El gobierno de AMLO pospone justicia transicional y atención a víctimas, denuncian activistas
Con excepción de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha reunido ni ha hecho anuncios para otras víctimas de la violencia, pese a la promesa hecha tras ganar las elecciones de crear un modelo de justicia transicional y de pedir una disculpa pública a nombre del Estado mexicano desde el primer día de su gobierno.
Las mesas de trabajo que el entonces presidente electo aceptó durante el Diálogo por la Paz realizado el 14 de septiembre en Tlatelolco se desarrollaron durante los meses de la transición sólo con la participación de organizaciones de derechos humanos, víctimas y especialistas.
No ha habido respuesta a las propuestas entregadas en diciembre de 2018 e incluso los intentos de reuniones con la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, se pospusieron, sin fecha definida, para enero.
Un miembro del equipo de esta subsecretaría explicó a Animal Político que por procesos burocráticos y retrasos en los nombramientos dentro de la dependencia es que se ha tenido que posponer el trabajo con los colectivos, pero aseguró que aprovecharían el inicio de año para darle impulso al tema.
Sin embargo, entre los activistas hay inquietud por la falta de atención a las promesas hechas sobre la atención a las víctimas.
“Hay un retraso, por decir lo menos, en lo que está esperado que hicieran, y la preocupación crece porque parece que son otras las preocupaciones del gobierno hacia lo que ellos llaman transformación y que no está mirando a las víctimas, y por la continuidad de la política de seguridad, que es muy preocupante”, comentó en entrevista Michael Chamberlin, consultor de Open Society Justice Initiative (OSJI) y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem).
“Lo que vemos es que no ha sido prioridad para el gobierno, el tema no ha sido colocado en la agenda ni por Andrés Manuel, como esperaría que lo hubiera hecho, ni por la Secretaría de Gobernación, que es quien está a cargo de ella. Después de que los temas centrales en campaña fueron corrupción e impunidad y violencia, a los que yo sumaría el tema de víctimas, hoy desaparecieron de la discusión”, consideró también Jacobo Dayán, asesor independiente en temas de justicia transicional y derechos humanos.
Entre los Foros Escucha y los encuentros de sociedad civil
Luego de que durante la campaña presidencial y durante el periodo de transición, López Obrador e integrantes de su equipo prometieron que elaborarían un plan de pacificación junto con las familias de las víctimas, expertos de la ONU y la intervención del Papa Francisco (lo que fue desmentido por el Vaticano), se anunció la organización de los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional, a cargo de Loretta Ortiz.
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Dichos foros tuvieron un accidentado camino, desde las protestas de víctimas contra el perdón ofrecido por López Obrador cuando iniciaron, hasta la cancelación de los últimos encuentros programados, y la crítica de que no estuvieran manejados por la Secretaría de Gobernación (Segob), sino por la de Seguridad.
Tras presentar las conclusiones y al arrancar el gobierno, Ortiz fue postulada para ser nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia y confirmó a Animal Político que ella ya no estaba dando seguimiento a la implementación de los resultados de los foros, ya que todo el tema de víctimas había pasado, ahora sí, a la subsecretaría de derechos humanos de Segob.
A la par, activistas y expertos de derechos humanos empezaron a elaborar propuestas de justicia transicional, después de un segundo Diálogo por la Paz y la Justicia realizado en septiembre en Tlatelolco, con la presencia de Javier Sicilia, donde López Obrador aceptó seis mesas de trabajo conjuntas: para diseñar el modelo de justicia transicional, rediseñar el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, crear una gran comisión de la verdad, un mecanismo contra la impunidad, una vía para la reparación integral del daño y un sistema de protección a víctimas.
“El acuerdo desde septiembre fue que la agenda pasaba de Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación y que se abrían estas mesas de trabajo. Y el acuerdo era trabajarlo en conjunto, pero los tiempos a la Secretaría de Gobernación se le vinieron encima y no estuvieron.
Nosotros hemos terminado el proceso, e incluso se hicieron cosas solicitadas por ellos, como una consulta mucho más amplia: arrancamos algunos académicos, algunas organizaciones, algunos expertos, y ellos solicitaron hacerlo más amplio, echar a volar los documentos por todos lados, y que quien quisiera venir a sentarse a discutirlos fuera bienvenido”, explicó Dayán.
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Las últimas discusiones se realizaron con la participación de miembros de organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en varios estados, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); asesores internacionales de Open Society Justice Initiative (OSJI), del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); académicos de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); e incluso expertos de talla mundial como Pablo de Greiff, exrelator de la ONU para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, o Carlos Castresana, primer jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Llamadas de atención y silencio institucional
A diferencia de las reuniones y actos que no se han concretado con víctimas y activistas de derechos humanos, con quien sí ha tenido varios encuentros el Presidente de México es con las Fuerzas Armadas: el acto de salutación el segundo día de su gobierno, en Campo Marte; los titulares de la Defensa y la Marina estuvieron en la presentación del decreto para investigar el caso Ayotzinapa.
