El ajuste salarial que Andrés Manuel López Obrador ordenó para los altos mandos de la administración pública federal también lo aplicaron el Poder Legislativo y los órganos autónomos al gobierno —que proponen su propio presupuesto y, por ende, sueldos—. Los únicos que no se alinearon con la reducción salarial fueron el Poder Judicial, que conserva los montos de ingresos de 2018, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que propuso un aumento.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019 que la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso se establecen los ingresos para cada plaza ocupada por servidores públicos. Los de López Obrador serán de 108 mil 656 pesos mensuales, una reducción de 47% en comparación con los 207 mil 591 pesos que recibía Enrique Peña Nieto.
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El documento también propone recortes para el resto de las plazas que dependen del Ejecutivo. Un Director, por ejemplo, que solía tener un ingreso de sueldo y prestaciones por 123 mil 136 pesos, el próximo año sólo podrá sumar 73 mil 100 pesos.
Reducciones similares se proponen para el resto de las de plazas de altos mandos como secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, y directores generales; cuyos ingresos se reducen, en promedio, 35%.
Del tabulador de servidores públicos que dependen del Ejecutivo, los que tendrán un aumento salarial son el personal operativo y el de categorías, que es aquel con especialidad técnica para áreas como seguridad pública, procuración de justicia, o investigación científica.
En el caso de los operativos, la propuesta de Hacienda es incrementar su monto máximo de ingreso de 18 mil a 19 mil pesos mensuales. Mientras que para el personal con especialidad técnica el aumento es de entre 4 y 5%, en comparación con el ingreso del año pasado.
Los recortes responden a los cambios a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre y que establecen que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, es decir, más de 108 mil pesos mensuales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones al dar respuesta a una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, pero en la propuesta de Presupuesto de Egresos la secretaría de Hacienda incluyó los ajustes salariales.
A la fecha, suman 2 mil 772 demandas de amparos contra esta ley que cambia que, por ejemplo, los funcionarios con el cargo de Jefe de Unidad tengan ingresos por 195 mil 362 pesos, como ocurrió durante el sexenio anterior.
A diferencia del Poder Judicial que se negó a aplicar el ajuste salarial e incluso se enfrentó a López Obrador, como titular del Ejecutivo, pidiendo respeto a la división de poderes; el Legislativo —en donde el partido Morena es mayoría— se alineó a la petición de recorte aplicando una reducción de 19% en los ingresos para diputados y de 22% para senadores.
En cambio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y los Magistrados del Tribunal Electoral de la Federación seguirán teniendo un ingreso igual al de 2018: que suma hasta 578 mil pesos mensuales.
Para los funcionarios que laboran en las Cámaras también hay recorte. En el Senado, por ejemplo, el Jefe de Departamento que ganaba 50 mil pesos ahora tendrá un ingreso mensual de 40 mil 834 pesos.
El personal operativo de confianza de la Cámara Alta también verá reducidos sus ingresos en 7% y si bien antes obtenía hasta 41 mil 876 pesos mensuales, ese monto será ahora de 38 mil 800.
En la Cámara de Diputados, el recorte promedio para el ingreso de las plazas de mandos altos y medios es de 19%. Como hizo el Ejecutivo para los puestos operativos, los diputados no recortaron ingresos de esas plazas, aunque el aumento es de apenas un 4%, por lo que personal de confianza que antes tenía ingreso por 18 mil 647 pesos ahora podrá ganar 20 mil 369.
En cuanto a los organismos autónomos —aquellos inscritos en la Constitución pero que no dependen de ninguno de los poderes del Estado ni para gestión o control de presupuesto—, solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó en su propuesta de gasto para el próximo año un aumento salarial, mientras que el resto redujo sueldos.
Para el Presidente de la CNDH en 2018, el organismo consideró un ingreso mensual de 198 mil 217 pesos. En la solicitud de presupuesto para el próximo año hay un aumento de 4.7% para sumar 207 mil 609 pesos mensuales.
Para los visitadores, directores generales, directores generales adjuntos, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y personal operativo, también se solicita un incremento en ingresos de, en promedio, 6%.
Este 10 de diciembre, el titular de la CNDH, Raúl González Pérez, dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que era conveniente ajustar remuneraciones de funcionarios públicos, pero “siguiendo estándares internacionales, parámetros objetivos y fundados en Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público”.
Mientras la CNDH presentó su presupuesto con un aumento salarial, los otros organismos autónomos incluyeron en su propuesta de presupuesto recortes.
El ingreso mensual del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se reduciría 36%; el de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) un 32%; mientras para los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se propone un recorte de hasta 19%.
En el caso del INE, el consejero Benito Nacif es uno de los funcionarios que se han amparado para evitar la reducción salarial, el 10 de diciembre un juez le otorgó una suspensión temporal contra la aplicación del recorte.
El Congreso tiene como fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos el próximo 31 de diciembre, se prevé que esta semana concluya el análisis en la Comisión de Presupuesto para turnarlo al pleno para su aprobación final.