La Estafa Maestra: Juez niega a MCCI coadyuvar en investigación de PGR sobre desvíos en Sedesol y Sedatu
Un juez de control rechazó en una audiencia pública ayer martes la solicitud de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) para participar como coadyuvante en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de mil 200 millones de pesos del erario público, a través del esquema de corrupción documentado en el trabajo periodístico La Estafa Maestra.
La decisión del juez llega luego de que el 19 de septiembre del año pasado, Mexicanos Contra la Corrupción, a través de su Despacho de Investigación de Litigio Estratégico (DILE), interpusiera ante PGR una denuncia contra funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu), de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), así como en contra de diversas empresas fantasma, por el presunto desvío millonario de recursos públicos.
En la denuncia, interpuesta también con la asesoría legal de Tojil AC, MCCI solicitó que se le reconociera el carácter de víctima por este caso concreto de presunto desvío de dinero del erario. Lo anterior, permitiría a la organización civil tener acceso a la carpeta de investigación que la PGR abrió del caso, aportar más pruebas de los desvíos, en caso de que así se lo solicitara la autoridad, y también poder impugnar cualquier acto del ministerio público en el proceso.
Es decir, con la condición de víctima en el caso, Mexicanos Contra la Corrupción podría no solo participar en la investigación de la PGR como coadyuvante, sino también vigilarla desde adentro, y evitar así posibles ‘pactos de impunidad’ entre la administración pública y el Ministerio Público, dijo la organización civil a través de su área legal.
“Nos gustaría tener confianza plena en que el Ministerio Público deslindará las responsabilidades suficientes en este caso. Pero también tenemos experiencia en las últimas décadas de acuerdos de impunidad y de arreglos, por lo que la participación en la investigación de una sociedad civil como la nuestra sería muy importante para vigilar que estas prácticas no sucedan”, expuso Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de MCCI.
Sin embargo, Felipe de Jesús Delgadillo, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Sur de Ciudad de México, consideró infundada la petición de Mexicanos Contra la Corrupción argumentando, entre otros puntos, que la organización civil no es la afectada directa por el desfalco, puesto que no es la titular directa de los más de mil 200 millones de pesos que presuntamente se desviaron del patrimonio público, sino que la víctima sería el propio Estado mexicano.
En este punto, el juez coincidió con lo expuesto por el fiscal del Ministerio Público, quien argumentó en su ponencia del caso que las víctimas serían la propia Sedesol, Sedatu, y la UAEM, puesto que fueron las presuntas desfalcadas en La Estafa Maestra.
Además, el juez argumentó que, de reconocer la calidad de coadyuvante a MCCI en la investigación del caso, se pondría en riesgo “la reserva de la investigación”.
Buscarán juicio de amparo
Tras la audiencia, el director de litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción dijo en entrevista con Animal Político que ya esperaban como “probable” esta resolución del juez, puesto que éste se había pronunciado en el mismo sentido en otro juicio, en el que la asociación civil Tojil, que también ofrece asesoría legal en el caso de los desvíos de Sedesol y Sedatu, solicitó participar como coadyuvante en el caso de las empresas fantasma y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y también le fue denegada la solicitud.
“Sabíamos que era probable que el juez resolviera de esta manera, pero era una instancia que debíamos agotar para poder acudir al amparo. Todo es parte de la estrategia que tenemos”, dijo Gerardo Carrasco.
“Vale la pena luchar esta batalla hasta las últimas consecuencias –añadió el abogado-. Buscamos que, en última instancia, sea la Suprema Corte quien resuelva este tema en definitiva. No descartamos acudir también a instancias internacionales para hacer valer nuestros derechos”.
Cabe señalar que, hasta ahora, las únicas personas que pueden participar como víctimas en procesos judiciales sobre casos de corrupción, son aquellas a las que directamente se les afectó el patrimonio. Pero en casos donde el patrimonio afectado es el erario público, no hay precedente legal en México de que se permita la participación de una sociedad civil como víctima y coadyuvante en el caso.
Las abogadas de Tojil AC, Adriana Greaves y Estefanía Medina, que participan en el proceso como asesoras de Mexicanos contra la Corrupción, lamentaron también la decisión del juez, de no reconocer como víctima a la organización civil para que pueda coadyuvar en las investigaciones del Ministerio Público.
En concreto, criticaron el argumento de la Fiscalía del MP de identificar a Sedesol, Sedatu, y a la UAEM, como posibles víctimas del desvío millonario de La Estafa Maestra.
“Nos parece absurdo que identifiquen como víctimas a las secretarías de donde, precisamente, se produjo el desvío de dinero. No pueden fungir como imputadas, y también como víctimas, cuando justo se busca desmantelar la red de corrupción al interior de estas dependencias públicas”, expusieron las abogadas.
Elementos suficientes
La Estafa Maestra es una investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló un sistema de corrupción en el que 11 dependencias del Gobierno Federal desviaron más de 3 mil 433 millones de pesos a 128 empresas fantasma o irregularidades, a través de ocho universidades públicas, entre ellas la UAEM, que se quedaron con otros mil millones del erario solo por hacer de intermediarias en los desvíos.
En la denuncia interpuesta el 19 de septiembre del año pasado, MCCI señaló que las investigaciones periodísticas relacionadas con el tema “contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas”.
Además, mencionaron la investigación posterior publicada por el diario Reforma en la que, con base en información de la Auditoría Superior de la Federación, explican cómo fue la transferencia de cientos de millones de pesos presuntamente desviados por Sedesol, a domicilios particulares a través de depósitos de dinero en efectivo.
“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir”, apuntó la organización civil.
El objetivo de la denuncia, apuntó Mexicanos Contra la Corrupción, es “que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente”.
“Nuestro mensaje es claro, parar este y para todos los casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad, y no a la politización”, recalcó la organización civil en un comunicado acerca de la demanda que presentó en septiembre con la asesoría de Tojil AC, y que puedes leer íntegra aquí.
