Proceso para elegir nuevo comisionado de búsqueda es opaco y sin participación de familiares, acusan víctimas
A menos de un año de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos y ante las críticas, incluso internacionales, por los limitados avances que ha tenido, el nuevo gobierno decidió convocar a una renovación de su titular —quien ante la noticia, renunció—. La Ley de Desaparición Forzada obliga a hacer una consulta con los familiares de víctimas, pero a los colectivos les preocupa que la ruta que ha trazado el gobierno para buscar nuevo comisionado no sea transparente y que no los tome realmente en cuenta.
La mayor crítica a la convocatoria de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) es que no habrá un cara a cara entre los aspirantes a dirigir la búsqueda de desaparecidos y los colectivos de víctimas, como sí ocurrió hace un año cuando se eligió al primer comisionado. Entonces se organizó un diálogo abierto con preguntas y respuestas al que acudieron 178 participantes. Pero la convocatoria publicada por Segob el viernes pasado señala que sólo el subsecretario, Alejandro Encinas, hará entrevistas por separado a los tres candidatos finalistas y luego las publicará en internet.
“No es lo mismo ver un video, una entrevista privada, que no te permite tener una interacción, a poder verlo a los ojos y cuestionarle: tú qué piensas de esto, cómo vas a solucionar esto. Nosotros como familias no sólo tenemos derecho, sino mucho interés en conocer a quienes pretendan ser comisionado o comisionada, porque es quien nos tiene que dar el resultado, quien tiene que estar trabajando con nosotros”, lamenta en entrevista Grace Mahogany Fernández, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en 2008 en Coahuila, e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem).
La activista asegura que el gobierno ni siquiera estaba considerando las entrevistas, pero los colectivos insistieron en que había que cuestionar a los aspirantes. Y sin embargo, critica la poca participación que los familiares podrán tener, ya que sólo por escrito podrán postular candidatos y sugerir qué preguntarles.
Para Jorge Verástegui, abogado y consultor en temas de desaparición forzada que ha trabajado con varias organizaciones de derechos humanos, el mecanismo organizado por el gobierno ni siquiera es una consulta real, como establecen los artículos 51 y 52 de la Ley de Desaparición Forzada.
“Una cosa es que te pregunten al principio a quién quisieras, pero después tendría que venir preguntar también: si tenemos todas estas opciones cuál les parece la mejor, cosa que no ocurre, entonces quedará a discrecionalidad de ellos. Me parece preocupante porque en esos términos no hay una consulta. La convocatoria además no dice qué criterios tomarán en cuenta, y el problema es que ponen en duda la legitimidad del mismo proceso, porque aunque se supone que es transparente, justo no se sabe cuáles son los criterios para decidir por qué una cosa la valoran sobre la otra”, señala.
La renuncia anunciada del comisionado
Durante el periodo de transición después de las elecciones, Encinas prometió que en los primeros 100 días de nuevo gobierno se cambiaría al titular de la Comisión de Búsqueda y se le daría presupuesto para que realmente empezara a trabajar.
Ante la inminente convocatoria para sustituirlo, el todavía comisionado, Roberto Cabrera, presentó su renuncia el pasado 15 de enero. La hizo oficial al rendir su primer y único informe de labores, en el que se despidió del cargo con la presentación de la base de datos más amplia hasta ahora sobre personas desaparecidas: 40 mil 180 con edad, sexo y lugar de desaparición.
En entrevista con Animal Político, Cabrera prefiere no ahondar en las circunstancias de su salida, pero sí defiende que a pesar de las limitaciones que tuvo para operar, quien llegue en su lugar no tendrá que empezar de cero.
“Sí es muchísimo lo que hay pendiente. Poderlo atender en un corto tiempo, y cuando es tan multifactorial, con todo lo que se tiene que hacer, y en un cambio de gobierno… fueron muchos elementos que complicaron tener un mayor avance. Sin embargo, considero que sí se sentaron bases importantes para continuar”, afirma.
“Yo la verdad no hablaría de éxito o fracaso; lo que puedo decir es que identificamos a 400 personas que estaban fallecidas no identificadas, algunas con más de 10 años. También esta información que hicimos pública va a servir muchísimo, podemos ver cuántas personas desaparecidas son mujeres, hombres, niños. Es información que nos va a permitir comprender un poco más esta terrible situación que estamos viviendo en México. La verdad es que considero que no se va a partir de cero”.
