Búsqueda inmediata, mecanismos especiales: Lo que propone el gobierno para resolver la crisis de desaparecidos
El gobierno presentó este lunes el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda, que entre otros puntos propone fortalecer la búsqueda en vida, más allá de solo emitir una alerta.
El plan consiste en 11 medidas, desde ejercer efectivamente el presupuesto hasta una base de datos nacional para identificar personas.
Para Grace Fernández, miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem), el plan sí recoge muchas de las recomendaciones que hicieron los familiares de desaparecidos durante las reuniones con el equipo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como que en los primeros 100 días de gobierno se echara a andar un mecanismo forense urgente, ante la saturación de servicios forenses locales; también que se atendieran defectos como que faltan carpetas de investigación o datos de a quiénes ya sepultaron o no han logrado identificar, aunque todavía esperan ver cómo se implementará.
“Lo que nos presentaron nos pareció una buena iniciativa pero falta aún más información, conocer más a detalle. Pero tenemos su compromiso de que todo va a ser trabajado con las víctimas”, consideró Fernández.
Este es un resumen de los puntos del plan:
Identificación de cadáveres
1. El plan considera por primera vez la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense (Inaid), como un mecanismo extraordinario para atender la situación actual.
2. También plantea la creación de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI). Este incluirá los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, el de Fallecidas no Identificadas o No Reclamadas, y un Banco Nacional de Datos Forenses. Se pretende que este Sistema articule la información de personas que están en hospitales, clínicas psiquiátricas y centros de rehabilitación, reclusorios, albergues, estaciones migratorias, panteones y otros en los que haya registros de personas.
3. Para estos mecanismos y todo el proceso de búsqueda, el gobierno contará con asistencia técnica internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cooperación Alemana.
Búsqueda
4. A partir de los reportes de desaparición, habrá células de búsqueda inmediata que tomen acciones urgentes para buscar personas. Estarán coordinadas en un mecanismo con participación de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales, la Policía Federal y las locales, las Comisiones Locales de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Además habrá un mecanismo especial para migrantes, que por un lado coordine búsquedas transnacionales, y por otro actúe dentro del territorio nacional, enfocado en las rutas que siguen los centroamericanos hacia Estados Unidos, de Tenosique, Comitán y Tapachula, hasta Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Juárez, Nogales y Tijuana.
5. Se reinstalará en marzo el Sistema Nacional de Búsqueda, ya que el gobierno anterior lo instaló el 9 de octubre, a menos de dos meses del cambio de administración, y no llegó a operar efectivamente. El Sistema se compone de 42 miembros de nueve organismos: los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), de la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Federal, Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un Consejo Nacional Ciudadano, los titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
6. Este último comisionado será elegido este viernes, después de un proceso de selección entre propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil. Sus funciones principales serán crear un Programa Nacional de Búsqueda, coordinar el programa de Exhumaciones e Identificación forense, e implementar acciones para buscar los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia.
7. En cuanto a las Comisiones Locales, hay 20 estados que ni siquiera tienen decreto para su creación: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, CDMX, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Otras cuatro tienen el decreto pero no han nombrado titular: Baja California, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Y solo en los ocho estados restantes están conformadas totalmente.
8. Para esto, el Presupuesto de Egresos 2019 considera 400 millones de pesos que serán complementados con 7 mil 500 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que se destinarán a integrar brigadas de búsqueda, laboratorios y equipo para exhumaciones, y desarrollo de un banco nacional de datos forenses, entre otros.
Justicia y atención a víctimas
9. El nuevo gobierno propone una revisión legal sobre la tipificación del delito de desaparición forzada y su aplicación real, regulada en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley General de Desaparición. También propone revisar el artículo 29, para que en casos de desaparición por agentes del Estado haya responsabilidad de los superiores jerárquicos, en concordancia con la Convención Internacional para la Protección de Personas contra Desapariciones Forzadas.
Otra medida será dar protección a testigos de desapariciones, y ofrecer beneficios a quien colabore con la justicia para resolver casos.
10. En colaboración con familiares de víctimas, activistas y expertos nacionales e internacionales, se propone reformar el Protocolo homologado de investigación de los delitos de desaparición forzada, así como elaborar un Protocolo homologado de búsqueda, algo que quedó pendiente en la Comisión de Búsqueda creada hace casi un año.
11. En cuanto al acceso a medidas de protección y reparación a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la intención es fortalecer este organismo federal y crear 12 faltantes en distintos estados del país. Se elaborará un plan para apoyar a víctimas de desplazamiento forzado, y se brindará acompañamiento permanente a las familias que hacen búsquedas de campo de fosas y cadáveres. Además de revisar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Las primeras acciones estarán listas para marzo, según prometió la Secretaría de Gobernación en el plan.
