Feminicidios persisten pese a alertas de género en Veracruz, acusa ONG; contabiliza 111 en 2018
A más de dos años de haberse declarado la primera Alerta de Violencia de Género en Veracruz, organizaciones sociales denuncian que “no se han visto de manera clara las acciones por parte de las diferentes instancias de gobierno”, para reducir las agresiones en contra de las mujeres.
Tan solo en 2018 indicaron que tienen el registro de 172 asesinatos de mujeres y niñas en la entidad; de ellos, de acuerdo a las características de género, 111 son considerados feminicidios, 59 homicidios y dos suicidios
En un comunicado, el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio señalaron que, aunque Veracruz es uno de los siete estados del país que tiene protocolo de investigación con perspectiva de género, “el Poder Judicial suele reclasificar el feminicidio como homicidio calificado”.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales y nacionales “para que de manera urgente y prioritaria atiendan la problemática que impera en el estado a fin de erradicar la violencia feminicida contra las mujeres veracruzanas”.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que se implementó la Alerta de Violencia de Género en Veracruz, en noviembre de 2016, se cometieron 191 feminicidios en la entidad. En diciembre de 2016 se registraron seis feminicidios, en 2017 se cometieron 100 y de enero a noviembre de 2018 se tuvo conocimiento de 85 casos.
La primera Alerta por Violencia de Género para 11 municipios, con el objetivo de que se reforzaran los patrullajes y se recuperaran los espacios públicos para garantizar la seguridad de las mujeres en Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
En diciembre de 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró una segunda alerta para Veracruz, por existir un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud en el estado.
