El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que en el presupuesto de 2019 se incluirá un fondo de 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, escuelas, instalaciones de salud e inmuebles del patrimonio cultural, dañados por los sismos de septiembre del año pasado.
En un evento en Jojutla, Morelos, el equipo de López Obrador detalló que en Morelos se realizarán más de 4 mil acciones de vivienda, y serán llevadas a término todas las obras de reconstrucción de escuelas.
También se involucrará a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la recuperación de los inmuebles de patrimonio cultural, y en febrero se iniciará la reconstrucción del Palacio Municipal de Jojutla.
“Vamos a manejar el presupuesto con honradez. Este sábado vamos a entregar el proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados. En ese presupuesto va a haber dinero para apoyar a los damnificados”, dijo el presidente de México.
“Román Meyer, que es el coordinador de ese plan por parte del gobierno federal, ha dicho que se cuenta con ese presupuesto para empezar a trabajar en Jojutla, darle continuidad a lo que ya se inició y que se rehabilite, se mejore, se amplíe, se construyan las viviendas que se requieren”, agregó.
López Obrador también dijo que se pagarán buenos salarios para los trabajadores que hagan la reconstrucción, “para que haya empleo, que se logre un efecto multiplicador: que se hagan las obras, que se dé empleo y que el dinero quede en los mismos pueblos para que se reactive la economía”.
Una Comisión Intersecretarial de Reconstrucción (CIR), detallaron los funcionarios federales, será la encargada de la “coordinación entre distintas dependencias para dar una respuesta eficaz ante este tipo de eventos naturales”.
La nueva Comisión tendrá como objetivo vigilar el correcto uso de los recursos públicos y evitar esfuerzos “aislados” de cada dependencia involucrada, “enfocándose en la acción conjunta y simultánea”.
Además, esta Comisión tendrá también como tarea “atender a las familias y comunidades afectadas por los sismos que aún no han sido atendidas, o han sido atendidas solo parcialmente”.
Esta nueva Comisión estará encabezada por el propio López Obrador y por Román Meyer. En la Secretaría Ejecutiva estará David Cervantes, subsecretario de la Sedatu, y extitular del Instituto de la Vivienda durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, entre 2000 y 2005.
Como vocales están otros personajes clave del nuevo gobierno, como Carlos Urzúa, titular de Hacienda; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública; y Esteban Moctezuma, titular de la SEP.
El reto: solventar irregularidades en el censo
Además de estos puntos clave a cumplir, la nueva Sedatu de Román Meyer deberá afrontar otros retos en materia de reconstrucción por los daños del sismo, como solventar las inconsistencias en el censo de viviendas dañadas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el pasado mes de noviembre en su segundo informe de la Cuenta Pública 2017.
En este informe, la ASF señaló que la Sedatu, dirigida en ese entonces por Rosario Robles, reportó como viviendas dañadas por los terremotos de septiembre 44 mil casas que tienen la misma dirección, y dejó fuera del censo de damnificados a más de 8 millones de personas, a pesar de que éstas viven en municipios que fueron declarados oficialmente como zona de desastre.
La Auditoría también detectó un ‘baile de cifras’ en cuanto a las viviendas dañadas por los temblores y los recursos entregados.
Por un lado, la Sedatu reportó al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) 172 mil viviendas afectadas en su diagnóstico definitivo de daños, mientras que los 10 subcomités de Evaluación de Daños que se instalaron para la atención de 401 municipios afectados, reportaron 75 mil 945 casas afectadas, un 126% menos.
En cuanto a los montos entregados por daños, la ASF señala que tras analizar 11 actas de reportes que le entregó Sedatu, documentó 9 mil 442 millones de pesos por daños ocasionados por los temblores en viviendas, cifra que difiere en 688 millones 991 mili pesos respecto de los 10 mil 131 millones que la Sedatu reportó en su diagnóstico definitivo de daños.
Sobre este punto, la ASF denunció que “se desconoce el parámetro para calcular el monto total de daños ocasionados”.