Más recaudación, menos gastos y combate al lavado de dinero: retos de la nueva Secretaría de Hacienda

Recaudar más dinero de la producción petrolera, construir más carreteras, invertir más en los jóvenes, reducir los gastos en personal, diseñar una estrategia que sí dé resultados en el combate al lavado de dinero, aumentar el tamaño de la economía mexicana y, todo, sin subir ni un peso los impuestos al ciudadano.  

Estos son algunos de los principales retos que la nueva Secretaría de Hacienda dirigida por Carlos Urzúa, quien fue ratificado ayer en el cargo por la Cámara de Diputados, tendrá en la nueva administración del presidente López Obrador.

Uno de los primeros objetivos será aumentar el ritmo de crecimiento de la economía mexicana.

Hasta ahora, según datos expuestos el miércoles pasado por Carlos Urzúa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde el año 2000 a la fecha, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido en torno a un 2 %; una cifra “desilusionante”, en palabras de Urzúa, por debajo del 4 % que se busca conseguir para el final de este sexenio, según la promesa de campaña que hizo López Obrador.

Sobre la inversión pública, Urzúa dijo que es baja por dos motivos: mala calidad y corrupción. “Si tú como gobierno inviertes muchos millones de pesos, pero obtienes a cambio una estructura muy pobre y, a veces, inconclusa, pues entonces es de esperar que el país no crezca”, señaló.

En cuanto a la inversión privada, Urzúa dijo que está en torno al 19 % del PIB. “No es mala, pero se necesita mayor inversión”, apuntó. En cualquier caso, matizó el funcionario, si se suma en promedio la inversión pública y privada, ésta “no va a llegar a un 21 %”, mientras que, en países con tasas de crecimiento estable, la suma “es, al menos, del 25 %”.

No más impuestos, pero mejor recaudación

Sobre los ingresos que el Estado recauda de los impuestos de los contribuyentes mexicanos, Carlos Urzúa explicó que en la actualidad el ingreso es del 14.2 % del PIB, mientras que “en la gran mayoría de países de América Latina” es del 20 %. De hecho, México solo recauda más que Panamá, Perú, y Venezuela, según expuso este jueves en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Rosalinda López, la nueva administradora general de auditorías fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Héctor Vázquez, nuevo administrador general de recaudación del SAT, apuntó que, además de combatir la evasión, también se plantea como objetivo mejorar la recaudación a través de herramientas tecnológicas, como el portal digital ‘Mi contabilidad’, que permite calcular el pago de impuestos, y que ya están usando un millón de contribuyentes.

“Hay que facilitarle las cosas al contribuyente”, recalcó Vázquez, quien enfatizó que la multa por impagos es una medida que, por sí sola, no está mejorando la recaudación, por lo que planteó que es necesaria una reforma al código fiscal para ofrecer facilidades de pago al contribuyente.

Bajo rendimiento de Pemex

Urzúa recordó que también hay otro problema: la baja recaudación petrolera. “Ahora, los ingresos petroleros no llegan ni a un 4 % del PIB, cuando antes era del 8 %”. Esto se debe a varios factores, como la caída en ocasiones puntuales del precio del barril de petróleo, pero también por un desempeño pobre de la dependencia en los últimos años y a la corrupción.

“En Pemex tiene que haber más inversión, pero también tiene que haber una mejora en el rendimiento, tiene que haber más transparencia, y tenemos que acabar con la corrupción que existe a su interior”, enfatizó Urzúa.

Sobre el tema de la corrupción, tan solo un ejemplo: en la investigación La Estafa Maestra, Pemex fue, de las 11 dependencias del gobierno federal involucradas, la que más dinero salió de sus arcas –más de 3,500 millones de pesos– que fue a parar a empresas fantasma, a través de universidades públicas.

Reorientar el gasto

Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda del gobierno de López Obrador plantea tres grandes medidas.

Una, recortar las partidas de gasto corriente de los capítulos 1000 y 3000 del presupuesto, que se refieren a gastos en nóminas del personal que trabaja en el gobierno, publicidad, y otros servicios complementarios como coches y combustibles.

Dos, duplicar el presupuesto para obras de carreteras federales y abrir un nuevo programa de caminos rurales, que López Obrador presentará este próximo fin de semana. “Para este programa no se trata de llevar muchas máquinas, sino de involucrar a las comunidades para que la gente pueda trabajar construyendo sus propias carreteras”, puntualizó Urzúa.

