Un juez federal ordenó una nueva investigación sobre irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa, en la que se establezca la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado, el Centro Prodh y otras organizaciones que han acompañado a los familiares de los 43 normalistas, detallaron que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 195/2017, dejó sin efectos una resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR, que consideraba solo “faltas leves” las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la Procuraduría, al investigar la desaparición de los estudiantes.
En su sentencia, el juez ordena que la Visitaduría de la PGR -ahora Fiscalía General- “emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible ‘trascendencia penal’ de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría”, apuntaron las ONG.
Las organizaciones recordaron que los familiares presentaron una demanda de amparo, al observar que la Visitaduría había “diluido” la responsabilidad de funcionarios de la Procuraduría -entre ellos Tomás Zerón-, al incurrir en irregularidades como las observadas en diligencias practicadas en el Río San Juan.
“La sentencia -publicada el 12 de diciembre de 2018- reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad”, se lee en el comunicado de las ONG.
“Llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad”, agregaron.