Es equivocado e injusto que AMLO generalice sobre las OSC, reclaman organizaciones

En un pronunciamiento 92 organizaciones ciudadanas u OSC reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que “es equivocada e injusta la apreciación y generalización” que ha hecho sobre la sociedad civil organizada, sobre su ética y compromiso.

“Al igual que otros agentes de la sociedad, las OSC somos diversas, plurales, con ideologías y objetivos distintos en una sociedad que es compleja, desigual y diversa, expresión de la democracia”, expresaron.

Por supuesto que esas acciones deben ser sancionadas –provengan de donde provengan-, incluidas aquellas que están organizadas. Pero muchas otras OSC hemos luchado por el bien común, relevando la defensa de los derechos humanos y abogando por gobiernos que sirvan a la población”, agregaron.

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En sus conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado a la sociedad civil organizada, y afirmó que ninguna OSC recibiría ya dinero del presupuesto público.

“Había la mala costumbre de que del presupuesto… se  transferían fondos a organizaciones sociales y no había transparencia”, dijo López Obrador.

Las organizaciones, en su pronunciamiento, pidieron diálogo con el presidente y que “reconsidere sus disposiciones administrativas, pero sobre todo sus juicios, para que las OSC tengamos certezas y contemos con recursos para el desarrollo de nuestros proyectos y procesos a favor de las causas por las que nos hemos movilizado”.

A continuación puedes leer el pronunciamiento completo:

En México hay una sociedad civil organizada, que desde su surgimiento, se comprometió ante los problemas del país y tomó la decisión de actuar de tiempo completo para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, promover los derechos humanos y ser parte de la transición democrática. Hoy las OSC seguimos trabajando en torno a esos valores y objetivos a pesar de la situación crítica que enfrentamos, ya que tenemos compromiso, hemos aportado modelos de atención para diversos grupos en exclusión, logrando un impacto social que va más allá de los beneficios directos, llegando al entorno social, al ámbito de la cultura, incidiendo en las políticas y en lo público.

No obstante, las OSC promotoras de la democracia y el desarrollo, las defensoras de los derechos humanos, las que mayoritariamente trabajamos con poblaciones históricamente excluidas o vulnerabilizadas, generalmente operamos en condiciones poco favorables, teniendo que solventar muchas carencias, enfrentando descalificaciones e incluso persecución de parte de algunos gobiernos o fuerzas conservadoras.

En muchas ocasiones, se nos ha catalogado de forma negativa, en lugar de reconocer que nuestra vocación y responsabilidad, -ha sido y es- fomentar la organización de la ciudadanía para facilitar la búsqueda de alternativas de desarrollo, que mejoren su nivel de bienestar y favorezcan el ejercicio pleno de sus derechos, reconocidos en la legislación del país y en los instrumentos internacionales signados por México.

Queremos reiterar que las OSC y otras expresiones articuladas como frentes, movimientos sociales y comunitarios, hemos hecho una contribución real para la alternancia en el poder y la incorporación de los DDHH en la gestión de los poderes del Estado, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones de realizarlos o hacerlos efectivos.

Las OSC cumplimos una función fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de una ciudadanía plena para alcanzar un Estado democrático. Brindamos atención especializada y/o servicios fundamentales a las personas y grupos en exclusión; contribuimos a visibilizar problemáticas que no están siendo atendidas; integramos diagnósticos situacionales (cercanos a las necesidades locales); generamos modelos o propuestas innovadoras, promovemos la transparencia y la rendición de cuentas, así como la eficiencia de la gestión pública. Particularmente, hemos contribuido a fortalecer las capacidades y habilidades de la población para que se organice, dialogue y defienda sus derechos.

Por eso pensamos que es equivocada e injusta la apreciación y generalización que ha expresado sobre nuestra ética y compromiso, ya que al igual que otros agentes de la sociedad, las OSC somos diversas, plurales, con ideologías y objetivos distintos en una sociedad que es compleja, desigual y diversa, expresión de la democracia.

Las OSC hemos hecho un gran aporte en las transformaciones que han ocurrido en el país en materia de alternancia en el poder, reformas políticas, reconocimiento de la diversidad social, de exigibilidad de los derechos humanos; en algunos territorios hemos cubierto la ausencia de Estado y de gobiernos en la atención de problemáticas sociales, como los feminicidios, las personas desaparecidas, las víctimas de las violencias, las víctimas de tortura y detenciones arbitrarias, las poblaciones desplazadas, los migrantes, la violencia contra las mujeres, la visibilización del daño que el extractivismo está produciendo en el país, la instrumentación de proyectos que atentan contra el cuidado y protección del medio ambiente y la sustentatibilidad, así como la innovación de energías renovables; las condiciones deplorables en los reclusorios, la exclusión de jóvenes de los sectores más pobres, y detectamos rápidamente el surgimiento de nuevas problemáticas sociales, no se hubieran colocado en la agenda pública de no haber sido por las organizaciones de la sociedad civil.

