José Antonio lleva 10 años desaparecido y sus padres advierten a AMLO: no habrá perdón sin justicia

Hace 10 años, el 25 de enero de 2009, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández platicaba con su novia por teléfono celular, mientras conducía su camioneta por calles de la ciudad de Monclova, Coahuila. El joven volvía de Monterrey, a donde había acudido para comprar una marcadora de pintura para jugar gotcha, y al pasar junto a la sucursal local de la refaccionaria AutoZone, le comentó a su novia que en el lugar había un auto deportivo estacionado, digno de admiración.

Segundos después, su novia escuchó a través de su teléfono celular cómo el ingeniero era abordado violentamente por desconocidos, obligado a detener la marcha y golpeado.

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Desde entonces, nada ha vuelto a saberse de José Antonio Robledo Fernández, quien se encontraba en Monclova realizando una comisión de trabajo para la constructora ICA Fluor Daniel, de la que era empleado en el Proyecto Fénix (obra que implicó la ampliación de instalaciones de la empresa Altos Hornos de México en Coahuila, con una inversión de mil 300 millones de dólares).

“En el transcurso de estos 10 años –explicó a su vez Guadalupe Fernández, mamá del ingeniero–, se ha integrado una investigación de 30 tomos, en los cuales hay suficientes pruebas de que el grupo delictivo Los Zetas y la empresa ICA Fluor Daniel estaban coludidos.”

De hecho, subrayó, hay pruebas de que la obra se realizaba “con maquinaria pesada que ICA le rentaba a ‘El Pepillo’, líder estatal de Los Zetas.”

En estos 10 años que han pasado desde el rapto y desaparición forzada del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, cuatro personas han sido vinculadas a proceso por los hechos, incluidos dos empleados de ICA Fluor Daniel: el jefe de seguridad de la empresa (quien falleció a principios de 2018) y un chofer de la constructora, al que le encontraron 142 dosis de cocaína y una ametralladora al momento de ser capturado.

Sin embargo, denunció el padre del ingeniero víctima de desaparición forzada, durante todo este tiempo se ha garantizado impunidad para uno de los principales ejecutivos de ICA, Raúl Alberto Medina Peralta (gerente del Proyecto Fénix) quien, según la denuncia, está directamente involucrado en los hechos.

Un ejemplo, explicó, retrata esa impunidad: aunque desde el año 2009 los padres del ingeniero señalaron a Raúl Alberto Medina como el responsable de la desaparición, no fue sino hasta este 2019 (una década después) que las autoridades convocaron al ejecutivo de ICA, para carearse con los padres de la víctima.

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Un fénix cubierto de ollín

El 25 de enero de 2009, luego de escuchar a través de su teléfono celular cómo el ingeniero José Antonio Robledo era golpeado por personas que lo abordaron intempestivamente, cortándose luego la llamada que sostenían, su novia intentó inmediatamente recuperar la comunicación telefónica con él, pero todos sus intentos fueron vanos.

Preocupada, la joven se comunicó entonces con el jefe de José Antonio, es decir, con Raúl Alberto Medina Peralta, gerente del Proyecto Fénix, en el que el ingeniero víctima de desaparición forzada se encargaba de verificar que contratistas y proveedores cumplieran con los términos de sus contrataciones.

La novia le narró a Medina Peralta como el ingeniero fue atacado mientras hablaban por teléfono, le dijo que el ataque acababa de ocurrir frente a la sucursal de AutoZone de Monclova, y le dijo que a partir de ese momento dejó de ser posible contactar a José Antonio.

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Según el testimonio de la joven, el ejecutivo de ICA le pidió no preocuparse y, sobre todo, que no informara a su familia, asentada en la Ciudad de México, para evitar que el secuestro fuera denunciado a las autoridades, bajo el argumento de que eso pondría en riesgo la vida de José Antonio.

Tal como denunciaron los padres del ingeniero, ese ejecutivo de ICA convenció a la novia de no alertar de los hechos a nadie, sin embargo, un día después la novia determinó que esa no era una solución aceptable, y decidió informar del rapto a la familia de José Antonio.

“Luego de que la novia nos avisó –narró el papá del ingeniero– nosotros le marcamos a ese mismo directivo de ICA, y el nos dijo que no fuéramos a Monclova, que no tenía caso, nos dijo: ‘en unas horas lo sueltan, ya sucedió antes con dos ingenieros más’.”

Los padres del ingeniero, no obstante, ignoraron las palabras del ejecutivo de ICA y decidieron acudir a Monclova en busca de su hijo.

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“Cuando llegamos –siguió el padre de José Antonio– nos entrevistamos con el personal de ICA Fluor Daniel, y ahí, el jefe de seguridad de la empresa, Joaquín Benito del Ángel Martínez, nos dijo que a él lo habían ‘escogido’, esas fueron sus palabras, para ser el contacto con Los Zetas”, revelación por la cual, señalaron, el jefe de seguridad de la empresa fue reprendido por el gerente del proyecto Fénix.