Pero Jorge Verástegui matiza que en algunos casos de identificación fue sólo con huellas dactilares, lo cual no es suficiente para estar seguros de que son las personas señaladas.
Grace Fernández considera que esa base de datos sí es un avance, a pesar de que la Procuraduría General de la República y Fiscalías locales no facilitaban la información, y no es correcto que el nuevo gobierno hable de “borrón y cuenta nueva”. Pero también cree que es el único avance, ya que entre la falta de presupuesto y de capacidad de gestión del comisionado, no hubo más estrategias como crear un protocolo homologado de búsqueda.
“Yo creo que su renuncia es derivado de que a final de cuentas no tiene los resultados que las familias esperábamos. Por muchas circunstancias, la mayoría ajenas a sus alcances, pero no deja deconvocatoria para seleccionar nuevo comisionado de Búsqueda ser su responsabilidad”, considera.
Un nuevo titular con capacidad de negociación
La convocatoria para seleccionar nuevo comisionado de Búsqueda señala que los candidatos serán propuestos por colectivos de víctimas, personas expertas u organizaciones de la sociedad civil, y deberán cumplir con requisitos como tener título profesional, tener experiencia en temas de derechos humanos y búsqueda de personas, y no haber tenido cargo en la dirigencia de algún partido político en los últimos dos años.
Pero para los familiares, una cualidad fundamental de quien vaya a encabezar la Comisión será que sepa negociar con otros funcionarios y dependencias para realmente encabezar el Sistema Nacional de Búsqueda como un engranaje donde todo el Estado participe con la información y recursos que tenga para encontrar a los desaparecidos.
“La persona que ocupe el cargo tendrá que tener capacidad de coordinación, que es algo que se dificultó mucho con Cabrera, que tuvo un trato muy complicado con la PGR, entonces el nuevo tiene que tener la capacidad, si no se llevan bien, de coordinarse, trabajar con la Fiscalía de Desaparecidos, o con la Secretaría de Seguridad Pública, de modo muy profesional. Y saber hacer un equipo, conocer la administración pública federal para saber dónde moverse cuando Hacienda quizá no le esté dando el dinero”, apunta Verástegui.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 destina a la Comisión de Búsqueda 400.8 millones de pesos. Si bien esta cantidad es menor a los 468.9 que asignaba el PEF 2018, el propio Alejandro Encinas reconoció el viernes pasado que ese dinero se quedó sólo en un anuncio en el papel y nunca hubo recursos suficientes para que operara la Comisión.
Los activistas coinciden en que además de la negociación dentro del gobierno, también es indispensable un trabajo continuo y constante con los colectivos, ya que Cabrera tenía el respaldo de algunos, pero nunca logró el apoyo al 100%, y su experiencia en los años que han pasado buscando a sus familiares es fundamental.
“Al gobierno le pedimos sobre todo mucha responsabilidad, porque al final de cuentas las familias, así como no deberíamos de estar haciendo labores de búsqueda y de recuperación de restos, porque es el trabajo del Estado, tampoco es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad construir las instituciones. Nos tienen que dar un resultado; están recibiendo un corte de caja con más de 40 mil desaparecidos, que no desaparecieron en su sexenio, pero a partir del primero de diciembre ya son su responsabilidad y son parte de su trabajo, tanto del presidente como su gabinete. Entonces eso: trabajo y resultados, esté quien esté”, pide Fernández.
Por ahora, quien ha manifestado su interés en encabezar la Comisión es Karla Quintana, actual directora de Asesoría Jurídica en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que en diciembre pasado envió una carta de intenciones y que este lunes recibió apoyo público en un comunicado firmado por colectivos como Solecito, de Veracruz, Por Amor a Ellxs, de Jalisco, y organizaciones como I(dh)eas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
#COMUNICADO 📝 Familias, colectivos y OSC, externan respaldo a persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
📌 Exigimos que el proceso de consulta se realice siguiendo los principios de transparencia y con la participación de las víctimas
Lee completo 👇 pic.twitter.com/IsXrbDyNe5
— IMDHD (@IMDHyD) January 21, 2019
Las propuestas para nuevo comisionado se recibirán hasta el 28 de enero; el 30 y 31 la subsecretaría de Derechos Humanos revisará los documentos y citará a tres finalistas para entrevistarlos a partir del 4 de febrero. El 8 de ese mes, finalmente anunciará la definición de quién será el nuevo titular la Comisión Nacional de Búsqueda.
