Qué es la doctrina Estrada: la antigua práctica diplomática de México que guiará la política exterior de AMLO
Una de las cosas más llamativas de la proclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela ha sido el respaldo internacional que tan rápidamente cosechó.
Inmediatamente le expresó su apoyo el gobierno de Estados Unidos y tampoco tardó en reconocerlo como jefe del Estado el llamado “Grupo de Lima”, aunque con un gran ausente: México.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente de Venezuela.
Y es que aunque con Enrique Peña Nieto, México trabajó para convencer a otros países de que abandonaran el apoyo al gobierno de Maduro, López Obrador retomó la política exterior de no intervención.
Esa había sido la norma de oro que orientó la política exterior de México durante la mayor parte del siglo XX, la doctrina Estrada, que aunque fue dejada de lado, ahora está de vuelta.
Promulgada en 1930, la doctrina Estrada colocó los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia de México.
Esta práctica, que posteriormente fue consagrada en la Constitución mexicana, está recuperándose con la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Pero regresa envuelta en la polémica.
Las muestras de su recuperado vigor comenzaron a hacerse evidentes, por ejemplo, con la decisión este martes de desmarcarse de la línea mayoritaria del Grupo de Lima y seguir reconociendo a Maduro.
Ya antes, AMLO había invitado al presidente Maduro a su toma de posesión.
Ese gesto significó una clara ruptura con la política que venía aplicando Peña Nieto; durante la última etapa de su gobierno México había sido uno de los países que había impulsado a través del Grupo de Lima una postura más dura ante el gobierno de Maduro al que cuestionaban.
La confirmación oficial de la renovada vigencia de esta práctica diplomática llegó en una reciente comparecencia del subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de ese país.
El alto funcionario fue cuestionado expresamente sobre la vigencia de la doctrina Estrada, especialmente ante “la práctica de autoritarismo y violación constante de derechos humanos” por parte de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
Reyes respondió que la norma sigue siendo plenamente vigente. Y este martes lo volvió a demostrar con el caso de Guaidó.
Diplomacia sin juicios
Pero, ¿por qué es tan polémica? La doctrina Estrada toma su nombre del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, quien expuso sus bases en un comunicado publicado el 27 de septiembre de 1930.
Allí básicamente establecía que su país no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificaría.
“México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”, señala el texto.
El documento restringe las acciones que puede tomar el gobierno mexicano a lo siguiente: “Mantener o retirar, cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras”.
La aplicación de la doctrina Estrada, considerada como un corolario al principio de no intervención, le permitió a México mantener relaciones estables y duraderas con países del mundo de ideologías muy diversas y, en especial, con aquellos surgidos de procesos revolucionarios.
Así, por ejemplo, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba durante la crisis que llevó a la expulsión de la isla de la Organización de Estados Americanos en 1962.
“En la práctica, la doctrina Estrada se materializó en el hecho de que México no expresaba su postura respecto a la calidad del gobierno contraparte, en términos de si era democrático o no. México no establecía adjetivos en ese sentido”, señala Juan Pablo Prado Lallande, profesor e investigador sobre Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla, en conversación con BBC Mundo.
“Eso era justamente para no interferir en los asuntos internos de otro Estado pero con el objetivo principal de ser tratado con reciprocidad. Ahí está clave. Es una doctrina espejo: lo que yo hago es lo que solicito y espero de otros”, agrega.
Y es que la doctrina Estrada surgió como una operación de diplomática defensiva que trataba de librar a México de la necesidad de buscar el reconocimiento de gobiernos extranjeros, algo que era práctica habitual a inicios del siglo XX pero que resultaba costoso para los países débiles pues con frecuencia tenían que hacer difíciles concesiones a las grandes potencias.
En el caso de México, la nueva orientación era particularmente importante pues desde la revolución de 1910 había tenido numerosos gobiernos que habían llegado al poder por procesos no constitucionales y se habían visto sometidos a estas situaciones.