La vinculación con la 4T resulta natural bajo la ecuación de un gobierno que crea las mejores condiciones para que la acción ciudadana maximice su impacto social, a la vez que potencia sus propios proyectos sociales a partir del acceso a los recursos públicos, considerando el aporte que hacemos atendiendo necesidades y promoviendo derechos de las diversas poblaciones históricamente excluidas; mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTTTI, personas con adicciones, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mediante servicios de atención, de orientación jurídica, apoyo sicológico y médico, educación y capacitación, espacios de recreación y encuentro, entre otros. No somos canales de recursos entre gobiernos y personas, ofrecemos directamente servicios y con frecuencia actuamos como interlocutores y mediadores en la relación y diálogo de comunidades y organizaciones con otros actores, entre ellos el gobierno.

Durante más de una década abogamos por una cobertura legal que dio lugar a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC. Un marco legal –quizá insuficiente- pero que hace la diferencia sobre el reconocimiento a nuestro trabajo como actores de interés público, que ofrece argumentos claros para el fomento y fortalecimiento de nuestra participación.

La Ley estuvo pensada para que el trabajo de las OSC fuera reconocido y fomentado desde todos los ámbitos de gobierno, lo que no ha sucedido en la mayor parte de las entidades del país. Si bien la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las OSC es perfectible, no queremos que sea soslayada o ignorada, incluso ha sido considerada ejemplar por otros países de la región.

Un núcleo de organizaciones coincidimos en que no hemos logrado en nuestro país, un entorno propicio para el fomento y fortalecimiento de la sociedad civil, así como para una libre actuación que nos permita ser efectivas en la incidencia ante las decisiones que afectan a las poblaciones con las que trabajamos.

Un entorno propicio para las OSC, incluye un diseño institucional, un marco jurídico, los recursos financieros y no financieros, que en México ganamos hace varias décadas y por tanto estamos reconocidas como actoras de interés público, pero también implica una dimensión política favorable y promotora del diálogo, para renovar o innovar en la relación gobierno-sociedad, base de la gobernabilidad democrática por la que hemos luchado desde hace muchos años. Somos un activo de la sociedad con una visión progresista.

Todo el esfuerzo que realizamos ha implicado la defensa central de ese Ambiente propicio o entorno favorable para la participación de la sociedad civil, determinado por una serie de prácticas interrelacionadas (normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etc.) que contribuyen o dificultan a las OSC incrementar sus capacidades de participar y contribuir en los procesos de desarrollo de forma sostenible y eficaz. Condiciones que deben ser promovidas protegidas por las políticas, las leyes y en la práctica, además de ser consistente con los derechos internacionalmente consagrados.

Es así que en la pasada coyuntura electoral emergieron múltiples agendas de la diversidad de OSC que existen en el país y de aquellas que durante las últimas tres décadas luchamos por un cambio de modelo o paradigma democrático; acompañamos y nos consideramos parte de la izquierda social, de donde proviene el nuevo gobierno, electo por millones de personas. En cada espacio de incidencia, por modesto que fuera, fuimos críticas y llamamos a la ciudadanía a defender sus derechos, así como la democracia representativa y la participativa.

Somos conscientes de que no toda la ciudadanía -organizada o no-, actúa de manera honesta y transparente y también de quien utiliza las necesidades y el dolor ajeno para lucrar. Por supuesto que esas acciones deben ser sancionadas –provengan de donde provengan-, incluidas aquellas que están organizadas. Pero muchas otras OSC hemos luchado por el bien común, relevando la defensa de los derechos humanos y abogando por gobiernos que sirvan a la población. Por ello no parece justo, que se generalice y se tomen medidas extremas para todas. Es como si pensáramos que todos los políticos son corruptos y por ello, no hubiéramos votado por un cambio verdadero.

Si bien es cierto que en administraciones pasadas se han creado organizaciones con fines clientelares y para apoyar fuerzas o corrientes políticas, no es un fenómeno que se puede generalizar, no todas somos iguales, muchas hemos promovido y actuado con ética en la política.

Como ya lo hemos expresado en otras oportunidades las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte que favorezca el ejercicio de actividades libremente. Es responsabilidad del gobierno asegurar un entorno legal, incluyente, económico y político que fomente y no desincentive y vulnere a la sociedad civil.

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, su largo trayecto de lucha, también lo ha sido de centenas de organizaciones de la sociedad civil que elegimos como trinchera el ámbito civil para construir ciudadanía, transitar a la democracia y defender el derecho al desarrollo sostenible y la libertad. Continuamos comprometidas pues creemos que su llegada puede ser el punto de partida de una nueva forma de relacionarnos y construir conjuntamente gobierno y sociedad un Estado de Derecho. Por ello le solicitamos que reconsidere sus disposiciones administrativas, pero sobre todo sus juicios, para que las OSC tengamos certezas y contemos con recursos para el desarrollo de nuestros proyectos y procesos a favor de las causas por las que nos hemos movilizado.

