Jueces regresaron por fallas 60% de consignaciones de PGR en 2017; en ocho años el rezago será de 16 mil casos
El rezago de casos en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) es un problema que lejos de solucionarse se agrava. En 2017 los jueces devolvieron más el 60% de las averiguaciones pendientes que les consignaron, una proporción cuatro veces mayor a la registrada tres años antes. A este ritmo, para 2027, aun habrá 16 mil averiguaciones previas rezagadas y sin respuesta.
A ellos se suman los casos del nuevo sistema penal. De 123 mil carpetas de investigación iniciadas la PGR resolvió menos del 0.6% por mecanismos alternos de solución de justicia, herramienta clave para despresurizar el sistema penal. En cambio envió a los jueces más de 30 mil casos mientras que en 80 mil investigaciones determinó que no tenía elementos para proceder.
Así lo señalan los informes de resultados de auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que concluyen que la Fiscalía es una institución que trabaja por “inercia”, ordenando actos de investigación y consignando y judicializando casos, pero cuyo rezago, sumado a la falta de indicadores de eficacia en la calidad de las investigaciones, ponen en duda su aportación a una real impartición de justicia.
“(La Fiscalía no acredita) parámetros de medición para evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación, ni para valorar en qué medida contribuye a la procuración de justicia eficaz y eficiente, en menoscabo de la cohesión social y una ausencia de confianza de la ciudadanía en la actuación de las instituciones del Estado”, indicaron los auditores.
En diciembre pasado el actual fiscal General Alejandro Gertz Manero ya había alertado – al contender por dicho cargo – que uno de los principales problemas que afrontaba la institución es el rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace varias décadas.
En ese contexto el viernes 1 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del fiscal por el cual se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General, que entre otras tendrá la misión de evaluar el nivel de rezago de casos que se heredan de la PGR, y definir una estrategia para atenderlos y desahogarlos.
Viejo sistema: rezago e ineficacia
La ASF, como parte de su informe final de la Cuenta Pública 2017, presentó dos auditorías de desempeño sobre la PGR: una que evalúa su trabajo sobre las averiguaciones previas abiertas antes de 2016 con el viejo sistema penal, y otra sobre las carpetas de investigación iniciadas con el nuevo sistema penal acusatorio.
En cuanto al viejo sistema penal, los datos muestran que la PGR revisó 97 mil 436 averiguaciones, de las cuales únicamente consignó ante un juez 1 mil 408, que equivalen al 1.5%. Ello se queda por debajo de la meta institucional que era consignar, por lo menos, el 4% del total de las averiguaciones que se revisan al año. Además solo dos de las 1 mil 408 consignaciones se hicieron con una persona detenida.
Los auditores destacaron que si bien el promedio de averiguaciones previas revisadas puede incrementarse anualmente, hay una clara caída en el porcentaje de averiguaciones que anualmente se consignan con o sin detenido.
“Con los datos disponibles del periodo 2015-2017, la ASF realizó un análisis con el cual se proyectó que de continuar con la tendencia, en 2027, la PGR aún tendrá el 16.3% (16 mil 253) de las 99 mil 463 averiguaciones previas en trámite”, indica el informe.
En ese contexto, la ASF señaló que se “requiere de mecanismos que garanticen la conclusión de las averiguaciones previas y con ello reducir su rezago y así, finiquitar las actividades en el marco del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, para enfocarlas sólo al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
A lo anterior se suma un problema todavía mayor: la ineficacia. Los auditores detectaron que de las 1 mil 408 averiguaciones previas consignadas en 2017 hubo 873, que equivalen a un 62% del total, que fueron devueltas por los jueces debido a ineficiencias en la investigación de los delitos y en la construcción del caso.
Se trata de un nivel de ineficacia en las investigaciones que en un periodo de tres años prácticamente se ha cuadruplicado, al pasar de 15.9% de consignaciones devueltas en 2015, hasta 62% de consignaciones regresadas en 2018.
