enero, cuando el INM detuvo a 8 mil 556; de hecho, esa cifra en el arranque del nuevo gobierno fue la más baja en cinco años, desde 2014.
Ahora bien, si se compara con el sexenio anterior, el dato de abril de 2019 es 3% mayor al del año pasado, y hasta 125% más en comparación con abril de 2017.
No obstante, cabe matizar que estos datos aún está lejos de los 16 mil 700 migrantes que se detuvieron en abril de 2016, y los 17 mil de 2015, los dos años que batieron todos los récords de capturas y de deportaciones de migrantes en México a raíz del Plan Frontera Sur.
“La política migratoria no ha cambiado”
Ante estas estadísticas, y ante las nuevas redadas masivas para detener y deportar migrantes, ayer martes los medios de comunicación que asistieron a la conferencia cuestionaron a las autoridades cuál ha sido realmente el cambio de política migratoria en relación al gobierno anterior de Peña Nieto.
“Las cosas sí han cambiado profundamente. Y para darse cuenta, simplemente hay que ir ahora a Chiapas y ver toda la asistencia humanitaria que anteriormente no existía, y ver que ahora ya no hay un proceso de persecución (al migrante)”, recalcó el subsecretario Encinas, haciendo alusión, entre otras medidas, a la instalación por parte del INM de un nuevo albergue en Tapachula, Chiapas, para dar atención médica, sanitaria y alimentaria a miles de familias migrantes que están accediendo a México.
“Hay un esfuerzo enorme del gobierno federal, y de los gobiernos estatales, para dar atención médica y de alimentos en las estaciones migratorias y en los albergues”, añadió el comisionado del INM, que, incluso, dio un paso más al asegurar que “el cuidado al migrante desde el inicio de este gobierno ha sido extraordinario”.
No obstante, activistas defensores de migrantes, y organizaciones de la sociedad civil, no coinciden plenamente con este discurso.
Claudia León, coordinadora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, servicio que cuenta con una red de albergues para migrantes en todo el país, criticó en entrevista con Animal Político que, a pesar del cambio en el discurso de las autoridades, aún persisten viejas prácticas del pasado.
“En esta nueva administración se mostró una postura y un discurso distinto, más enfocado a derechos humanos, y a dar una imagen de puertas abiertas hasta cierto punto. Pero, en la práctica, estamos viendo que las cosas no han cambiado tanto”, apuntó la activista.
“Por ejemplo, hemos identificado que aún hay persecución y criminalización de migrantes, en concreto de algunas personas que han ejercido roles de liderazgo en las caravanas migrantes”, añadió León, en referencia a las críticas que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha hecho públicamente a la organización civil Pueblos Sin Fronteras, a la que el pasado 28 de febrero responsabilizó de reclutar a través de engaños a migrantes centroamericanos para las caravanas.
“Y seguimos viendo que, en estados como Chiapas, los agentes de migración continúan coadyuvando con las policías federales, estatales y locales, para realizar detenciones, tal y como se hacía antes”, agregó.
Sobre este punto, Claudia León expuso que muchos migrantes continúan recurriendo a traficantes de personas, y a viajar por rutas peligrosas en autobuses, y en menor medida en el tren conocido como La Bestia, “porque la política migratoria no ha cambiado realmente”.
“La gente sigue recurriendo a transitar clandestinamente por rutas muy peligrosas porque aún no hay un cambio. De hecho, la preocupación que tenemos es no saber por dónde va esta nueva política. Porque, por poner un ejemplo, las tarjetas humanitarias que se proporcionaron en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para regularizar la situación de los migrantes, fue una medida sumamente coyuntural, que no ha resuelto ni va a resolver la situación, y que, de hecho, el gobierno ya ha dejado de darlas”.
“Es decir -concluyó-, el gobierno está implementando medidas que desde la sociedad civil no entendemos muy bien cuál es su finalidad”.
“Preocupación y decepción”
Y desde Estados Unidos, la visión tampoco es muy distinta.
Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones civiles dirigidas por migrantes latinos en ese país, señaló en entrevista que ven el panorama actual en México “con preocupación y decepción”.
“No dejamos de reconocer que, cuando ganó López Obrador, sí hubo una reacción diferente, un deseo de querer marcar una diferencia en la política migratoria mexicana”, planteó Chacón.
“Pero, en la práctica, nos preocupa mucho que, aunque México enfatiza mucho el discurso de autonomía frente a Estados Unidos, sí pareciera que hay una actitud (de las autoridades mexicanas) de querer congraciarse con la administración Trump”.
Sobre lo anterior, Óscar Chacón planteó que Estados Unidos ha sido muy claro con los gobiernos de Centroamérica, a los que ha pedido que, a cambio de programas de ayuda y cooperación para el desarrollo, “busquen todas las formas posibles” para que la gente no migre hacia su país.
“Y a México también le ha pedido que haga lo suyo. Y lo suyo quiere decir que pare a los migrantes. Que no les permita transitar de manera libre hasta su frontera. Y más allá de lo que digan los funcionarios mexicanos, creo que en la práctica sí se aprecia claramente que hay una intención de estar en buenos términos con el gobierno de Estados Unidos”, finalizó.
