Las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional y ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva automática llegan a una fase clave. Esta semana las cámaras de Diputados y de Senadores entran en la recta final del análisis y debate de los dictámenes que previamente ya les mandaron sus contrapartes, con miras a la votación y aprobación. No obstante se prevén varias modificaciones.
En el caso de la Guardia Nacional —señalaron legisladores que participan en el proceso— existe inconformidad de los senadores del grupo mayoritario y también de partidos de oposición respecto a varios puntos del dictamen aprobado en enero en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán modificarlo para luego regresarlo a San Lázaro.
En cuanto a la prisión automática, la minuta que en diciembre aprobó el Senado fue modificada por los diputados en comisión, la cual redujo de 12 a 4 los nuevos delitos contemplados. Esto rompió el consenso que había en la cámara baja y ahora se busca dar marcha atrás a estas modificaciones o buscar otras para que la minuta avance.
Paralelamente la oposición trabaja con organizaciones ciudadanas dos propuestas alternas a la reforma de prisión oficiosa. Hoy arrancan una serie de cinco audiencias públicas en San Lázaro para analizar el tema.
Cabe señalar que al tratarse, en ambos casos, de reformas constitucionales se requiere de la aprobación de dos terceras partes de los senadores y diputados para su aprobación. Por este motivo Morena y sus aliados (impulsores de las reformas) necesitan el apoyo de alguna de las principales fuerzas de oposición para que transiten.
A continuación se detalla lo que sigue en la ruta de ambas reformas, entre ellos los cambios que se prevén, los procedimientos, y las audiencias. Esto de acuerdo con la información proporcionada por legisladores de ambas cámaras consultados por Animal Político.
Situación actual
Luego de múltiples revisiones, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 16 de enero el dictamen en materia de Guardia Nacional y envió la minuta al Senado. Pero tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como legisladores de diversos partidos han expresado su inconformidad con el proyecto y la necesidad de hacer cambios.
El 1 de febrero, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado realizó una reunión extraordinaria con los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad quienes insistieron en la necesidad de crear la Guardia Nacional como un cuerpo de policía civil pero con formación y disciplina militar.
Los cambios que vienen
Diversos legisladores que conforman la comisión que revisa el dictamen de Guardia Nacional adelantaron modificaciones, como la relacionada con la facultad de investigación de la Guardia Nacional.
Algunos senadores han expresado que la redacción no deja en claro que esta nueva fuerza debe estar sujeta a la dirección del Ministerio Público en tareas de investigación, por lo que analizan cambios en el tema.
Además, Morena busca que se incluya en el dictamen la capacidad que tendrán las Fuerzas Armadas de continuar colaborando de forma temporal en seguridad pública, mientras se culmina con la conformación completa de la Guardia Nacional. Esto estaba plasmado en un artículo transitorio que fue eliminado en la versión final del dictamen aprobado por los diputados.
También se analizan cambios en la redacción del artículo 21 en el apartado donde se establece que la Guardia tendrá doble adscripción a las dependencias de Seguridad y Defensa, así como una junta de jefes militares y civiles. Esto, debido a que algunos legisladores advierten que no quedan claras las competencias.
Leyes faltantes
La reforma propuesta establece que para que esta nueva fuerza de seguridad funcione, se requieren tres leyes secundarias: la Ley de la Guardia Nacional que debe expedirse en un plazo de 90 días, y las leyes de Uso de la Fuerza y de Registro de Detenciones que deben aprobarse en un plazo máximo de 120 días.
Lo que se propondrá primero es acortar el tiempo que hay que esperar para que se expidan estas leyes, e incluso se busca que se publiciten lo más rápido posible los borradores de dichas iniciativas para conocer sus alcances.
Además, en la sesión extraordinaria del pasado 1 de febrero en la Comisión de Puntos Constitucionales, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo dijo que ya tienen listo un borrador de la iniciativa sobre uso de la fuerza.
