Promotores del voto para AMLO en 2018, ahora censan y repartirán tarjetas del Bienestar

Voluntarios que hacen el llamado Censo de Bienestar, donde se registra a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, promovieron antes el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2018.

Diez Servidores de la Nación —como se conoce a estos voluntarios— de distintos estados del país hablaron con Animal Político y confirmaron que pertenecieron a los comités de “defensa del voto” de Morena, durante la campaña en la que resultó ganador López Obrador.

El exsecretario de Organización de Morena, Gabriel García Hernández, coordinó la estructura de promoción del voto a favor de López Obrador durante la campaña. Después de la elección, fue nombrado coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, para operar la política social federal desde la Oficina de la Presidencia.

Dicha coordinación conservó al grupo de ciudadanos que, primero, promovió el voto y luego apoyó al equipo de transición en ejercicios como las consultas ciudadanas —la del NACIM y la del Tren Maya—; y en realizar el censo de los programas sociales.

De acuerdo con los testimonios de 10 “servidores” de los estados de Coahuila, Puebla, Morelos, Tampico, Tabasco y Ciudad de México, durante la campaña no recibieron pago por su apoyo en la promoción del voto; sin embargo, para el levantamiento del Censo sí les entregaron contratos que establecían el compromiso de recibir una compensación económica de tres mil 400 pesos mensuales, durante octubre y noviembre, periodo en el que se preveía que concluyera el ejercicio.

Aunque algunos Servidores de la Nación no firmaron el contrato y se enlistaron como voluntarios, la mayoría recibió el pago de esos meses; sin embargo, el Censo no concluyó antes de que el nuevo gobierno entrara en funciones, y los coordinadores regionales pidieron a los brigadistas continuar el trabajo hasta terminarlo. Entonces les prometieron un nuevo pago que, a la fecha, no ha sido entregado. Animal Político, desde finales de enero, solicitó a la Coordinación de Programas su versión sobre estas denuncias, pero no obtuvo respuesta.

Un Servidor de Coahuila que solicitó el anonimato relató que, tras las labores que realizaron durante la campaña, sus coordinadores prometieron que los más destacados podrían tener algún tipo de empleo, sin especificar qué cargo ocuparían ni en qué área de la Secretaría del Bienestar —encargada de la política social federal— o de la Coordinación de Programas de Desarrollo.

“Porque contribuimos al proyecto de la cuarta transformación. Anduvimos en brigadas de las colonias”, dijo en entrevista. “Los invitábamos a votar por Morena”.

Después de realizar la consulta del nuevo aeropuerto, los voluntarios reclutados iniciaron a principios de octubre el levantamiento del Censo: primero casa por casa para ingresar los datos de potenciales beneficiarios de programas sociales (adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes sin empleo ni estudios y productores del campo, principalmente).

Y después, ante la premura por concluir el ejercicio y ante dificultades para acceder a ciertos domicilios, como edificios, ellos mismos crearon puntos de reunión para que los posibles beneficiarios se acercaran a realizar su registro.

Aunque el apoyo económico prometido era a cambio de levantar el Censo, los servidores tienen cada vez más encomiendas. Este medio pudo constatar en dos eventos del presidente en Huauchinango, Puebla y Tulancingo, Hidalgo, cómo los Servidores colocan sillas, dan orientación, filtran el ingreso de las personas, forman vallas y apuntan a potenciales beneficiarios en las listas del Censo.

En Tulancingo, tres servidoras que también solicitaron reservar sus nombres relataron —mientras cuidaban la valla para controlar el acceso al evento del presidente— que colaboraron con el proyecto de López Obrador desde la campaña. Una de ellas, incluso, ya se afilió a Morena.

“Como anduvimos en el movimiento de Morena, pues nos involucramos más, ya estamos adentro. De ahí seguimos, nos invitaron a ser servidores de la nación y le entramos, porque los que realmente estaban de Morena, como no hay dinero, no sirven”, dijo la militante, que se convirtió en una de los seis mil afiliados de ese partido en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla.

La siguiente labor de este ejército de Servidores de la Nación será la repartición de las tarjetas del Bienestar, con las que se entregan los recursos de los programas sociales.

“Se nos actualizó la plataforma que usamos para el censo para ahora entregar las tarjetas. En la misma aplicación (Sider) ahora apareció que vamos a entregar también las tarjetas, aunque no se nos ha notificado todavía”, dijo un servidor de Coahuila, y mostró a este medio la aplicación en su móvil.

Esta versión la confirmó la responsable del Censo de Bienestar en la región Centro de Coahuila, Claudia Garza. “Somos este equipo los que vamos a estar entregando las tarjetas una vez que lleguen acá, estaremos haciendo entrega de las tarjetas”, indicó.

En el mismo sentido fue la declaración de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores: “Vamos a buscar ese mismo mecanismo, quienes terminen el censo después nos podrían apoyar en diferentes programas. Entre servidores y gente del programa”, dijo en entrevista.

