Uno de los primeros leñazos lo aturdió y le abrió un tajo del lado izquierdo de la frente que se volvió borbotón de sangre en segundos. El surco requeriría 12 puntos de sutura.
Como pudo, Martín Valtierra bloqueó con los brazos todos los batazos que siguieron. Este 1 de febrero será sometido a una cirugía que intentará reparar la fractura de cúbito en el antebrazo derecho que también le dejó el ataque.
La noche del martes 29 de enero, como de costumbre, Valtierra pasó por su esposa al trabajo para irse con ella a casa.
Su casa está en Comondú, un municipio ubicado en el centro del estado de Baja California Sur que tiene una población de poco más de 70 mil habitantes.
Tan pronto llegaron, el periodista perfiló el carro para meterlo en la cochera y descendió del auto para abrir el portón.
No se dio cuenta de que dos personas descendieron de un carro que se había estacionado junto al suyo. Eran dos hombres con capuchas que tapaban sus rostros, con un bate de beisbol cada uno.
Al ver que golpeaban a su esposo, la mujer de Valtierra bajó del carro y corrió a pedir ayuda en el despacho de abogados que está al lado de su casa.
Los agresores volvieron de inmediato a su vehículo, que siempre permaneció encendido, y se dieron a la fuga. Ocho segundos les bastaron para entregarle un mensaje a Valtierra.
El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad del despacho. El auto de los agresores era un Hyundai Accent, oscuro, con rines negros y una calcomanía de San Judas Tadeo en uno de sus cristales.
Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que analiza la agresión contra Valtierra para poder determinar con claridad sus motivos, aseguró que este incidente recuerda que Baja California Sur es, desde hace dos años, una zona de riesgo para los periodistas en activo.
Esta amenaza creció, de acuerdo con Flores, con la presencia creciente del crimen organizado en el estado y la inacción o complicidad de las autoridades.
Flores dijo que el caso de Valtierra alerta a RSF, y agregó que hasta hoy no se puede decir que la transición política que vive el país se haya transformado ya en mejores condiciones de seguridad para los periodistas en prácticamente todo el país.
Valtierra suma 29 años como reportero.
Desde hace cinco es responsable del sitio de noticias Contrastes de Comondú, plataforma desde la cual ha insistido en denunciar, entre muchas otras cosas, lo que considera un nepotismo “desmedido” en la administración del alcalde José Walter Valenzuela.
Valenzuela tomó posesión como alcalde el 26 de septiembre de 2018, tras ganar una elección a la que fue postulado por Morena y el Partido Encuentro Social.
Cuando no había pasado siquiera un mes de la toma de posesión de Valenzuela, el 8 de octubre de 2018, el presidente de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, confirmó que el partido había recibido una denuncia por nepotismo en contra del alcalde y otros funcionarios municipales de Comondú.
Rentería explicó en ese momento que, en caso de recibir confirmación por escrito de la denuncia contra Valenzuela en el comité estatal de Morena, éste turnaría la queja a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, la cual decidiría si el alcalde recibía una sanción administrativa o incluso era expulsado del partido.
El 2 de diciembre pasado, el sitio noticiaslapaz.com publicó que Valenzuela no fue invitado a la toma de posesión de López Obrador, y agregó que, por sus prácticas de nepotismo y por no ceñirse a los principios de austeridad republicana de Morena, Valenzuela estaría a punto de ser expulsado de sus filas.
Al momento de escribir estas líneas Valenzuela se encontraba en Oaxaca. Se hizo contacto con Luis Ernesto Leyva, su secretario particular, a quien se solicitó una entrevista con el presidente municipal para conocer su opinión sobre la agresión contra Valtierra y los señalamientos de nepotismo en su contra.
Después de varios intentos, Leyva envió un mensaje diciendo que se comunicaría más tarde. No ocurrió.
La agresión contra Valtierra, que el gobernador Carlos Mendoza Davis condenó, ocurre apenas unos días después del asesinato de reportero Rafael Murúa Manríquez, el primer periodista asesinado en 2019 en el país.
El cuerpo de Murúa Manríquez, quien dirigía un proyecto comunitario llamado RadioKashana, fue encontrado el domingo 20 de enero en una brecha del municipio de Mulegé.
La organización Artículo 19 asegura que el 29 de octubre Murúa publicó en internet que estaba recibiendo amenazas por parte justamente del alcalde de Mulegé, Felipe Prado, a quien habría criticado por fallas en la seguridad pública de la localidad.
El 27 de enero, el gobernador Mendoza Davis anunció la captura de Héctor “N”, alias El Moreno, presunto asesino de Murúa y aparente encargado del narcomenudeo en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
Cuatro días antes del asesinato de Murúa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República y al gobierno de Baja California Sur, por el caso de un reportero que fue atacado y amenazado tres veces antes de verse obligado a huir del estado.
En dos ocasiones fue incendiada la casa del periodista, cuya identidad fue reservada por la autoridad para su protección. En otro incidente le prendieron fuego a una camioneta de su propiedad. Y en una balacera entre los guardaespaldas que le asignó el gobierno y un grupo de hombres armados, uno de sus escoltas murió.
En el caso de Martín Valtierra, un policía y un militar fueron asignados como escoltas del periodista, que cuenta las horas para volver a su trabajo en el sitio Contrastes de Comondú. Lo peor que le podría pasar, dijo, no es una golpiza, sino dejar de escribir.