Estados concentran fondo anticrimen para infraestructura y equipo; relegan prevención, evaluación y desaparecidos
En 2018 los estados recibieron poco más de 9 mil millones de pesos de un fondo destinado a fortalecer la seguridad pública en sus territorios. ¿En que invirtieron la mayor parte del dinero?
Más del 40% se fue en comprar o mantener equipos y edificios. Por el contrario, se destinó 3% o menos en prevenir delitos, en fortalecer áreas de investigación y mediación del nuevo sistema penal, y en mecanismos de evaluación.
Y para la búsqueda de personas desaparecidas, concepto para el cual también se puede utilizar el fondo, se destinó apenas un 0.3% de los recurso disponibles.
Así lo revela el balance anual del Mecanismo de Evaluación y Transparencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública el cual muestra, además, que existe un subejercicio superior al 18% de los recursos, es decir, dinero que no se ha invertido.
De acuerdo con la información, en 2018 los recursos del FASP ascendieron a 9 mil 40 millones de pesos, de los cuales 6 mil 989 millones correspondieron a dinero entregado directamente por la federación, mientras que el resto fueron aportaciones realizadas por las entidades federativas en su conjunto.
El reporte arroja que al cierre de año pasado 7 mil 430 millones, que equivalen al 82% del dinero, corresponden a recursos que ya fueron entregados, ejercidos y aplicados. En tanto existen 1 mil 264 millones que se habían comprometido o etiquetado para algún concepto en específico pero que no se ejercieron, mientras que 346 millones de pesos ni siquiera se etiquetaron.
Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 5 pesos que componen el FASP no fueron utilizados por los estados en 2018, año en que se volvieron a romper los récords de violencia en el país.
El subejercicio es una constante, según los datos oficiales. En 2017, por ejemplo, el mismo reporte del SESNSP muestra que no se gastaron 521 millones de pesos de los 9 mil que componían el fondo, mientras que en 2016 tampoco se ejercieron casi 600 millones de pesos de los 9 mil 87 millones del fondo. En todos esos años los índices de violencia también se mantuvieron en ascenso.
La entidad federativa más beneficiada en 2018 con recursos del FASP fue el Estado de México que recibió, en números redondos, 629 millones de pesos. Le siguieron Ciudad de México con 571 millones de pesos, Jalisco con 408 millones, Veracruz con 389 millones y Sonora con 388 millones de pesos. Se trata, en su mayoría, de los estados más poblados del país.
En contraste, entre las cinco entidades que menos recursos recibieron se encuentra Colima con 170 millones de pesos, entidad que tiene la mayor tasa de homicidios dolosos del país. También figuran Nayarit con 164 millones, Tlaxcala con 155 millones, Aguascalientes con 144 millones y Michoacán con 127 millones de pesos.
Por otro lado, las entidades federativas con el mayor subejercicio de los recursos del FASP fueron Tlaxcala, con 70% del dinero no ejercido, Zacatecas con 43%, Nuevo León con 41% y Chihuahua con 34%. En esta lista también está Tamaulipas con 49%, según los datos del SESNSP.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, sin embargo, dijo a Animal Político que en su estado se ha ejercido, hasta el momento, 97.09%.
Los números que entregó Tamaulipas para indicar que han ejercido el 97% coinciden con los que revisó Animal Político en el reporte del SESNSP. La diferencia en las cifras se da porque para esta nota se consideró como monto ejercido sólo aquel que está calificado como tal por el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y no los recursos que se clasifican como comprometidos pero no invertidos. Como se puede apreciar en los datos que entregó Tamaulipas, el monto ejercido del FASP asignado en 2018 es de 133.1 millones de los 252.4 que recibió; mientras que hay otros 111.9 millones comprometidos, pero todavía no ejercidos.
En lo que más gastan…
Los datos del Mecanismo de Evaluación y Transparencia del FASP publicados por el SESNSP desglosan los montos destinados a once apartados a los que se puede asignar recursos de este fondo de seguridad. Las cantidades mostradas contemplan tanto el dinero ejercido como el etiquetado.
En el promedio nacional el rubro al que se destina la mayor parte de recursos, y por mucho, es a “infraestructura y equipamiento” con 3 mil 483 millones de pesos, que es poco más del 40% de todo el dinero gastado o etiquetado. Es decir, 4 de cada 10 pesos del fondo de seguridad.
En este rubro se contempla la adquisición de materiales y equipos para las corporaciones de policía, la inversión en radios de comunicación y en menor medida cámaras de videovigilancia.
El segundo rubro en el que se reporta mayor gasto (muy distante del primer lugar) es la aplicación de exámenes de control de confianza y cursos de profesionalización a los policías. Para ello se destinan 1 mil 380 millones de pesos, un 16% del total.