El 17 de diciembre se reunió con militares de todo el país en un llamado “encuentro por la paz y la seguridad”, en el Colegio Militar; y el segundo día del nuevo año, cuando en la conferencia de prensa mañanera se lanzó junto a los mandos militares la convocatoria de reclutamiento de jóvenes para pertenecer a la Guardia Nacional.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad sorprendió a los activistas con el anuncio de que se reformará la Constitución para que los militares se hagan cargo legalmente de la seguridad pública, lo que consideraron un cambio de opinión del nuevo gobierno y una contradicción con los planes de justicia transicional.
“Mete ruido, porque si parte de lo que hacen los procesos de justicia transicional es ayudar a las sociedades y a los Estados a transitar a Estados democráticos de derecho, rumbo a una normalidad democrática, pues la propuesta de militarización va en sentido contrario”, señaló Dayán.
Ante la falta de claridad sobre el tema de víctimas, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem) lanzó a finales de año la primera llamada de atención pública con una carta en la que recriminó a López Obrador que el día de su toma de protesta no se haya referido a los más de 37 mil desaparecidos, sino sólo a los 43 de Ayotzinapa, le pidieron que no politice el asunto y que no se quede en resolver sólo ese caso, sino todos las del país.
Antes de acabar el 2018, también el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, publicó un artículo en la revista Proceso titulado “Una pregunta a AMLO: ¿y las víctimas?”, en el que recordó que en Tlatelolco recibieron la promesa de un perdón a nombre del Estado y por primera vez creyeron que un presidente iba a tomar a fondo el tema.
“La omisión de las víctimas en su discurso de toma de protesta, la reducción de ellas, en su plan de gobierno, a Ayotzinapa, su insistencia en la seguridad armada, su fijación en una amnistía que ahora llama ‘punto y aparte’, y la inanidad de su discurso respecto a las víctimas durante la celebración del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preocupan mucho”, lamentó.
Agregó que el gobierno ya tiene en sus manos varios documentos como para haber tomado acciones: los documentos de las mesas de trabajo acordadas en Tlatelolco, un estudio que el equipo de transición pidió al CIDE y que se entregó a principios de diciembre, así como una propuesta que él mismo elaboró sobre cómo mejorar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Son un material suficiente para haber diseñado ya una política de Estado en materia de justicia transicional que no vemos por ninguna parte”, reclamó.
El siguiente paso: exigir cumplimiento a los compromisos
Ante la falta de respuestas para sentarse a la mesa a trabajar políticas públicas, las organizaciones de víctimas y derechos humanos harán públicas la próxima semana las propuestas que elaboraron de justicia transicional, de las que Animal Político dio a conocer algunos adelantos, como la creación de una Comisión Nacional de la Verdad más amplia que la que investiga el caso Ayotzinapa y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que aunque López Obrador se comprometió varias veces a pedir y aceptar ayuda de la ONU, ahora es uno de los temas que más recelo genera, según los activistas.
“Lo que esperamos para este año es que ya estén más acomodados en sus puestos en la Secretaría de Gobernación, porque nos decían que no tenían ni nombramientos, sólo del subsecretario (Encinas)”, señaló Chamberlin.
“Hemos insistido mucho en que fijemos la ruta: o sea, ya les entregamos los documentos generales, no sabemos dónde están las dudas, o qué está atorado, qué es lo que no nos permite avanzar. Por ejemplo, del mecanismo internacional contra la impunidad, si hay dudas sobre la viabilidad, de carácter jurídico o político, bueno, ¿con quién hay que hablar?, ¿traemos otros expertos internacionales, discutimos el tema? Si no hay dudas sobre Comisión de la Verdad, pues entonces el siguiente paso es hagamos un borrador de decreto para empezar a verlo con el Senado, qué sé yo”.
Algunas cosas, lamentaronn los entrevistados, ya se pasaron de tiempo, como pelear en el Presupuesto de Egresos que hubiera dinero para esa Comisión, o que se destinaran más recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá en 2019 sólo 400 millones, menos de lo que se le asignó para arrancar en 2018.
“Andrés Manuel dijo públicamente en septiembre que éste era un diálogo permanente; pues el diálogo ha estado muy fragmentado, y con él nunca ha sido, ha sido con Encinas, ni siquiera con Olga Sánchez Cordero. Nosotros estamos sorprendidos porque los acuerdos que se habían tenido para el inicio de gobierno no se han cumplido hasta ahora. Pero él habla de cumplir sus palabras, y la palabra empezada en campaña fue esa”, recriminó Dayán.