En una reunión con los auditores para abordar este tema, funcionarios de la PGR señalaron que habían identificado las principales causas por las cuales los jueces regresaron las consignaciones. Entre ellas se encontraban la falta de una acreditación adecuada del cuerpo del delito, de fallas en las formalidades de armado del expediente, o de deficiencias en la investigación.
Pese a dicho reconocimiento la ASF destaca que la hoy Fiscalía “no acreditó la implementación de estrategias para atender y solucionar dichas deficiencias, y con el propósito de disminuir el número de averiguaciones previas consignadas devueltas por el juez”.
Nuevo sistema: arranque con dudas
En cuanto al trabajo de la Fiscalía en el nuevo sistema penal, el informe de la auditoría señala que en 2017 se atendieron 123 mil 302 carpetas de investigación (tanto abiertas ese año como provenientes del año anterior). De ese total se judicializaron 14 mil 353 carpetas ante un juez, que equivalen a 15.2% del total, luego de que el Ministerio Público consideró que en esos casos había elementos para proceder penalmente en contra de probables responsables.
No obstante los auditores destacaron que apenas 482 carpetas de investigación iniciadas fueron resueltas a través de mecanismos alternos de solución de conflictos, que equivalen al 0.6% del total. Ello se queda muy por debajo de la meta anual planteada, de resolver con mecanismos alternativos que ayuden a despresurizar el sistema, por lo menos el 5.3% de las carpetas de investigación.
Otra deficiencia importante que los auditores destacan en este mismo tema es que del total de las 482 carpetas solucionadas por mecanismos alternativos, la PGR no acreditó el tipo de mecanismo por el que se solucionó el caso, ya sea por mediación, conciliación o junta restaurativa, lo que a su vez impide conocer realmente si al menos en esos pocos casos hubo reparación adecuada del daño en beneficio de la víctima.
“En términos del nuevo sistema penal la PGR desconoce su contribución en la procuración de justicia eficaz y eficiente, mediante la persecución y persecución de los delitos del orden federal (…) no promovió el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, componente esencial del nuevo sistema, en términos de la reparación del daño al denunciante, y desconoció el avance de la profesionalización del personal sustantivo”, señaló la ASF.
Los auditores destacaron además que si bien la PGR reportó la capacitación de 2 mil 609 servidores públicos en el nuevo sistema penal, es imposible saber si dichos cursos contribuyeron a una profesionalización efectiva, pues se carece de un parámetro de medición para evaluar el impacto de los cursos.
¿Procurando justicia? Retos en la transición
En 2017 la PGR culminó 96 mil 915 acciones de investigación de 125 mil 273 que se encontraban en trámite, superando la meta planteada. Además realizó 302 mil 899 intervenciones periciales quedándose apenas 0.6% debajo de la meta anual planteada. En ambos casos puede decirse que cumplió con su trabajo.
No obstante, los auditores destacaron que aun cuando la PGR cumplió con estas funciones a las que está obligada, careció de indicadores específicos que permitan evaluar en qué grado este trabajo de policías y peritos permite a los agentes del Ministerio Público construir casos con mejores probabilidades de éxito y con ello procurar justicia.
“Aun cuando la procuraduría alcanzó las metas establecidas en materia de actos de investigación de peritos y policías, no contó con un parámetro de medición que le permitiera evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación (…) por lo que operó de manera inercial”, concluyeron los auditores.
El abatimiento de estos niveles de impunidad y de rezago en las carpetas de investigación y averiguaciones previas son algunos de los objetivos que el actual fiscal General, Alejandro Gertz Manero, planteó en diciembre pasado cuando compitió por el cargo que actualmente ocupa.
En su comparecencia, Gertz advirtió que la dependencia tenía un rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace más de dos décadas. A ello se suman 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que tampoco se han cumplido.
El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/004/19 por el que se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General de la República, unidad responsable de diseñar el esquema de transición de las área sy asuntos de la PGR – que constitucionalmente dejó de existir en diciembre – a la Fiscalía General de carácter autónomo.
Entre las atribuciones de dicha unidad se encontrará el diseño de un procedimiento o estrategia para la transmisión de todos los casos que se encuentran pendientes. Todo ello dentro de un plazo máximo de un año.
