Abusaron de Mónica y la torturaron para inculparla; lleva seis años presa pero espera una resolución a su favor
Mónica Esparza tiene 33 años y lleva seis en la cárcel. En 2013, mientras se dirigía a comprar material para hacer arreglos a su negocio de ropa con su pareja y su hermano, policías municipales de Torreón los detuvieron. Eran las 10 de la mañana. Según les dijeron, sólo sería una revisión de rutina.
Pero fueron llevados a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Ahí Alfredo, pareja de Mónica, y Edgar, su hermano, fueron desnudados y golpeados con tablas en el pecho y en la espalda. Al primero le desollaron el muslo izquierdo con una navaja, y con un látigo de espuelas le arrancaron pedazos de piel de la espalda.
A ella también la golpearon en el estómago e intentaron ahogarla en un tambo con agua, mientras le preguntaban cosas que ella desconocía; intentaron asfixiarla con una bolsa de plástico, fue golpeada con espuelas, navajas y martillos. Después, fue abusada sexualmente de mantera tumultuaria. Según refiere, en el lugar había hombres vestidos como militares y como policías municipales.
Los tres fueron sacados de la bodega y pasaron un rato en los baños de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública. Hasta ahí llegó un actuario del Poder Judicial de la Federación, quien les informó que la madre de Mónica, quien había sido alertada de la detención por un vecino que fue testigo, interpuso una demanda de amparo sobre la desaparición de los tres.
Posteriormente, fueron trasladados a oficinas de la Procuraduría General de la República en Torreón y en el camino, Alfredo, la pareja de Mónica, murió frente a ella a causa de la tortura, aunque los policías declararon después que él ya estaba golpeado cuando lo detuvieron. El cuerpo fue incinerado antes de determinar las causas de la muerte.
Sin decirle los cargos de los que eran acusados, Mónica y su hermano fueron trasladados en avión a la Ciudad de México. En las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un agente del Ministerio Público de la Federación los amenazó con matar a su madre y sus hijas si no firmaba una hoja que le pusieron en frente. Tiempo después supo que era la confesión de delitos.
El caso llegará a la ONU
En un comunicado oficial donde la policía informa de un operativo conjunto entre policías municipales de Torreón y el Ejército, se señaló que los tres detenidos eran secuestradores integrantes de Los Zetas, que habían sido detenidos en flagrancia con armas de uso exclusivo del Ejército.
Por eso ella fue arraigada durante tres meses, y el 17 de mayo de 2013 fue trasladada al penal de Máxima seguridad de Nayarit, aunque en 2016 la reubicaron en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), Morelos.
Mónica es de madre de cuatro niños, a quienes no ha podido ver crecer en estos años. Ha estado recluida seis años sin siquiera tener una sentencia, pese a las contradicciones, falta de pruebas y tortura acreditada a la que fue sometida.
Su caso será expuesto esta semana ante el Comité contra la tortura de Naciones Unidas, que sesionará en Ginebra. México estará a revisión en la materia. La representación del país presentará los avances y la situación respecto al combate a la tortura.
En tanto organizaciones civiles presentarán su propio análisis en lo que se conoce como “informe sombra”, que incluirá el proceso de Mónica como un caso paradigmático de la existencia de tortura en el sistema judicial en México.
De hecho es uno de los 29 casos documentados en los que mujeres fueron torturadas sexualmente durante su detención, que forman parte del informe “Mujeres con la frente en alto”, realizado por el Centro Pro Juárez, con lo que intentaron identificar “cómo el Poder Judicial estaba incumpliendo sus obligaciones ante un alegato de tortura sexual”, explica la abogada de la organización civil, Melisa Zamora, en entrevista con Animal Político.
El Centro Pro asumió la defensa legal de Mónica en marzo pasado, por lo que al analizar el expediente de 14 tomos de manera profunda y detallada, encontraron elementos que acreditan las irregularidades y la tortura ejercida contra la joven.
El equipo legal del Centro insiste en que no hay pruebas de los hechos por los que se les acusa. El peritaje balístico salió negativo, es decir, la supuesta flagrancia con armas no se comprueba; no existe una parte acusadora porque los supuestos denunciantes del secuestro sólo se presentaron en una ocasión, pero en todo este tiempo no han podido ser localizados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sumó 16 constancias médicas que dan fe de las lesiones que sufrió Mónica, mientras que el protocolo de Estambul al que fue sometida indica que persisten lesiones psicológicas que corresponden a tortura.
También existen contradicciones respecto a la detención, en cuanto a las horas en que ocurrieron los hechos, y los involucrados.
En el peritaje en informática se demuestra que ella había publicado imágenes en Facebook, que acreditan que estaba en otro lugar durante el supuesto secuestro.
El único elemento de prueba son las declaraciones obtenidas bajo tortura y amenaza, por lo que la Fiscalía no debería considerarlas, sostiene la abogada Melisa Zamora.
El proceso judicial se encuentra en el “cierre de instrucción”, notificado el 14 de marzo, esto significa que concluyó la etapa en que las partes, tanto el MP como la defensa, presentaron pruebas sobre el caso.
El paso siguiente es que la Fiscalía General de la República presente sus conclusiones y “esperamos que sean no acusatorias. Estamos convencidos de la inocencia de Mónica y Edgar”.
La Fiscalía podría insistir en su acusación o retractarse, por ello, insiste Zamora, “la Fiscalía debería aprovechar la oportunidad legal que tiene y aunque generalmente reitera sus acusaciones, en este caso al haber tantas violaciones graves a derechos humanos, y una recomendación de la CNDH, podría emitir conclusiones no acusatorias”.
Este caso, además, es una muestra del uso excesivo de prisión preventiva debido a la deficiencia del Poder judicial de desahogar las pruebas, y la ineficiencia de la defensa para solicitar las diligencias pendientes.
Se espera que la Fiscalía presente conclusiones en los próximos 30 días, y después de ello el juez emitirá su sentencia. La defensa de Mónica espera que éste pueda excluir las pruebas derivadas de tortura, como lo establecen las reglas del Derecho Internacional.
