FGR tiene 26 casos pendientes por desvíos de Javier Duarte y están perdidos más de 60 mil mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió 31 averiguaciones previas y carpetas de investigación por las múltiples denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivadas del desvío de recursos federales en el sexenio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hasta la fecha solo cinco de esos casos ya se integraron y mandaron a un juez, mientras el resto siguen pendientes de resolver.
Como resultado seis exfuncionarios veracruzanos están bajo proceso, mientras que uno más está prófugo. No hay todavía personas sentenciadas por estos hechos.
Las denuncias penales interpuestas que dieron pie a la apertura de estas investigaciones son por un posible quebranto al erario público superior a los 18 mil millones de pesos. No obstante, el monto total de recursos cuyo destino y uso está pendiente por aclarar en Veracruz supera los 62 mil millones de pesos. Era dinero proveniente de 14 fondos federales, y que estaba destinado a diversos rubros, entre ellos salud, seguridad y educación.
Esta información fue obtenida por Animal Político gracias a la interposición de un recurso de revisión en contra de la FGR – antes PGR – luego de que, en un primero momento, no proporcionó la información solicitada vía transparencia.
De acuerdo con los datos proporcionados, la dependencia a través de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delitos Federales (SEIDF) ha iniciado 31 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con el mal manejo de recursos federales en Veracruz.
Esta cifra contrasta con los datos de la Auditoría que sostiene que ha presentado 85 distintas denuncias de hechos contra el gobierno de Veracruz producto de las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2011 a 2016, que corresponde al periodo de la administración de Javier Duarte.
Cuestionada sobre el número de casos consignados o judicializados ante un juez exitosamente (la diferencia en el término obedece a lo casos del viejo y nuevo sistema penal), la FGR respondió que consignó una averiguación previa y judicializó otras cuatro carpetas de investigación ante jueces penales federales.
Los casos enviados ante el juez ya derivaron en procesos abiertos en contra de seis exfuncionarios del gobierno de Veracruz quienes cumplen con dichos juicios en libertad. Además hay una orden de aprehensión girada en contra de un exservidor público que no se ha cumplimentado pues sigue en calidad de prófugo.
La Fiscalía no reveló ni los delitos imputados a los responsables ni sus nombres. Se le solicitó que proporcionara los cargos de los exfuncionarios procesados pero no dio detalle alguno de esa información.
Lo que sí confirmó la FGR es que hasta la fecha no hay sentencias condenatorias por alguno de estos casos.
El principal responsable: inmune e impune
Los dictámenes técnicos que la Auditoría ha presentado para sustentar las denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal, identifican al extesorero del estado de Veracruz y exdiputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, como el principal responsable en el manejo de los recursos federales y, por ende, de las irregularidades detectadas.
Funcionarios con conocimiento del caso señalaron a Animal Político que fue la oficina de Tarek Abdalá la responsable de ejecutar las transferencias de partidas federales a cuentas concentradoras que no estaban autorizadas para recibir esos fondos, o hacia otros destinos en algunos casos desconocidos.
“En el caso específico de Veracruz era el tesorero Abdalá el que realmente tenia las facultades para operar el movimiento de los recursos. En varias ocasiones la Auditoría le requirió directamente aclaraciones sobre las operaciones detectadas sin que hubiera resultados. Legalmente es el principal involucrado” dijo uno de los funcionarios cuyo nombre se reserva por no haber autorización para dar declaraciones públicas.
Pese a los anteriores señalamientos Tarek Abdalá no ha sido procesado y tampoco se prevé que ocurra por el momento.
Un primer obstáculo para proceder en su contra fue el fuero federal que Abdalá consiguió por un periodo de tres años luego de convertirse en diputado federal en 2016, inmediatamente después de dejar el cargo como tesorero de la entidad.
Y después, a unos meses de perder dicha protección – el 23 de mayo de 2018 – Tarek Abdalá rindió de manera voluntaria una amplia declaración ministerial ante la entonces PGR en la que confesó que ejecutó múltiples transferencias de recursos públicos irregulares, pero dijo lo hizo siguiendo las órdenes del exgobernador Duarte, y de su esposa Karime Macías.