Por lo tanto le solicitamos urgentemente un espacio de diálogo con usted o con quien designe para intercambiar sobre lo planteado en ésta comunicación.

México, 26 Febrero 2019 4

ADHESIONES A LA CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

1. Adobe Home Aid, AC
2. Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL)
3. Acceso MX, AC
4. Alianza Cívica Pinotepa Nacional, AC
5. Alteridad, AC
6. América Sin Muros
7. Ana Guadalupe de la Cruz Segovia
8. Artemisa Montes, Observatorio Mexicano de la Crisis, AC
9. Asideny Desarrollo Humanístico Integral, AC, Lizbeth Zamora Cervantes
10. Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC
11. Asociación de Técnicos en Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción, AC
12. Axolotl, AC, Gustavo Armando Garcia Lira
13. Buen día México Negro, AC
14. Carmen Reyes Hidalgo, Interconexión Social, San Cristóbal de Las Casas
15. Centro Calpulli, AC
16. Centro de Atención Infantil Piña Palmera, AC
17. Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios, AC
18. Centro de Estudios de Tu Apropiadas para México, AC
19. Centro de Estudios Ecuménicos
20. Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC (CECIG)
21. Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, AC
22. Centro de Desarrollo Autogestivo para la Comunidad, “Yax Kin”, AC
23. Centro de Derechos Humanos Indígenas “Flor y Canto”, AC
24. Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Huaxyacac, AC
25. Centro de Investigaciones Ambientales para el Desarrollo Integral Comunitario, AC
26. Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo,(CIPE)
27. Centro Profesional Indígena de Asesoría y Traducción, AC (CEPIADET)
28. Centro Psicorducativo Freire, AC
29. Chinampa Voces del Mundo, Livia Olvers Snyder
30. Clara Jusidman, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, AC
31. Claudia Cruz, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, AC
32. Colectiva Ciudad y Género, AC
33. Colectivo de Mujeres por la Equidad, la Salud y la Educación (COMUESE)
34. Colectivo Isitame, AC
35. Colectivo para la Equidad y la Defensa de los Drechos de las Mujeres “Techiyaliztli”
36. Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC
37. Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, AC
38. Comunidad Nacional de Ambientalistas Emergentes, AC (CONAME)
39. Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, AC (CIDHAL)
40. Con Decisión Mujeres por Morelos, AC
41. Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, AC (CEAAL)
42. Consolidando Un México Mejor, AC
43. Costa Natural, AC
44. Copa Emprendedores, AC
45. Creativeria Social, AC
46. Dar de Gracia, Alma Adriana Trasviña Cota
47. Desarrollo de la Mujer Indigena en Tancanhuitz SLP (DEMITAN)
48. Desarrollo Educación y Cultura, Autogestionarios, DECA, Equipo Pueblo, AC
49. Desarrollo, Género y Ciudadanía, AC
50. Desarrollo Integral Altitud, AC
51. Desarrollo Integral Augestionario, DIA Morelos, AC
52. Desarrollo Integral para los Tabasqueños, AC
53. Diálogo y Movimiento, AC
54. Eco-Ciudadanía del Futuro
55. Ecosta Yutu Cuii, SSS
56. Educación para el Desarrollo Rural Sustentable, AC
57. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC
58. Equipo Dinamismo Juvenil, AC
59. Elio Villaseñor, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC
60. Emma del Carmen Hernández
61. Enrique Serrano Arenas, Tendiendo Puentes, AC
62. Enlace de Pueblos y Organización Costeñas Afromexicanas Autónomas, AC
63. Espacio Autónomo, AC
64. Espiral hacia la Igualdad, AC
65. Espiral por la Vida, AC
66. Estéreo Lluvia
67. Fuerza Comunitaria de Afrodescendientes en BCS, AC
68. Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, AC
69. Fundación México Sustentable, AC
70. Fondo de Lucha por la Democracia, AC
71. Fundación para el Derecho de Minorías, AC (FUNDEMI)
72. Fundación Internacional Baltasar Garzón AC
73. Fundación Limakxtum Ka Tlawa, Caminemos Juntos, AC
74. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC
75. Fundación para el Bienestar y el Desarrollo Social, AC (FUNBIDE)
76. Gabriel Larraguivel Amaya, Los Dos México, AC
77. Gisela Gaytan Sánchez
78. Gloria Ramirez, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
79. Grupo de mujeres que luchan por las minorías, SC
80. Grupo de Amigos con VIH, AC
81. Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, AC
82. Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, AC (Michoacán)
83. Grupo Mesófilo, AC
84. Grupo Social Alberta Elena González Netro, AC
85. Guendaliza’a, Manos a la Obra, AC
86. IATSI, SC, Michoacán, Red México
87. Impulso Sustentable Ambiental y Cultural, AC (IMPULSAC)
88. Iñigo Martínez Peniche, Flacso México
89. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, AC (IDEMO)
90. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC (INEDIM)
91. Instituto Veracruzano para la Filantropía, AC (INVEFI)
92. Itzel Checa, ACEVAL