Estado oculta feminicidios cometidos por crimen organizado y no investiga, acusan activistas de 23 entidades
El 70% de los feminicidas tiene el estatus de desconocidos y 30% de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas. Solo en el 20% de los casos quien comete el crimen es la pareja, o expareja. Esto refleja un evidente contexto criminal, señaló María de la Luz Estrada, presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF.
Esa información, dijo, la han recabado a lo largo de 12 años de trabajo. “Hemos hecho mucha investigación. A través de la judicialización y el acompañamiento de casos nos acercamos a entender, cada vez más, los patrones y diversos modus operandi de la violencia contra las mujeres. Esto no es solo de datos estadísticos. Es de información de las compañeras que tenemos en 23 estados de la República que están acompañando los casos, que están entendiendo cómo si hay violencia intrafamiliar pero también provocada por bandas criminales”.
Como OCNF, agregó, “hemos documentado cómo los cuerpos de las mujeres y niñas son ocultados y sepultados -incluso en viviendas- como fue el caso en Empalme, Sonora. Documentamos también cómo abandonan o arrojan los cuerpos en la vía pública, o cómo asesinan a las mujeres embarazadas para extraer a sus bebés del vientre”.
Las autoridades, explicó Estrada, están negando la existencia de grupos delictivos que operan en diversos estados del país. “Sabemos que da miedo saber y reconocer que hay grupos criminales operando así en diversos territorios, pero si los invisibilizan o hay involucradas autoridades, están poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad física de las niñas, adolescentes y mujeres”.
Tan solo en el Estado de México, de acuerdo a datos oficiales, en 2018 se registró el reporte de 3,260 mujeres desparecidas. De ellas, la mayoría tiene entre 10 y 17 años de edad. Del total de caso, 946 siguen sin ser localizadas.
Una omisión grave, denunciaron las activistas, es no vincular el feminicidio con otros delitos como lo es la trata de mujeres y niñas, como en el caso del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos de búsqueda no se activan de forma inmediata.
“Se requiere de la voluntad política, de entrar de fondo a lo que está generando esta violencia extrema contra las mujeres. Hay que diferenciar a los actores que están cometiendo los feminicidios. Pero también hay que investigarlos, porque en México no se están investigando cómo tal, pese a que, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Mariana Lima Buendía, todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse así”.
Respecto a si se han reunido con autoridades del gobierno federal y cómo se está abordando en ese ámbito el problema del feminicidio, Estrada comentó que todo está en proceso. “No tenemos claro cómo se va a reestructurar la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), no sabemos quién va a estar al frente, no tenemos clara la política de seguridad, pero el gobierno federal es solo una parte, los que tienen el mayor compromiso son los gobiernos estatales”.
Y ahí es donde está el mayor problema, según las activistas. “Lo que han hecho las autoridades estatales –señaló Estrada– es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24% de los asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidio, la mayoría la ubican en el ámbito familiar. Prevalece un contexto de simulación de las autoridades estatales y municipales”.
En esos ámbitos, señaló el OCNF, no solo se sigue ocultado la violencia hacia las mujeres, sino que se están desmantelando mecanismos como los centros de justicia para las mujeres, como en el caso de Oaxaca, las comisiones de víctimas, la coordinación de implementación de alerta de género, como en Morelos, o los institutos de las mujeres, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que desapareció el 29 de enero.
“Este hecho evidencia un retroceso y nos alerta del camino que podrían tomar otros gobernadores, lo que supondría omisiones y desacato a recomendaciones internacionales en la materia y a la propia Constitución del país”, advirtió el OCNF.