Después de la reprimenda, “el gerente del Proyecto Fénix, Raúl Alberto Medina Peralta, nos dijo que Los Zetas se habían comunicado con su jefe de seguridad (Joaquín Benito del Ángel), para decirle que tenían a nuestro hijo. Que se lo llevaron porque iba en una camioneta llamativa, con lentes de sol y hablando por teléfono… además, dijo que se lo llevaron porque traía un arma.”

Sin embargo, destacó el padre de la víctima, nada de eso explica los hechos: por un lado, la camioneta en la que se transportaba el ingeniero José Antonio Robledo Fernández no era llamativa, tenía cinco años de antigüedad y, por otro lado, no portaba ningún arma, lo que llevaba en su auto era una marcadora de gotcha, es decir, un artefacto deportivo que lanza pelotitas con pintura mediante aire a presión, mismo que no llevaba a la vista de nadie, porque apenas lo acababa de comprar.

Hasta la fecha, denunciaron los padres de José Antonio, la empresa ICA no ha querido revelar qué canales de comunicación se utilizaron para entablar contacto con el grupo criminal Los Zetas, ni cuál fue el contenido explícito de esas comunicaciones.

“Sólo nos dijeron que fue de ‘boca en boca’, el gerente del Proyecto Fénix nos dijo: ‘Así se usa aquí, es un pueblo chico’.”

Luego, dos días después de los hechos, narró el padre de José Antonio, ICA Fluor Daniel les informó, nuevamente a través del gerente del Proyecto Fénix, “que ellos no tenían ninguna responsabilidad, porque los hechos ocurrieron en día inhábil, mi hijo no traía vehículo de la compañía, y no estaba haciendo ninguna encomienda de la compañía, por eso se deslindaron y nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos”.

Sin embargo, explicó el padre del ingeniero víctima de desaparición forzada, los registros proporcionados por la empresa de telefonía celular con la que el ingeniero José Antonio tenía contratado su servicio, revelaron que un día después del rapto, la empresa ICA Fluor Daniel sostuvo seis llamadas telefónicas, con quienes tenían en su poder el teléfono del ingeniero desaparecido.

Las conversación, detalló, fueron de corta duración, la mayoría de alrededor de 40 segundos, y la más larga fue de dos minutos.

Tres de esas comunicaciones fueron entabladas desde las oficinas de ICA Fluor Daniel en la Ciudad de México, y otras tres llamadas se hicieron desde las oficinas de dicha constructora en Monclova, Coahuila.

No obstante, los padres del ingeniero desaparecido denunciaron que en estos 10 años transcurridos, “en ICA Fluor Daniel nunca nos quisieron entregar sus registros telefónicos. Aludieron un sinfín de cosas, y nunca entregaron esa información, nunca reconocieron que desde sus instalaciones se mantuvo comunicación” con las personas que raptaron a su hijo, y que tenían en su poder su teléfono celular.

Derecho de piso

En septiembre de 2008, es decir, cuatro meses antes de la desaparición forzada de José Antonio Robledo Fernández, el ingeniero tenía encomendado verificar que los proveedores y contratistas convocados por ICA Fluor Daniel para la obra del Proyecto Fénix cumplieran con los encargos que se les realizaban, así como con los requisitos legales preestablecidos para las asignaciones de dichos trabajos.

En esa labor, explicaron los papás del ingeniero, él se percató que muchos contratistas y proveedores no cumplían ya sea con los requisitos requeridos para ser considerados, o con las encomiendas que se les asignaban, irregularidades que él reportó a sus superiores, quienes le ordenaron pasar por alto esas irregularidades, ya que dichos proveedores y contratistas pagaban “derecho de piso”, es decir, entregaban una parte de sus ingresos a Los Zetas.

Tal como José Antonio comentó a su padre antes de su desaparición, “el encargado de cobrar (a esos contratistas y proveedores) para que pudieran trabajar en el Proyecto Fénix era el empresario Carlos Enrique Haro Villarreal”, cuya empresa de seguridad privada brindaba vigilancia a la obra de la constructora ICA Fluor Daniel.

Con dolor, el padre del ingeniero desaparecido lamentó que “fui yo quien tuvo la mala idea de aconsejarle a Toño que informara de esos hechos a su jefe en la Ciudad de México, es decir, a Raúl Alberto Medina Peralta, gerente del proyecto”.

En septiembre de 2008, detalló, ese ejecutivo de ICA Fluor Daniel fue a Monclova, “y Toño se acomidió a llevarlo de regreso, para platicarle lo que había visto, y cuando se lo dijo, el gerente del proyecto lo felicitó y le agradeció… Toño no sabía que esa sería su condena”.

Días después, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández le informó a su padre que ya había informado a su jefe en la Ciudad de México sobre lo que había visto, y que lo había felicitado.

Cuatro meses después, el 25 de enero de 2009, José Antonio Robledo Fernández fue desaparecido de manera forzada.

Favores pagados

Una semana después del rapto de José Antonio, y estando ya sus padres en Monclova, Coahuila, en donde formularon denuncias ante la entonces Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), al hotel en el que se hospedaban llegaron, de madrugada, tres personas que preguntaron por ellos.

