Agricultura elimina programas con los que se desviaron recursos pero crea nuevos sin reglas de operación
La nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) eliminó una serie de programas que por años habían sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntos desvíos y mal manejo de recursos como el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, que tenía incluidos en sus padrones de beneficiarios a personas ya fallecidas.
La SADER cuenta con nuevos programas como: Crédito Ganadero a la palabra, Fertilizantes, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Producción para el Bienestar, Agromercados Sociales y Sustentables.
Sin embargo, en el Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, donde se registran los programas sujetos a reglas de operación, estos cinco no se encuentran.
Alfredo Elizondo, coordinador de Programas de la organización civil Gesoc, enfocada al análisis del gasto público, explica que las reglas de operación establecen un mecanismo transparente en el funcionamiento de los programas públicos, al establecer los requisitos para ser beneficiarios, los procesos de contraloría social de los mismos y los mecanismos para presentar denuncias o inconformidades con respecto a su operación.
Solo que cada administración tiene la libertad de decidir si sus programas tienen estas reglas o no, porque “no hay expresamente un mandato legal que obligue a establecerlas”, afirma Elizondo.
Los que se van
El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), al que corresponde el Anexo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, es el que debe incluir las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.
Este Programa Especial Concurrente, porque es transversal e involucra a 12 secretarías de Estado, tuvo en 2018 un presupuesto de 334 mil 314 millones de pesos y en 2019 tiene asignados 352 mil 091 millones de pesos. En su estructura, el PEC se divide en programas presupuestarios, agrupados en 10 vertientes: financiera, competitividad, medio ambiente, educativa, laboral, social, infraestructura, salud, agraria y administrativa.
De las 12 secretarías, SADER tiene a cargo programas de las vertientes de medio ambiente, educativa, social, administrativa y competitividad, es en esta última donde esta Secretaría tiene altas y bajas de programas.
En 2018, la vertiente competitividad tuvo un presupuesto de 53 mil 068 millones de pesos y para 2019 se le asignaron solo 45 mil 726 millones de pesos, una disminución en términos reales de 17.2%, de acuerdo a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.
Ahí estaba el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, a cargo de Sagarpa, que en 2018 tuvo un presupuesto asignado de 11 mil 434 millones de pesos. En el PEF 2019 ya no existe. Desapareció junto con sus 11 subprogramas: Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), Arráigate Jove – Impulso Emprendedor, Atención a Siniestros Agropecuarios, Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA), El Campo en Nuestras Manos, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades, Asociatividad Productiva y Proyectos Productivos (FAPPA).
En el PEF de este año no hay un monto destinado a los productores de maíz o frijol, ni a los cafetaleros. Pero varios de estos subprogramas eliminados se habían caracterizado por tener señalamientos de mal manejo del presupuesto.
Por ejemplo, en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se detectaron irregularidades en el subprograma de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). Tal como lo publicó Animal Político, en nota del 21 de febrero de 2017, la ASF documentó un presunto daño al erario por parte de SAGARPA por un monto de 209 millones 918 mil pesos.
Entre las principales irregularidades detectadas, destaca que SAGARPA hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a: 3 mil 021 beneficiarios “duplicados” –es decir, la dependencia dio dos veces el mismo apoyo a un beneficiario-; 271 beneficiarios que habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas para pedir la ayuda económica; y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil pesos en subsidios.
La ASF documentó en ese mismo año que a través del subprograma dedicado al fomento del cultivo del café en México –PROCAFÉ-, la SAGARPA entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de personas que, o bien la dependencia no sabía si eran productores de café, o bien no sustentaron con documentos sobre en qué gastaron esa ayuda del Gobierno Federal.
Al igual que en el subprograma de Maíz y Frijol, SAGARPA también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 040 mil pesos, y dio 11 millones 352 mil a una asociación civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos en el cultivo de café.
Además del Programa de Apoyo a Pequeños Productores quedó eliminado de la vertiente de Competitividad que corresponde a SADER, el Proagro Productivo, antes Procampo, también con señalamientos de mal manejo de recursos, de acuerdo a un informe de la Cuenta Pública 2016 de la ASF, en el que documentó que el programa carecía de mecanismos de monitoreo, control y seguimiento para comprobar el buen uso de los recursos por parte de los beneficiarios y el cumplimiento de los principales objetivos relativos al aumento de la productividad del sector.