Varios gobiernos postrevolucionarios como el de Álvaro Obregón pero también prerrevolucionarios, como el de Porfirio Díaz, se enfrentaron a la necesidad de buscar el reconocimiento de Estados Unidos y de tener que acceder a ciertas exigencias de la vecina potencia.
Teoría y práctica
Pero aunque los principios de libre autodeterminación y no injerencia regían formalmente la política exterior de México, a lo largo del siglo XX hubo algunas excepciones a la doctrina Estrada.
“En los años 70, México participó de manera activa en la caída del mandatario Anastasio Somoza en Nicaragua. El gobierno del presidente José López Portillo sí expresó su sentir sobre la calidad democrática del gobierno de Somoza y promovió la revolución que llevó a los sandinistas al poder. Entonces, se adujo que esta actitud buscaba promover la paz y estabilidad regional coincidente con el interés nacional”, señala Prado.
En esa misma década, México retiró a su embajador en Chile tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende como había hecho varias décadas antes ante el ascenso de Francisco Franco en la Guerra Civil Española.
Sin embargo, hay que destacar que decisiones como el retiro o el nombramiento de embajadores forman parte del tipo de medidas que se pueden tomar en el marco de la doctrina Estrada, siempre y cuando no se emitan juicios sobre la legitimidad de los gobiernos de los otros países.
Pero si esta práctica diplomática surgió inicialmente como una táctica defensiva para evitar la indebida injerencia extranjera en los asuntos internos mexicanos, muchos expertos señalan que luego se convirtió en una herramienta útil para evitar también las críticas legítimas a carencias del país como, por ejemplo, en el tema de las violaciones a los derechos humanos.
A inicios de este siglo, con la presidencia de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), México puso a un lado la doctrina Estrada.
“Con la llegada del PAN al poder, un partido que tiene en su doctrina promover valores del orden liberal, se modificó esta práctica diplomática, lo que afectó las relaciones con Cuba”.
“En el gobierno de Felipe Calderón se modificó la Constitución y se incluyó como un principio de la política exterior de México la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Y eso se mantiene pero también el principio de autodeterminación y de no intervención”, agrega Prado.
Más zanahoria que garrote
Aunque a primera vista pueda parecer contradictorio tratar de defender los derechos humanos al tiempo que se evita emitir juicios sobre los gobiernos que los pueden estar violando, Prado señala que se trata de principios complementarios.
Su opinión parece coincidir con la expresada por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien señaló que la doctrina Estrada no choca “de ninguna manera” con la vigilancia que hace México sobre el tema de los derechos humanos.
Pero, ¿y cómo aplica esto para el caso de las relaciones entre el gobierno de AMLO con Venezuela?
Aunque sus críticos han acusado al gobierno de AMLO de tener una postura ambigua ante Venezuela, Reyes aseguró que el país está dispuesto a tomar parte de cualquier mecanismo de diálogo que permita buscar una solución a la situación que vive.
En el caso de Venezuela, el funcionario (quien también habló de Nicaragua) señaló que con la decisión de enviar al encargado de negocios a la toma de posesión de Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero, se buscaba “mandar un mensaje“.
“Tenemos una distancia y una observancia muy clara de lo que está sucediendo en ese país”, afirmó.
“México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento que hay en los derechos humanos y la ausencia de democracia, que a todas luces es evidente”, agregó.
Prado considera que se trata de una estrategia acertada.
“Ese acto tiene una doble intención. Se le reconoce, se tiende un lazo de comunicación, no se interviene en asuntos internos pero también se señala que la relación bilateral depende de lo que ocurra en ese país”, señala.
“Es decir, México no está respaldando en todo sentido al régimen de Maduro sino que expresa su voluntad de contribuir a la resolución de la crisis política y humanitaria a través del diálogo político”.
El experto valora el esfuerzo del gobierno de AMLO de defender la no intervención y de promover un diálogo con Caracas.
“La actitud de parte de México es acertada para contribuir a la resolución de las crisis políticas y humanitarias pero falta que el regimen en efecto realicen lo que les compete. Es decir, México hace su parte pero falta que la contraparte haga la suya”, advierte el experto.
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