Otros proyectos de infraestructura que tendrán entre sus objetivos atraer más inversionistas, son el Tren Maya, aunque sobre éste aún pesan muchos señalamientos sobre posibles daños ecológicos en las zonas que atraviesa en el sureste de México, la modernización del tren del Istmo, la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, y la modernización de los puertos de carga de Coatzacoalcos, en Veracruz, y de Salina Cruz, en Oaxaca. Sobre este último punto, el funcionario dijo que el objetivo es ser una alternativa real al canal de Panamá, uno de los puntos más estratégicos del mundo a nivel comercial.    

“El Estado debe fomentar la inversión privada. Si el Tren Maya se hace y se mejoran además los puertos marítimos, pues habrá interés de los inversionistas en venir a México. Y si el gobierno no lo hace, pues los inversionistas ni las empresas vendrán a invertir”, dijo Urzúa.

Tres, invertir más en becas para estudiantes a través del programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’, un programa que plantea la contratación de 2 millones 300 mil jóvenes, y para el que se invertirán el próximo año 22 mil millones de pesos. En cuanto a adultos mayores, la inversión será de 120 mil millones de pesos. El objetivo, planteó Urzúa, es extender el ‘Programa 68 o más’ a toda la república, como un primer paso hacia “una pensión universal”.

Combatir mejor el lavado de dinero

Otro de los retos para evitar la fuga de dinero de las arcas públicas será mejorar la eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero.

Santiago Nieto, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, expuso que, hasta ahora, el combate no está teniendo el éxito esperado. De hecho, solo durante 2018, aún durante la administración de Peña Nieto, la Unidad investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total.

Además, la Unidad recibió más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico o de la evasión de impuestos, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.

Sin embargo, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República.

“México tiene un sistema financiero sólido, pero esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó Nieto.

Para revertir esta situación, el titular de la Unidad planteó la necesidad de lanzar una nueva estrategia nacional antilavado, que deberá cumplir tres objetivos: golpear las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir de labores de inteligencia y del congelamiento de sus cuentas bancarias; vincular el trabajo de la Unidad con la nueva Fiscalía General de la República, y con las fiscalías locales; y que la Unidad de Inteligencia coadyuve con la Fiscalía, y las fiscalías locales, ante las instancias judiciales.

Empresas fantasmas y la ruta del dinero

En el sexenio que acaba de terminar, las empresas fantasmas, es decir, compañías que no tienen una infraestructura real, activos, ni personal trabajando, pero que emiten facturas falsas para cometer delitos como la evasión de impuestos, el desvíos de recursos públicos, o el lavado de dinero, se multiplicaron: en junio de 2014, cuando el SAT comienza a publicar su ‘lista negra’ de sociedades que simulan operaciones comerciales, tan solo ocho empresas fueron declaradas oficialmente como fantasma.

En junio de 2015, la cifra aumentó a 248. Menos de un año después, la cifra se disparó a 681. Para noviembre de 2017, ya sumaban 2,181 empresas fantasma. Y para el 7 de diciembre de este año, la cifra más actualizada a la fecha, ya son 7,026 empresas declaradas oficialmente como fantasma.

Para cortar esta proliferación de sociedades fachada, hay varias propuestas legislativas que tendrán que pasar por la cámara para su discusión.

En septiembre pasado, por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) pidió que se reforme el Código Fiscal para que la emisión de facturas falsas sea considerada dentro de los delitos cometidos como delincuencia organizada.  

Con esta medida se busca incrementar el castigo de dos años de cárcel a 10. Y que pase a ser un delito grave, que amerite prisión preventiva.

Para febrero del próximo año también está previsto que se presente una propuesta ante el Congreso de la Unión que modifique la ley con el fin de que la Unidad de Inteligencia de Hacienda no solo detecte las empresas fantasmas, sino también que pueda perseguir al beneficiario final del dinero.

“La estrategia es clara: vamos a seguir la ruta del dinero”, expuso Rosalinda López, administradora general de Auditorías Fiscales, una unidad del SAT más grande que toda la Secretaría de Hacienda, con hasta 7 mil 855 empleados a abril de 2018.