Los nuevos
“Como parte de la estrategia para recuperar el Campo –señala CEDRSSA en su análisis sobre el presupuesto del PEC 2019–, se crean cinco nuevos programas en la vertiente de Competitividad a cargo de SADER”.
El primero es Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que comprende el establecimiento de estos para ciertos cultivos, “lo que contribuirá –señala el análisis de CEDRSSA– a combatir la pobreza alimentaria en el país, y a garantizar mejores ingresos a 2 millones de pequeños productores”. Este programa tiene asignado un monto de 6 mil millones de pesos.
Crédito Ganadero a la Palabra estará enfocado en apoyar a pequeños y medianos ganaderos, para que puedan adquirir vaquillas y sementales. El objetivo es mejorar e incrementar el hato ganadero de cerca de 100 mil productores pecuarios, para lo cual contará con un presupuesto de 4 mil millones de pesos. Al igual que a los ganaderos, también se otorgarán créditos a la palabra a los agricultores, pescadores y artesanos, entre otros beneficiarios del medio rural.
En tanto que el subprograma de Fertilizantes apoyará la compra de fertilizantes nitrogenados y fosfatados nacionales, a precios accesibles a los productores del campo, y tendrá una inversión de mil 500 millones de pesos.
Otro nuevo programa es el de Producción para el Bienestar, con una asignación de 9 mil millones de pesos para dotar de liquidez a los pequeños y medianos productores inscritos en el padrón AGROBIENESTAR. El objetivo –indica el centro de estudios de la Cámara de Diputados– es ayudarlos a aumentar su producción y productividad para contribuir a la autosuficiencia alimentaria.
Agromercados Sociales y Sustentables: con un presupuesto de 6 mil 707 millones de pesos buscará estimular la comercialización cooperativa de productos agropecuarios elegibles, proporcionará garantía de rentabilidad, apoyará a los productores con problemas de comercialización, construcción, habilitación, ampliación, mejora y equipamiento de la infraestructura de almacenamiento de granos, y también con información para la competitividad agrícola y/o en los servicios de comercialización.
Aunque SADER aún no explica si estos nuevos programas absorben a los que han desaparecido, Sunny Villa, directora de Gasto Público de la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dice que en los presupuestos siempre hay compensaciones.
“Por ejemplo ya se anunciaron programas enfocados a los cafetaleros de Veracruz, que es donde está el mayor número de productores de café, además de en Chiapas, que también será de las zonas prioritarias a atender. Es muy probable que estos compensen la desaparición del PRO Café”.
Sin embargo, el problema mayor es que los nuevos programas no están sujetos a reglas de operación.
Los programas de la vertiente de competitividad que responderán a éstas, dice el análisis del CEDRSSA, son: el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento a la Agricultura, Programa Fomento Ganadero, Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Concurrencia con la Entidades Federativas.
Y aunque es cierto que el Programa de Apoyo a Pequeños Productores sí tenía reglas de operación en el PEF 2018 y eso no lo eximió de los desvío, porque “se requiere de mecanismos de vigilancia más oportunos y de que la Cámara de Diputados (tanto la Comisión de Presupuesto como la de Desarrollo Social) realicen su labor de vigilancia en la implementación y corrección de las fallas en el corto plazo, señala Elizondo, “pero sin reglas de operación, el riesgo de potencial uso discrecional de recursos aumenta”.
Los que ganan presupuesto y los que pierden
En cuanto a los montos del presupuesto por vertientes, solo dos tuvieron incrementos con respecto al presupuesto del año pasado: la Educativa con 26.6% de aumento al pasar de 38 mil 291 millones de pesos en 2018 a 50 mil 458 en 2019. En ésta se agrupan programas como el de Educación e Investigación, en el que se considera al Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y a la Universidad Autónoma de Chapingo.
La otra vertiente con incremento es la Social, con 16.8% de aumento, al pasar de 102 mil 500 millones de pesos a 124 mil 526. En ésta se encuentran programas como el de Atención a la Pobreza en el Medio Rural, el de Derecho a la Alimentación y el de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.
Las que resultaron con los mayores recortes fueron la vertiente de Medio Ambiente con menos 53.3% al pasar de 9 mil 940 millones de pesos a 4 mil 833 millones de pesos. La laboral con menos 94.1%, que bajó de 574 millones en 2018 a 35 en 2019, y la financiera con menos 33.1% al pasar de 2 mil 930 millones de pesos a 2 mil 040 millones de pesos.