Se trataba de Joaquín del Ángel Benito Martínez, jefe de seguridad de ICA Fluor Daniel; Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano (presunto operador financiero del principal líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales), y José David Galindo Flores, quien en ese entonces fungía como procurador de la Defensa del Trabajo en Monclova, Coahuila.

Estas personas, detalló el padre del ingeniero víctima de desaparición forzada “nos dijeron: ‘somos de la última letra del abecedario’. Y como yo no entendí a qué se referían, me dijeron concretamente: ‘Somos de Los Zetas”.

En el lobby del hotel, “estos tipos nos mostraron que ya llevaban toda la información que nosotros habíamos incluido en la denuncia que habíamos presentado en la Procuraduría estatal, y nos dijeron que si queríamos volver a ver a nuestro hijo ya no fuéramos con ninguna autoridad, porque ellos controlaban a las autoridades municipales, estatales y federales de Monclova, Saltillo y Monterrey”.

Por ese vínculo con Los Zetas, la Procuraduría General de la República detuvo a Joaquín Benito del Ángel Martínez, jefe de seguridad de ICA, en mayo de 2011, y ya estando preso, en una investigación distinta por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, este mismo empleado de ICA fue identificado como “cobrador” de Los Zetas.

Específicamente, fue señalado como “el enlace para el cobro de la seguridad de ICA, y para hacer llegar el pago a (Carlos Enrique) Haro (Villarreal)”.

Durante los seis años y medio que permaneció sometido a juicio, el jefe de seguridad de ICA nunca reveló cuál fue el motivo por el cual desaparecieron de manera forzada al ingeniero José Antonio Robledo Fernández, ni tampoco su paradero. Guardó silencio todo ese tiempo y, finalmente, el 13 de septiembre de 2017 fue puesto en libertad de forma ilegal por el juez federal Ubaldo García Armas.

Dicho juez liberó al jefe de seguridad de ICA bajo un argumento sin sustento jurídico: alegó que al ser detenido en 2011, los papás de José Antonio no fueron formalmente notificados del arresto, por lo cual, todo el juicio era inválido y lo puso en libertad.

Una semana después, el juez fue removido (y puesto al frente de un juzgado federal en Michoacán, donde sigue laborando sin mayor consecuencia hasta la fecha), y la libertad que decretó en favor de Joaquín Benito del Ángel fue revocada, sin embargo, se dio a la fuga, por lo que una nueva orden de captura fue emitida en su contra.

Medio año después, en marzo de 2018, Joaquín Benito del Ángel fue localizado en el área de cuidados intensivos de un hospital del IMSS, en donde recibía atención médica por un cuadro de cáncer terminal.

“¿Yo me pregunté, entonces, cómo es que esta persona estaba afiliada al Seguro Social? –explicó el papá de José Antonio–. Pues bueno, investigamos, y comprobamos que la empresa ICA recontrató a Joaquín Benito del Ángel tan pronto como fue liberado, le dieron un sueldo alto, y luego le dieron un aumento de 50%”.

ICA Fluor Daniel contrató de nuevo a su jefe de seguridad a pesar de que estaba prófugo de la ley, “y yo me pregunto –cuestionó el papá del ingeniero raptado– ¿qué haría ese señor, que ICA le debía ese favor tan grande?”.

Joaquín Benito del Ángel Martínez murió dos meses después de haber sido localizado por las autoridades, en mayo de 2018, sin revelar qué fue lo que hicieron con el ingeniero José Antonio Robledo.

Epílogo: el presente

Para refrendar el compromiso de búsqueda de su hijo, el pasado viernes 25 de enero de 2019, al cumplirse 10 años de la desaparición, sus padres convocaron a una conferencia de prensa en la que, cobijados por otras madres de personas víctimas de desaparición forzada, aclararon que su estrategia de búsqueda es en campo, pero sobre todo, en tribunales, porque “a través de la justicia estamos buscando la verdad”.

Por ello, señaló la señora Guadalupe Fernández, mamá de José Antonio, “hoy pedimos al presidente de la República voluntad política en la implementación de estrategias integrales, que lleven a buscar y a encontrar, en vida y en muerte, a las 40 mil 180 personas desaparecidas en México, incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa y a los migrantes que cruzaron nuestro país sin llegar a su destino”, fundamentada en una campaña nacional de búsqueda e identificación.

“Queremos que se cotejen los datos de quienes buscamos, con los de decenas de miles de cuerpos depositados en Servicios Médicos Forenses, restos humanos localizados por los mismos familiares en fosas clandestinas, miles de indicios que tienen nombre, apellido, y una familia que busca recuperarlos”.

Por ello, concluyó el señor José A. Robledo, papá del ingeniero víctima de desaparición forzada, “nosotros tenemos esperanzas en que el nuevo gobierno federal llegue al fondo (…) tenemos confianza en que este gobierno sí actúe pero, sinceramente, aquí le pido al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que antes de pedirnos que perdonemos, que haga justicia, antes de perdonar queremos saber quiénes fueron”.

Y remató: “Si en nuestro país sólo se castiga 2% de los delitos, cómo le vamos a hacer, ¿hay que perdonar al otro 98% de los delincuentes a los que nunca van a capturar? Es pregunta…”