La ruta
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado será la responsable de elaborar un dictamen sobre la minuta que enviaron los diputados. Se prevé que desde aquí se incluyan modificaciones. Si la comisión aprueba por mayoría simple el dictamen, pasará al pleno donde tendrá que ser avalado por mayoría calificada (2/3 partes).
Como se prevén cambios a la minuta enviada por los diputados, el dictamen que los senadores aprueben tendrá que regresar a la Cámara Baja para ser nuevamente estudiada y en su caso aprobada. Solo hasta ese punto podrá enviarse a los congresos locales para que estos a su vez lo analicen y aprueben.
Situación actual
En diciembre pasado, los senadores aprobaron la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar de 6 a 18 el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa, es decir, prisión preventiva automática para los probables responsables de cometer esos ilícitos. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. Ello con el objetivo de que fuera ratificada por la cámara baja en el periodo extraordinario convocado en enero.
Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales modificó la minuta y aprobó un dictamen que solo ampliaba la prisión automática a cuatro delitos: robo de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso ilegal de programas con fines electorales. Quedaron fuera ilícitos como feminicidio, desaparición forzada, robo a casa habitación y de transporte, entre otros.
Esto generó divisiones entre los grupos parlamentarios y el dictamen modificado no pudo ser aprobado en el periodo extraordinario.
Los cambios que vienen:
De acuerdo con los legisladores consultados, hay dos escenarios probables. Uno de ellos, impulsado por Morena, es dar marcha atrás al dictamen aprobado en comisiones y se mantenga el catálogo de nuevos ilícitos que ya habían aprobado los senadores en su minuta o, por lo menos, la mayoría de los contemplados originalmente como feminicidio.
El otro escenario es el impulsado por diputados de oposición y colectivos ciudadanos, el cual plantea que no se amplíen los delitos de prisión preventiva automática. En su lugar se plantean dos alternativas:
La primera es que en lugar de modificar el artículo 19 de la Constitución se reforme el 16, para obligar al Ministerio Público a no liberar a personas detenidas por cierto tipo de ilícitos hasta que no se investigue y se les consigne.
La otra opción es no hacer reforma constitucional alguna, sino una modificación al Código Penal Federal para que se tipifique con penalidades más graves los 12 delitos que el Senado mencionó en su minuta, y que ello se tome en cuenta para las medidas cautelares que dicte un juez. Ello incrementaría la probabilidad de que se dicte prisión preventiva pero sin que sea automático.
Las audiencias públicas
Como parte del proceso de debate en torno a este tema, la Cámara de Diputados anunció la realización de cuatro audiencias públicas que arrancan este 6 de febrero y culminarán el 8. En ellas participarán expertos, académicos, funcionarios y activistas, con el objetivo de que aporten propuestas en torno a la ampliación de la prisión preventiva.
La primera audiencia fue titulada “Fundamento Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa”, y se llevará a cabo a las 16 horas; la segunda denominada “Seguridad, Justicia y Prisión Preventiva” está programada para el 7 de febrero a las 16hrs; mientras que la tercera, “Prisión Preventiva Oficiosa y Sistema de Justicia Penal”, será el 8 de febrero a las 11 horas y la cuarta titulada “Prisión Preventiva, libertades e investigación” se convocó para el mismo viernes a las 4 de la tarde.
La ruta
Se prevé que la próxima semana, una vez concluidas las audiencias públicas convocadas, el pleno de la Cámara de Diputados aborde el dictamen de prisión oficiosa. Si se consigue aprobar lo que el Senado había mandado originalmente, la iniciativa quedaría lista para mandarse a los congresos estatales y buscar la aprobación de al menos 17 de ellos para que pueda ser promulgada.
En caso de que se apruebe un dictamen modificado al que mandó el Senado o alguna otra reforma distinta, esta tendría que regresar al Senado para que dicha cámara realice un nuevo análisis y votación de la misma.