Un juez federal de Estados Unidos ha paralizado en todo el país la aplicación de una nueva normativa aprobada por la administración de Donald Trump sobre los anticonceptivos.
La regulación iba a permitir que los empleadores y las aseguradoras se negaran a proporcionar cobertura gratuita de métodos de control de natalidad si al hacerlo violan sus "creencias religiosas" o "convicciones morales".
La norma entró en vigor en todo el país el lunes.
Pero una juez de Filadelfia aceptó el requerimiento judicial solicitado por los fiscales generales en Pensilvania y Nueva Jersey.
La jueza Wendy Beetlestone dictaminó que las nuevas reglas dificultarían que muchas mujeres obtengan anticonceptivos sin costo y sería una carga excesiva para los diferentes estados del país.
Su decisión sigue un veredicto similar de un juez en California el domingo. Sin embargo, ese fallo solo cubrió 13 estados y Washington DC.
Hasta la fecha más de 55 millones de mujeres se han beneficiado de la norma original de la era de Obama, que obligó a las empresas a suministrar anticonceptivos gratuitos.
Antes de asumir el cargo, el presidente Donald Trump se comprometió a eliminar esa responsabilidad.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo en un comunicado: "Es 2019, pero la administración de Trump todavía está tratando de revertir los derechos de las mujeres".
"La ley no podría ser más clara: los empleadores no deben interferir en las decisiones de salud de las mujeres".
Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo en documentos judiciales que las nuevas reglas defendían los derechos de los "sinceros objetores religiosos y morales" y les ampara si deciden no llevar a cabo prácticas "que entren en conflicto con sus creencias".
El cambio de la normativa aprobada por Trump podría obligar a los gobiernos estatales a proporcionar cobertura adicional de control de la natalidad, dijo Becerra.
Además, tendrían que pagar los costos de salud que surjan como consecuencia de los embarazos no planificados.
La regla que obligaba a proporcionar anticonceptivos fue un punto clave en La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
Y aunque incluía una disposición que permitía a las instituciones religiosas a negarse a proporcionar métodos de control de natalidad a sus empleados, el cambio en la regla del presidente Trump ampliaba el número de empleadores y aseguradoras que podían optar por no participa por motivos de "convicciones morales".
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