Incendios provocados y una balacera obligaron a periodista a abandonar su hogar en BCS
Cuatro días antes del asesinato del periodista Rafael Murúa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de Baja California Sur, por el caso de un comunicador que tuvo que abandonar su domicilio, luego de ser atacado y amenazado en tres ocasiones.
La CNDH omitió proporcionar el nombre del periodista por protección a sus datos personales y como medida de seguridad.
En la recomendación 91/2018 señala que el primer ataque en su contra sucedió el 19 de diciembre de 2016, cuando se registró un incendio en su domicilio, por lo que, mientras se establecían las causas del mismo el comunicador aceptó acceder a medidas de protección por parte de la Secretaría General del estado y se le orientó para que buscara su incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El 8 de febrero de 2017 fue víctima de una segunda agresión, pues durante la madrugada su camioneta fue incendiada, estando estacionada dentro de su vivienda, por lo que la CNDH gestionó que se le concedieran medidas urgentes de protección. El gobierno del estado le proporcionó escoltas.
Aún con esta protección, el 29 de marzo de 2017 hombres armados irrumpieron en su domicilio para incendiarlo, lo que desató un enfrentamiento con sus escoltas, resultando muerto uno de éstos por disparos de arma de fuego.
Tras el tercer ataque, el Mecanismo de Protección extrajo al periodista de Baja California Sur, quien actualmente continúa desplazado en otro estado del país.
El periodista inició su labor de comunicar a través de una página en Facebook, donde informaba sobre la situación de violencia, y posteriormente fundó un portal web con noticias policiacas.
Producto de las primeras agresiones, el periodista tuvo que dejar de publicar información en su página de noticias y actualmente continúa inactivo.
En varias ocasiones buscó el apoyo de las autoridades locales, pero estas no brindaron la protección suficiente para garantizar que ejerciera su profesión sin riesgos.
El 13 de marzo de 2018, la Procuraduría del estado informó a la CNDH que las carpetas por los dos primeros ataques en contra del periodista se encontraban en el fuero federal, sin que se hubieran identificado a los responsables, y que la carpeta de investigación por el tercer incidente únicamente se tramitaba por el homicidio de su escolta.
En su investigación, la CNDH confirmó la violación a los derechos del periodista de acceso a la justicia, libertad de expresión y a no ser víctima de desplazamiento forzado, por lo que pidió al gobernador de Baja California Sur la reparación integral del daño al comunicador y la integración de la carpeta de investigación por el tercer ataque, vinculada a la agresión y no solo al homicidio del escolta.
El organismo también pidió al estado coadyuvar en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante la Contraloría General estatal y el Órgano Interno de Control de su procuraduría, contra los funcionarios involucrados en la investigación del caso, y capacitar a los agentes del Ministerio Público respecto de la debida diligencia en la integración de indagatorias.
Asimismo, pidió que se realice un diagnóstico de la situación de violencia que viven los comunicadores de la entidad que provocan desplazamiento forzado, y un plan de acción para solventar las fallas institucionales para garantizar un entorno seguro al gremio periodístico.
A la Fiscalía General de la República (FGR), la CNDH solicitó que continúen con la integración de las carpetas de investigación, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables y colaborar con el organismo en el trámite del procedimiento para que se investigue la probable responsabilidad administrativa del personal pericial y policial que participó en la integración de las carpetas de investigación del caso.
El personal de la FGR deberá ser capacitado sobre la debida diligencia en la integración de las investigaciones.
La recomendación se emitió cuatro días antes de que se reportara el asesinato del periodista Rafael Murúa, quien era director de la radio comunitaria Radiokashana, en el municipio de Mulegé.
Murúa es el primer periodista asesinado en México en 2019.
En 2018, 10 comunicadores fueron asesinados en diferentes estados del país. La gran mayoría de esos homicidios permanecen impunes.
