La ONU rechaza la Guardia Nacional y pide a legisladores reconsiderarla
Un grupo de Procedimientos Especiales de la ONU envió una misiva a los diputados, para que reconsideren los comentarios que el organismo ha realizado a México, acerca de los riesgos de otorgar facultades permanentes a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, como contempla la iniciativa de la Guardia Nacional.
En el documento entregado al Congreso de la Unión, la ONU destacó que la propuesta que se discutirá este jueves en el Senado de la República, “constitucionaliza y hace permanente la presencia militar en tareas de seguridad, dando continuidad a una política que ha generado más violencia y ha incrementado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Todo ello, en un contexto de frágiles controles, ineficaces mecanismos de rendición de cuentas e impunidad alarmante”, advirtió Naciones Unidas.
Otros de los puntos de la iniciativa que “preocupan” a la ONU es que los papeles de liderazgo y funcionamiento de la Guardia Nacional son militares, al igual que los responsables de reclutar, ascender y entrenar a sus integrantes, además de que habría una expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos.
También alertó sobre el riesgo de que personas puedan ser detenidas en instalaciones militares.
“Es por ello que reiteramos nuestra grave preocupación ante un proyecto de reforma constitucional que daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militatizado… Exhortamos al Congreso de la Unión a atender debidamente nuestras preocupaciones y recomendaciones en sus discusiones y deliberaciones con respecto a esta propuesta”, indicó.
Desde 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a México que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública fuera mantenida, en la mayor medida posible, por fuerzas de seguridad civiles y no militares, así como garantizar que todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueran debidamente investigadas y juzgadas.
Este llamado fue reiterado por el Comité contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2018, que observó con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayor parte del país y el impacto que esta tendencia tuvo en el aumento de la desaparición forzada y la impunidad.
En 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU recomendó al Estado mexicano la consideración del retiro, en el corto plazo, de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, misma que fue reiterada en 2015.
En 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Relator Especial sobre Ejecuciones, recomendaron que la seguridad pública se pusiera inmediata y definitivamente en manos de autoridades civiles y no en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión recomendaron que los defensores de derechos humanos fueran debidamente consultados durante los debates legislativos relativos a la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad.
La ONU reiteró su disposición “para asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en México”.
El pasado 16 de enero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional.
La propuesta de reforma señala que este nuevo cuerpo de seguridad tendrá un mando civil en su administración, pero militar en su organización y disciplina. También indica que colaborará con las entidades, se fortalecerán las policías locales y se harán evaluaciones a sus elementos.
El dictamen, con los cambios realizados por la Cámara de Diputados, será discutido nuevamente por el Senado en el periodo ordinario de sesiones, que iniciará este 7 de febrero.