Le siguen poco más de 800 millones de pesos (9.2% del total) que fueron ejercidos para la operación del Registro Público Vehicular (REPUVE) y otras bases de datos. Cabe señalar que en las distintas reuniones que ha sostenido en las últimas semanas el gabinete de seguridad, con gobernadores y autoridades estatales, se ha hecho hincapié en que el REPUVE necesita ser replanteado pues tiene limitantes que impiden una mayor utilidad en el combate al crimen.
El cuarto rubro en cuanto a dinero invertido es la implementación del sistema de atención 911 con 678 millones de pesos, y el quinto es en el mantenimiento de centros penitenciarios locales y del sistema de justicia para adolescentes, con 586 millones de pesos.
Y en lo que menos se invierte…
En la lista continúan rubros a los que se ha asignado en promedio 5% o menos de los recursos que se destinan del FASP.
Tenemos a los sistemas forenses de los estados a los que las entidades federativas etiquetaron 520 millones de pesos, lo que equivale a 5.9% de los recursos del FASP. Como Animal Político documentó en Matar en México: Impunidad Garantizada hay múltiples estados en donde los servicios forenses operan con serias deficiencias o de plano no existen.
Después se ubican 464 millones que se destinan a unidades antisecuestro y de delitos cibernéticos (5.3% del total), y luego 325 millones destinados a la operación del nuevo sistema penal (3.7% del total).
Dentro de lo referente a implementación del nuevo sistema penal hay varios rubros como, por ejemplo, el recurso destinado a las unidades de medidas cautelares que son las responsables, entre otras cosas, de evaluar perfiles de detenidos para sustentar ante un juez con datos la medida cautelar más adecuada para un detenido, como por ejemplo prisión oficiosa. A estas unidades solo se destinaron 27 millones de pesos.
Otra subcategoría dentro del nuevo sistema penal es el desarrollo de unidades responsables de justicia alternativa, que permitirían despresurizar el sistema penal. Para ello todos los estados juntos destinaron solamente 17 millones.
Después del tema de sistema penal encontramos lo que se destina a prevención de los delitos y acceso a la justicia para las mujeres. En esta categoría todas las entidades invirtieron 285 millones de pesos, que apenas equivale a 3.2% del dinero del FASP.
Los dos rubros a los que se destina menos dinero de este fondo son al desarrollo de mecanismos de evaluación de las políticas y programas en la materia, con 141 millones de pesos que equivalen a 1.6%, y a las unidades y acciones destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas con 28 millones aportados entre todo los estados, que apenas es un 0.3% del dinero el FASP.
Lo anterior pese a que la búsqueda de personas desaparecidas en el país es uno de los principales retos en seguridad. Apenas el pasado 17 de enero la Secretaría de Gobernación confirmó que existe un registro confiable de más de 40 mil personas desaparecidas. El excomisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, dijo que la situación “es terrible”.
En el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, Animal Político reveló que la mayoría de las entidades federativas no desarrolló el sistema de búsqueda que se impulsó en el sexenio pasado denominado AM/PM, y que permitirá cruzar registros genéticos de familiares de desaparecidos con ADN de cuerpos encontrado en fosas clandestinas, o de personas localizadas con vida.
Polémica repartición; mismo resultado
Distintas autoridades de los estados (principalmente gobernadores y alcaldes) han insistido en que la repartición de los fondos de seguridad, tanto el FASP como el FORTASEG (antes denominado subsemun), no es acorde a los problemática real de seguridad que tienen cada región.
Por ejemplo, en las audiencias públicas realizadas con motivo de la reforma en Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, y en las sesiones de diciembre y enero del Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores refrendaron su apoyo a la nueva fuerza propuesta por el gobierno federal, pero a su vez hicieron hincapié en el monto y forma de distribución de los subsidios.
El pasado viernes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el replanteamiento de la fórmula y los montos contemplados en el FASP para 2019. Las entidades que recibirán más dinero son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Sonora y Veracruz.
Con excepción de Guanajuato y de algunas variaciones de posición, las entidades referidas son las mismas que en 2018 también lideraron la recepción de recursos: Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.
En cambio Colima se encuentra nuevamente entre los estados que menos recursos recibirá este año pese a que, como ya se dijo, es la entidad que registra la mayor tasa de homicidios violentos en el país. Otro estado que se ubica en los que reciben menos recursos es Zacatecas, donde la tasa de homicidios en los últimos tres años se ha duplicado.
El acuerdo de repartición de los recursos del FASP en 2019, publicado en el Diario Oficial, estableció que los criterios de distribución que se utilizaron para asignar los recursos fueron 25% a la necesidad de fortalecimiento de instituciones, 25% al fortalecimiento tecnológico, 15% a sistema penitenciario, 15% a “tamaño del problema”, 15% a nivel de población, y solo 5% a prevención.
