Cambió el gobierno, pero Sedena insiste en ocultar cifras de civiles muertos en operativos
Al igual que lo hacía en el sexenio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) volvió a ocultar la información sobre el número de civiles que desde abril de 2014 han perdido la vida, o que resultaron heridos en enfrentamientos con elementos del Ejército Mexicano.
La dependencia ocultó dicha información pese a que sí cuenta con ella, como lo evidenció el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, durante su participación en las audiencias públicas de la Guardia Nacional realizadas en enero pasado en la Cámara de Diputados.
Ahí sostuvo que en 2018 habían muerto 700 personas en los enfrentamientos con los militares, cifra que calificó como reducida.
Luego de ese anuncio Animal Político solicitó vía transparencia a las secretarías de Defensa y Marina los datos de los civiles y militares muertos y heridos en enfrentamientos desde el 2007 a la fecha, es decir, en el contexto del combate al crimen organizado. Se pidió la información detallada por año, especificando además los sitios de los enfrentamientos.
La Secretaría de Marina sí entregó la información como se había solicitado. Los datos pueden consultarse en esta nota.
En contraste, la Defensa Nacional entregó datos generales e incompletos. Por ejemplo, informó que del 1 de enero de 2007 al 12 de enero de 2019 se registraron 4 mil 502 enfrentamientos con civiles, hechos que denomina “agresiones a personal militar por parte de integrantes de la delincuencia organizada”
La dependencia no desglosó, como se había solicitado, el municipio o entidad en que tuvieron lugar dichos enfrentamientos, ni en qué año ocurrieron.
Dijo que como resultado de estas agresiones 274 militares murieron, mientras que 1 mil 581 resultaron lesionados. Tampoco desglosó las localidades y fechas en que ocurrieron estas bajas.
Y en cuanto a los civiles, señaló que del 1 de enero del 2007 al 5 de abril de 2014, se tiene un registro de 3 mil 907 “civiles agresores” fallecidos y 494 civiles agresores heridos. Ello además de 17 civiles que no tenían que ver con los hechos pero que murieron alcanzados por los disparos, así como 105 civiles que también eran ajenos al enfrentamiento, pero que terminaron heridos.
Pero de abril de 2014 en adelante la Defensa Nacional se negó a proporcionar los datos de civiles fallecidos y lesionados, con el argumento de que ya no lleva dicho registro y que, en todo caso, es la Fiscalía General de la República (antes PGR) la que debería dar a conocer dicha información.
“A partir del 6 de abril de 2014 esta Secretaría ya no da continuidad a los registros de civiles agresores heridos y fallecidos, así como de victimas ajenas a los hechos con motivo de las agresiones en contra de personal militar, haciéndolo actualmente la Fiscalía General de la República”, señaló la Sedena.
Opacidad repetida e infundada
El argumento de la Sedena para no proporcionar información de 2014 en adelante es exactamente el mismo que proporcionó en el sexenio pasado a un grupo de investigadores que revisaron la letalidad de las fuerzas armadas en México, y que publicaron el estudio denominado “Índice de Letalidad 2008 – 2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, mas opacidad”.
En dicho estudio los autores transcribieron la respuesta de la Defensa, la cual coincide exactamente con la mencionada arriba. Después los investigadores solicitaron la información a PGR pero esta, en otra solicitud de transparencia, dijo contar únicamente con el registro de un enfrentamiento en ocho años, cifra que no es la real.
“La decisión de Sedena de no informar vulnera el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado den a conocer sus actuaciones haciendo posible su evaluación (…) además de la decisión de Sedena de no recabar información también viola las leyes que rigen el uso de la fuerza por parte de las instituciones federales”, indica el referido estudio.
El pasado 11 de enero quedó demostrado que la Sedena sí recaba los datos y los conoce. Así se desprende de los señalamientos hechos por el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, al participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados con motivo de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
En su intervención, Cresencio Sandoval respondió a los cuestionamientos de especialistas y legisladores de oposición que cuestionaban la opacidad en los índices de letalidad del Ejército Mexicano, al enfrentarse a presuntos delincuentes.
“Hace algunos días revisábamos en el gabinete de seguridad los homicidios dolosos en el año pasado (2018), más de 18 mil, y los que resultaron muertos en agresiones, gente que agredió a personal militar y naval, eran un número totalmente reducido; algo así como 700”, dijo Cresencio en su intervención. Semanas más tarde reiteró el dato al comparecer en el Senado.
Lo anterior significa que en 2018, según el secretario de la Defensa, 700 civiles murieron aproximadamente en enfrentamientos con las fuerzas armadas. Si de ese total se restan los 51 que la Marina sí informó que abatió en 2018, significa que unas 650 personas habrían muerto en choques con el Ejército Mexicano.
Y si lo anterior se suma a lo reportado hasta abril de 2014 la cifra ascendería a 4 mil 500 civiles muertos en choques con el Ejército. Y a ello habría que agregar el saldo de 2015, 2016 y 2017 que sigue sin conocerse.
No obstante, en su respuesta fechada el pasado 2 de febrero la Defensa Nacional dijo a Animal Político que no contaba con datos posteriores a 2014.
Índice de letalidad
La información incompleta proporcionada por la Sedena arroja que, de 2007 a 2014, el Ejército mató en promedio a 8 presuntos agresores por cada uno que hirió.
De acuerdo con el referido estudio de Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas, los conflictos armados convencionales dejan por regla general más heridos que muertos. Cuando la proporción se invierte es síntoma de una posible matanza de civiles y uso ilegal de la fuerza.
De ahí que los especialistas advierten en su análisis que el Ejército, al igual que la Marina, podrían haber ejercido de manera abusiva e ilegal la fuerza con la que cuentan.
Cabe señalar además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió tan solo de 2012 a 2018 un total de 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a derechos humanos, entre ellas casos graves como el de la presunta ejecución extrajudicial cometida en Tlatlaya, Estado de México.
