La Estafa Maestra: Juez ‘perdona’ a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad
Un juez federal decidió no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) Francisco Báez Álvarez, por lo que éste no irá a juicio pese a que autorizó la entrega de 185 millones de pesos de esta dependencia a una universidad pública a través del esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
Báez Álvarez era el funcionario encargado de liberar los recursos públicos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia y que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y también comprobó la propia Fiscalía de la República.
Sin embargo, el juez federal Fernando Payá Ayala desestimó lo expuesto por los cuatro agentes del Ministerio Público respecto a la responsabilidad directa de Báez sobre los recursos, durante la audiencia pública celebrada en el juzgado del Reclusorio Norte, por la causa penal 444/2018.La
“Él (Francisco Báez) estaba obligado por jerarquía a revisar y supervisar todo el trámite de pago. Pero no lo hizo y lo autorizó indebidamente”, apuntó la Fiscalía.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia pública, para sustentar el pago de esos supuestos servicios a la dependencia, la Universidad emitió nueve facturas por 185 millones de pesos, en las que se detectaron dos irregularidades.
Una, que las facturas no tenían el IVA desglosado, por lo que se presume un probable daño al erario por el impago de impuestos.
Y dos, que el concepto de los comprobantes fiscales correspondían a otros convenios distintos al que se estaba pagando.
Es decir, según la Fiscalía, el exdirector de presupuesto de la Sedatu aceptó, validó, y pagó facturas irregulares, a pesar de que el artículo 66 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria dice que según lo estipulado en el anexo técnico del convenio específico firmado entre la Sedatu y la Universidad, y según el reglamento interno de la dependencia, él era el responsable directo de vigilar y supervisar toda la documentación comprobatoria.
Ante estas irregularidades, la Fiscalía pidió al juez que se vinculara a proceso a Francisco Báez, para que respondiera en un juicio por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y el probable delito de ejercicio indebido del servicio público.
No obstante lo anterior, el juez Payá Ayala determinó, tras una exposición de argumentos de apenas 10 minutos de duración, que no había elementos probatorios suficientes para vincular a proceso al exfuncionario. Y argumentó dos motivos.
El primero, que la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu, no es imputable al exdirector de presupuesto, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios, dijo el juez. Y que esto, ya es materia de otra causa penal.
Y el segundo, que las posibles irregularidades en las facturas son únicamente imputables al contribuyente que emitió dichas facturas, es decir, la Universidad Politécnia Francisco I. Madero.
Esta decisión significa que, al menos por este caso, el exdirector de presupuesto de la Sedatu no irá a juicio, aunque la Fiscalía General de la República tiene ahora cinco días hábiles para apelar la decisión del juez, o puede seguir investigando para, en caso de encontrar más pruebas, solicitar una nueva audiencia.
Báez Álvarez aún tiene abiertos otros dos procesos relacionados también con convenios de la Sedatu y universidades públicas. Por lo que su abogado defensor calificó la decisión del juez solo como “una pequeña victoria”.
“Responsable de supervisar convenio era Saldaña”
Durante su intervención en la audiencia, Francisco Báez se declaró “totalmente inocente” de las imputaciones hechas por la Fiscalía.
Dijo que, como parte de sus atribuciones, no está la de supervisar que se realizaran los servicios de los dos convenios firmados con la Universidad Pública —convenio marco y el convenio específico—.
Lo anterior, subrayó Báez a pregunta expresa de su abogado, sería responsabilidad de quien firmó el convenio por 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, el funcionario Armando Saldaña Flores, quien apenas el pasado 20 de marzo sí fue vinculado a proceso por su presunta participación en el desvío de recursos públicos de la Sedatu a través de La Estafa Maestra.
“El área de Armando Saldaña era la que debía supervisar que los trabajos del convenio se realizaran”, recalcó Báez. “Es decir, su área se encarga de revisar todo, y partir de ahí, me mandan facturas, y toda la documentación, y yo autorizo el pago. Pero yo no estoy obligado a revisar los servicios”.
En cuanto a las irregularidades en las facturas, la defensa del exdirector de presupuesto alegó que, de acuerdo con la normatividad, Báez no estaba tampoco obligado a revisar “factura por factura”, ya que hay toda una estructura jerárquica por debajo de él que se encarga de realizar esas tareas, y que ésta comununicó a Báez que “todo estaba en regla”, por lo que éste autorizó los pagos.
Además, la defensa argumentó que el exdirector de presupuesto no realizó personalmente los pagos por 185 millones de pesos, sino que éste los “gestionó” ante la secretaría de Hacienda, “que es la dependencia que autoriza el pago final”.
“Mi cliente se apegó a la norma y al reglamento: a él le dan una serie de documentación entregable por los servicios (facturas), le hacen ver que todo es correcto, y gestiona el pago ante Hacienda. Pero él no apretó un botón y se hizo el pago”, resaltó el abogado defensor, quien añadió que, en el caso de que las facturas tuvieran irregularidades, éstas serían imputables a la Universidad, no a su cliente. Argumento con el que coincidió el juez en su decisión de no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de la Sedatu.
Cercano a Rosario Robles y Zebadúa
Francisco Báez Álvarez tuvo el mismo cargo en la Sedesol y Sedatu durante la administración de Rosario Robles en ambos casos, y su jefe directo fue Emilio Zebadúa, oficial mayor en ambas dependencias.
En Sedesol fue director general de Recursos Materiales solo por seis meses en 2013, y entre agosto de ese año y octubre de 2015 ocupó la dirección general de Programación y Presupuesto, donde tenía la responsabilidad de “administrar, coordinar” y fungía como “instancia única para tramitar ante la Secretaría de Hacienda las solicitudes de presupuesto”.
Desde ese cargo aprobó las transferencias electrónicas por casi 400 millones de pesos de la Sedesol para pagar supuestos servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre realizados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entre octubre y noviembre de 2013, según consta en el expediente de la investigación realizada por el Órgano Interno de Control y del que Animal Político tiene copia.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación señaló que los servicios no se hicieron y la investigación periodística sobre La Estafa Maestra comprobó que las empresas contratadas por la Universidad eran fantasma o ilegales, por lo que los recursos públicos desaparecieron.
En Sedatu se repitió el esquema de convenios con universidades, subcontratación de empresas ilegales o fantasma y, por ende, presunto desvío de recursos públicos, según documentó la Auditoría.
Báez Álvarez fue nombrado otra vez director general de Programación y Presupuesto en la Sedatu en octubre de 2015, un mes después de la llegada a la dependencia de Emilio Zebadúa como oficial mayor, su jefe directo por segunda ocasión.
Los convenios
La Sedatu hizo el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 y el específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero mediante el cual entregó 224 millones de pesos en 2016, motivo de esta causa penal.
Según consta en los convenios, obtenidos por Animal Político vía transparencia, los supuestos servicios consistieron en la “difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
El primer convenio fue firmado por el entonces subsecretario de Ordenamiento Territorial y urbano, Enrique González Tiburcio y el segundo por su subalterno, Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.
Sin embargo, ambos denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la dependencia en julio de 2017 la falsificación de su firma en dichos documentos. La denuncia llegó hasta la entonces Procuraduría General de la República y en el proceso de desahogo de pruebas, Tiburcio fue vinculado a proceso el 30 de enero debido a que el juez consideró que la firma es “de puño y letra” del funcionario.
