Los países del Grupo de Lima, excepto México, amenazan con medidas económicas a Maduro
Los países americanos reunidos en el Grupo de Lima volvieron a reclamar el “restablecimiento de la democracia” en Venezuela a pocos días de que Nicolás Maduro jure su cargo como presidente del país sudamericano para un nuevo mandato.
Esta vez añaden a su acción diplomática la posibilidad de aplicar medidas económicas para presionar a Maduro, al que demandan la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales “democráticas”.
Maduro se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018 y tiene previsto inaugurar el próximo 10 de enero un nuevo periodo presidencial que se prolongaría hasta 2025.
Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Grupo de Lima (entre los que están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) no reconocen el resultado de los comicios de mayo.
La mayor parte de las fuerzas de oposición declinaron participar ante lo que consideraban falta de garantías.
Este último comunicado fue suscrito este viernes por todos los miembros del Grupo de Lima a excepción de México, que se abstuvo “para mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país”.
En el documento se reitera que el proceso electoral de mayo “carece de legitimidad” y no cumplió con los estándares internacionales.
“Las decisiones sobre Venezuela no las toman gobiernos extranjeros”
Maduro reafirmó en una entrevista emitida por la televisión estatal venezolana el día de año nuevo su determinación de renovar su mandato presidencial y permanecer al frente del gobierno seis años más.
“Las decisiones sobre Venezuela no las toman los gobiernos extranjeros”, respondió a las críticas Maduro, que de nuevo culpó de las dificultades que atraviesa su país al “imperio norteramericano junto a sus gobiernos satélites de este continente y de Europa”.
El Grupo de Lima anuncia en su último comunicado su intención de “elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia”.
No se descarta además congelar activos en el exterior de entidades relacionadas con el gobierno venezolano, un paso que, de concretarse, iría en la línea de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra intereses estratégicos venezolanos en el exterior.
Maduro dijo que las sanciones internacionales le han hecho perder US$20.000 millones en el último año.
También se afirma la intención de “evaluar con criterio restrictivo” la concesión de préstamos a Venezuela en los organismos internacionales de los que forma parte.
Las cancillerías de los países del grupo reiteran su apoyo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición pero desprovista de competencias desde que Maduro impulsó una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
El Grupo de Lima cree que el presidente debería entregarle el poder hasta que se celebraran unas nuevas elecciones.
La resolución también se refiere a la emigración masiva de venezolanos que escapan de lo que califica de “crisis humanitaria” en su país, causada según el texto por las políticas “antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicadas por el régimen de Nicolás Maduro”.
De acuerdo con las cifras de la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, más de tres millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, la mayoría con rumbo a otros países de América Latina, lo que ha dado pie a una crisis migratoria que preocupa en todas las capitales de la región.
Los países del Grupo se comprometen a seguir coordinando sus esfuerzos para atender a los migrantes “en la medida de sus posibilidades”, pero señalan que el “éxodo” solo se detendrá mediante “el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.
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