En 6 meses, primeros resultados de la comisión para la verdad de Ayotzinapa
La Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial, fue instalada formalmente este martes y estará integrada por tres padres y madres de los normalistas, tres funcionarios, un representante de grupos civiles y un secretariado técnico, detalló Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos población y migración.
La comisión sesionará al menos una vez al mes, o las veces que sean necesarias, y tendrá un plazo de 6 meses para informar los primeros resultados.
Su sede será la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y las tareas inmediatas serán aprobar sus lineamientos de operación en una primera reunión ordinaria, el 23 de enero próximo.
El organismo no realizará investigaciones penales, aunque sostendrá interlocución con altos funcionarios para obtener la información que el Ministerio Público federal necesite en su indagatoria.
Encinas detalló que la comisión establecerá la interlocución política con las instancias gubernamentales que puedan dar información, y se diseñará una política de incentivos para quien proporcione información, bajo la figura de “colaboradores eficaces”, que puede beneficiar incluso a los ya procesados.
La comisión presidencial, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el anuncio formulado a principios de diciembre, “es para dar todas las facilidades” por parte del gobierno, para que la próxima Fiscalía General de la República pueda realizar la investigación penal, con autonomía.
Alejandro Encinas, quien será titular de la comisión presidencial, también destacó que se creará el sistema de asistencia para las familias de las víctimas.
La verdad es que no hay verdad aún en el caso Ayotzinapa, esa es la premisa, señaló durante su intervención.
“Iniciaremos nuestros trabajos tomando como punto de partida los informes del GIEI, forenses argentinos, los informes de la ONU-DH, la recomendación de la CNDH, y la averiguación ya recabadas por PGR, y las sentencias emitidas hasta la fecha”, dijo Encinas.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó el compromiso de esta administración para esclarecer los hechos y conocer la verdad del caso Ayotzinapa, en un plazo humanamente razonable, así como fincar responsabilidades y aplicar la ley, sin importar quienes participaron o el cargo que ocupaban.
Sánchez Cordero indicó que en el caso no se parte de cero, hay avances importantes de investigaciones previas. “Descartar los elementos falsos en esas investigaciones o corregirlas no significa que estemos a ciegas, contamos con información para seguir avanzando, concluir las investigaciones y dar resultados en un plazo razonable”.
La funcionaria recordó que el decreto de López Obrador del 3 de diciembre ordena la conformación de una comisión integrada por familiares o sus representantes, la Segob, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Hacienda, así como con los expertos que se requiera contratar.
La comisión presidencial gestionará ante la Secretaría de Hacienda la asignación de todos los recursos necesarios para que la fiscalía especializada desarrolle su labor.
Contará también con una representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismo que tendrá la encomienda de establecer los convenios de colaboración requeridos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con cualquier organismo o autoridad extranjera que pueda colaborar en las pesquisas.
En su participación, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acusó que a los crímenes del 26 de septiembre siguió una respuesta institucional con las peores prácticas del sistema penal. “El gobierno recurrió a métodos ilícitos para presentar a las familias una verdad no sustentada en evidencias”, dijo.
Aguirre enumeró a la nueva administración las trabas que puso el anterior gobierno a la investigación y destacó que “los padres y madres no exigen una verdad a modo ni rechazan versiones por el dolor que causa, no están indexados ni buscan venganza, lo que quieren es saber la verdad, sea cual sea”.
Cristina Bautista, mamá de Benjamín Ausencio Bautista, normalista desaparecido, aseguró que no se han rendido, pero que están desesperados de no saber cómo están sus hijos.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras, se burló de nosotros como padres y del pueblo de México. El gobierno nos desapareció 43, nos mató tres, expulsó a los expertos del país”, sentenció.
Emiliano Navarrete, papá del normalista Ángel Navarrete, quien también está desaparecido, agradeció la disposición del nuevo gobierno. Recordó que la última vez que visitó a su hijo fue un día antes de su desaparición. “En otro país, Murillo Karam hubiera sido investigado por las mentiras divulgadas”, declaró.
En el evento estuvieron presentes, además de los padres de los normalistas y sus representantes, funcionarios federales como el Canciller Marcelo Ebrard y la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, y representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, entre otros.
Con información de Paris Martínez
