Pueblos y colectivos piden a AMLO parar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca
Un total de 200 académicos, científicos, investigadores, organizaciones, pueblos y colectivos llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la consulta programada este 23 y 24 de febrero, para decidir sobre la activación de la termoeléctrica en Huexca y la continuidad del Proyecto Integral Morelos (PIM).
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió anoche medidas cautelares para que la Secretaría de Energía (Sener), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobierno del estado de Morelos establezcan mesas de diálogo y negociación en las cuales se pondere y reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta, a fin de que esta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
La decisión se tomó luego de que integrantes de distintos pueblos originarios de los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla fueran atendidos el pasado martes en la CNDH, en donde manifestaron que la falta de información integral sobre la operatividad y viabilidad del proyecto ha provocado “un clima de hostilidad” en las comunidades por la existencia de grupos “antagónicos o provocadores” y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería por la pretensión de avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad.
Horas después, por la mañana de este miércoles 20 de febrero, fue asesinado a balazos Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica.
La CNDH subrayó en un comunicado que la adopción de estas medidas tiene como finalidad “coadyuvar de manera preventiva a las autoridades en la solución de una situación de conflicto”, sin prejuzgar los hechos ni oponerse a la realización de proyectos de desarrollo, siempre y cuando estos respeten los derechos y prevean no vulnerar las prerrogativas de quienes pudieran resultar afectados por los mismos.
Emitimos medidas cautelares a instituciones federales y @GobiernoMorelos, para que se reflexione sobre consulta a pueblos y com #Indígenas sobre termoeléctrica de “Proyecto Integral Morelos”, que debe ajustarse a estándares nacionales e internacionales. https://t.co/DnvU6Emocs pic.twitter.com/eU0qwUmQgm
— CNDH en México (@CNDH) February 21, 2019
Mientras tanto, en una carta abierta dirigida a López Obrador, académicos, activistas y pobladores manifestaron por escrito el malestar expresado previamente en la CNDH: que la votación de este fin de semana “dista de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida”, toda vez que se realiza sin acuerdo de los pueblos afectados por el proyecto, principalmente los indígenas; sin la suficiente información y deliberación para decidir al respecto, y sin que los pobladores cuenten con un espacio equivalente al que tiene el presidente en los medios de comunicación para ser escuchados.
Es decir, no cumple con los mandatos propuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), distintas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, para que los pueblos afectados otorguen o no su consentimiento para la realización de proyectos de inversión y desarrollo.
“En todos los casos ese consentimiento debe lograrse a través de las instituciones comunitarias de los pueblos, así como de un proceso acordado con los sujetos sociales que permita la información y deliberación respetando sus formas culturales, sus lenguas y, en especial, los modos de decisión de los propios pueblos afectados. Si consideramos estos mandatos que se desprenden de la ley, la consulta convocada desde la presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios ya que no es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo alguno con los pueblos afectados y se lleva a cabo de manera precipitada, lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente para la información y la deliberación”, indica la carta dada a conocer este jueves.
“Pero aún más”, precisa, “no cumple con los requisitos de equidad de participación ya que usted como Presidente de la República -que goza de una alta popularidad- es quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de comunicación para ser escuchadas. Dicha consulta no pondera, además, entre afectados directos e indirectos, soslayando entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos indígenas”.
Los firmantes enfatizaron que es comprensible que muchos de los pueblos afectados rechacen una consulta que “no cumple con la ley y sus derechos”, y con mucha más razón cuando recuerdan las palabras que López Obrador dijo en 2014 en Yecapixtla, Morelos, respecto a que defendería “con todo” lo que pudiera a los pueblos para que ese gasoducto y esa termoeléctrica no se construyeran, y cinco años después sea “el principal promotor del proyecto”.
El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala ha denunciado que el PIM implica un riesgo por la construcción de un gasoducto en las cercanías del volcán Popocatépetl, y ha denunciado la utilización, acaparamiento y contaminación del agua por el proyecto.
Una nueva relación
Ante las irregularidades señaladas en la consulta de este fin de semana, los firmantes de la carta piden al presidente “escuchar a los pueblos opositores y reconsiderar por completo no sólo la modalidad y fecha de consulta que se ha determinado unilateralmente, sino la relación que desde la presidencia se establece con ellos”. También lo exhortaron a debatir en lugar descalificar a quienes apoyan y acompañan a los pueblos en defensa de la tierra.
“El 1o de julio no sólo se votó contra una oligarquía partidaria que llevó al desastre al país, sino por una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación parte del respeto y del reconocimiento hacia los pueblos organizados que de ninguna manera pueden ser clasificados como parte de la reacción conservadora contra el nuevo gobierno federal.
“La presidencia de la República debe aprender a debatir en condiciones equitativas antes que descalificar a los actores civiles, sociales, académicos, estudiantiles y defensores de los derechos humanos que apoyamos y acompañamos a los pueblos en defensa de la tierra. La resistencia y defensa del territorio por los pueblos indígenas ha existido desde mucho antes que el progresismo ganara la presidencia, es una lucha legítima por el derecho a decidir sobre sus modos de vida y que gira en torno a la protección de los bienes comunes naturales”.
“No habrá transformación política alguna sin los pueblos y comunidades indígenas”, enfatizan. “Por ello se vuelve necesaria una nueva relación con el Estado mexicano que los reconozca como sujetos políticos colectivos. Finalmente, llamamos a la ciudadanía a conocer, informarse y respetar a los movimientos en defensa de la tierra, que fueron y son parte de la lucha por transformar este país”.
El Proyecto Integral Morelos es una obra de la Comisión Federal de Electricidad que contempla la construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, Morelos, así como un gasoducto y un acueducto en Puebla y Tlaxcala. La termoeléctrica empezó a construirse en 2011 sin consultar previamente a los pueblos y comunidades afectadas, lo que provocó una intensa movilización comunitaria y popular a través del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA). En 2018 consiguieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la CFE, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la entonces Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.
De acuerdo con el Frente, el PIM representa “el mismo camino andado” por la Comisión Federal de Electricidad que en otros lugares ha intentado, “sin éxito”, realizar “proyectos depredadores, extractivistas, turísticos, urbanizadores y de infraestructura, sin el consentimiento de los pueblos y a pesar de sus consecuencias socioambientales, con violaciones legales y procedimentales, utilizando la fuerza y provocando numerosas violaciones a los derechos humanos”.
De acuerdo con los firmantes de la carta, todos estos proyectos se han intentado imponer “sin información previa, sin consulta a los pueblos, sin debate público y sin estudiar otras alternativas”, con la justificación de que aportan al crecimiento económico, el desarrollo o progreso. Estos argumentos “ocultaban las relaciones de poder que existen en cualquier megaproyecto, el creciente control territorial de las empresas y, en especial, los peligros no sólo ambientales sino comunitarios y étnicos que implican muchos de estos proyectos al deteriorar las condiciones para que las formas de vida colectivas sigan existiendo”, indicaron.
Desde que el gobierno de López Obrador anunció a principios de febrero la decisión de reactivar la termoeléctrica y continuar con el proyecto, las comunidades y pueblos aglutinadas en el Frente e incluso el EZLN han reforzado su activismo en contra de que el proyecto se realice sin que los pueblos afectados sean tomados en cuenta conforme a los estándares nacionales e internacionales.
A continuación la carta abierta dirigida a López Obrador firmada por académicos, activistas y pobladores.