Posibles irregularidades

Utilizar la estructura de promotores del voto y los comités locales de Morena para repartir las tarjetas de un programa social es, por lo menos, un problema político importante, advirtió Guillermo Cejudo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Ahí hay un potencial problema legal adicional desde la lógica electoral, porque estás utilizando el tinte partidista de quienes están entregándolo, aun cuando no sea época electoral”, puntualizó el experto.

“La historia de la política social en México ha estado siempre contaminada por el uso clientelar de los programas sociales. El nuevo gobierno debe mostrar que lo está haciendo distinto: que los promotores no son (ni fueron, ni serán) parte de redes partidistas, que los padrones (o censos) no van a estar en manos de quienes quieran sacarle jugo electoral, y que la transparencia de cada programa social permitirá comprobar que no se están usando para promover a nadie. De lo contrario, replicará justo aquellos rasgos de la política social que más criticó y que están detrás del fracaso de muchos programas sociales”, dijo en entrevista con Animal Político el investigador Titular de la División de Administración Pública del Sistema Nacional de Investigadores.

Incluso la realización del Censo por parte de ciudadanos ajenos al gobierno es una práctica irregular, agregó Rogelio Gómez Hermosillo, excoordinador nacional del programa Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy del Bienestar.

“La identificación de potenciales beneficiarios de recursos públicos tiene que hacerse con procedimientos muy claros, incluida su aplicación bajo la responsabilidad de un servidor público”, dijo el consultor internacional en programas sociales.

En relación con el reparto de las tarjetas, Gómez Hermosillo agregó que es aún más grave por tratarse del medio de pago. “La custodia y responsabilidad de quien tiene esa tarjeta tiene que claramente estar en un servidor público, para evitar que llegue a otras manos o se use para otra cosa”, advirtió.

El especialista sentenció que el gobierno de López Obrador está tratando de justificar, con el beneficio social, violaciones importantes al procedimiento; tanto de identificación y selección de los beneficiarios como de la forma en que reciben los apoyos.

“Hay un gran desprecio por los procedimientos porque claramente han servido para simular y para hacer todas las trampas posibles, pero creo que la solución no era violentarlos, en todo caso mejorarlos”, opinó el consultor y sociólogo.

Para el académico Roberto Duque, el papel de los Servidores es cuestionable más desde la ética que desde la ley, pero sí pone un semáforo amarillo al asunto. “Me da la impresión que no es un problema jurídico sino ético”, dijo el experto en temas electorales.

Sin pago 

Más de 70 días después de inaugurado el nuevo gobierno, los Servidores de la Nación continúan trabajando sin contrato, sin la compensación prometida para diciembre y enero, y en incertidumbre sobre su situación: no saben si les van a pagar ni quién lo haría, pues tras el periodo de transición tampoco ha iniciado ningún proceso de contratación formal.

Los coordinadores —que dependen directamente de la Oficina de la Presidencia vía la Coordinación de Programas Prioritarios, a cargo de Gabriel García Hernández— han prometido que cumplirían con el pago en distintas fechas: 30 de diciembre, 15 de enero y 1 de febrero. Ninguno de esos plazos se cumplió.

“Apúrense con el censo, nada de que ‘está muy difícil, se nos fue quedando, no estaba la gente en la casa, tenemos que regresar’. Nada de que ocho horas, no: son 16 horas para sacar el censo, diario, y ocho horas para descansar. De eso va a depender el apoyo a mucha gente. Recuerden que están trabajando para el pueblo, no hay nada más bello que el amor al prójimo”, dijo en octubre el presidente, en ese entonces todavía electo, a los servidores.

Esa presión para apresurar el Censo ha ido en aumento, los coordinadores están exigiendo a los Servidores más ingresos al padrón, incluso les han pedido cuotas de 25 a 30 personas censadas al día, aseguró el voluntario de Coahuila.

Pero para los brigadistas no hay información, contratos, ni pagos. El tono de las conversaciones en grupos de Whatsapp que cuentan con un centenar de miembros –a las que Animal Político tuvo acceso con autorización del administrador— pasó del entusiasmo y la fidelidad hacia el proyecto del mandatario, al resentimiento por sentirse olvidados por el presidente que ellos mismos apoyaron durante su campaña, aun cuando son los operadores de sus programas sociales.

Una servidora de Michoacán dijo que le parecía injusto que se le vaya a pagar “mejor” a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro —que otorga becas a menores de 30 años que no estudian ni trabajan— que a los Servidores, y que incluso se les dé seguridad social.

“Queremos saber cuál será nuestro lugar en el gobierno federal, así como ya dio un sueldo para los piperos, queremos saber cuál será el de nosotros”, agregó una servidora de Morelos refiriéndose a la oferta del gobierno de pagar un salario de 15 mil pesos quincenales a conductores de pipas de gasolina.

A la pregunta de si es ilegal que el gobierno federal mantenga a estas personas realizando labores oficiales sin contratos, el investigador Guillermo Cejudo respondió que sí. “Estás utilizando a unos señores que te encontraste, que no fueron designados ni tienen puesto público, para dispersar recursos públicos”, concluyó.