Este testimonio fue utilizado por los fiscales en el juicio contra Javier Duarte, quien a la postre terminó declarándose culpable y fue condenado a 9 años de cárcel. A cambio de esta declaración Tarek Abdalá consiguió que la Procuraduría no procediera en su contra por los malos manejos reportados por la Auditoría.
El acuerdo de inmunidad, técnicamente denominado “criterio de oportunidad”, quedó formalizado el pasado 30 de noviembre, dos días antes de que concluyera el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Multimillonario desvío desde 14 fondos federales
La ASF practicó más de 300 auditorías de distinta índole al gobierno de Javier Duarte. Como resultado de las mismas se detectaron posibles malos manejos por 96 mil millones de pesos. De ese total las autoridades estatales consiguieron esclarecer (o en su defecto reponer) 34 mil millones de pesos. Apenas la tercera parte del monto total observado.
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Lo anterior significa que hay 62 mil 38 millones de pesos cuyo destino y correcta utilización se desconoce hasta la fecha. De ese total 18 mil 314 millones corresponden a la cuenta pública de 2016 (año en que hubo elecciones locales), y 15 mil 682 millones son de 2014. Se trata de los años con mayores desfalcos reportados.
Como resultado de las revisiones practicadas, los auditores identificaron por lo menos 412 movimientos o hechos posiblemente fraudulentos en la administración de Duarte, desde subejercicios y pagos no autorizados hasta transferencias ilegales de los recursos federales.
Además de las denuncias penales también promovieron 212 procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de los funcionarios que resultaran responsables.
El dinero presuntamente desviado por la administración de Duarte provenía de 14 distintos fondos, convenios y subsidios federales. Entre esos fondos se encontraba dinero para infraestructura social, educación, seguridad, apoyo a los municipios e incluso para servicios de salud.
Cabe señalar que el estado de Veracruz es la entidad con el mayor monto de recursos federales desviados o mal manejados. Incluso triplica el monto observado en el estado de México que es la entidad con mayor población del país y la que mayor transferencia de recursos federales recibe cada año.
Casos complicados: Veracruz y Estafa Maestra
Animal Político publicó en julio del año pasado que la FGR (entonces PGR) tenía casi 500 averiguaciones y carpetas de investigación abiertas por denuncias de la ASF sin que en ese momento hubiera una sola persona procesada penalmente ni sentenciada.
En el segundo semestre de 2018 y principios de este año la Fiscalía consiguió sacar adelante los primeros casos relacionados con los desvíos en el gobierno de Javier Duarte, así como varias carpetas de investigación iniciadas por el mecanismo de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.
Lo anterior fue posible luego de que la PGR y la ASF integraron un equipo especial compuesto por fiscales, peritos y auditores para agilizar denuncias relacionadas con los casos de mayor impacto. Incluso en el caso de Veracruz el equipo se trasladó a la entidad en donde por varios días llevaron a cabo verificaciones de campo.
¿Por qué los casos no avanzaron? En una reunión con periodistas realizada en noviembre pasado el subprocurador de la SEIDF Felipe Muñoz aseguró que los fiscales que trabajaron los casos en años anteriores integraron de forma deficiente las carpetas e incluso incurrieron en negligencias premeditadas, como cuando un agente del MP se declaró incompetente para revisar varios casos los transfirió a la Fiscalía de Veracruz.
Un funcionario que tuvo conocimiento de estos casos señaló, no obstante, que el avance de varias investigaciones era complicado debido a que las denuncias de la ASF en la mayoría de los casos presentaban fallas o deficiencias documentales, por lo que el Ministerio Público prácticamente tenía que iniciar de cero.
En tanto, la ASF ha señalado en diversos momentos que coadyuva con las autoridades en las denuncias que presenta y que las complicaciones obedecen, en parte, a la falta de fiscales y policías para investigar estos y otros casos, y a las altas cargas de trabajo.
