Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, sobre Nicaragua: “Tenemos material que apunta a la responsabilidad estatal por la gran mayoría de muertes” en las protestas
La penúltima semana de 2018 podría resultar clave para Nicaragua y para la evolución de la crisis que estalló en el mayor de los países centroamericanos a mediados de abril, la peor en más de 40 años.
Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó una ley que ordena sanciones en contra del gobierno de Nicaragua y "sus cómplices" en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, similares a los que se le acusa en el marco de las protestas, que han dejado al menos 325 muertos.
Y para este viernes está prevista la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le encargó el esclarecimiento de las primeras muertes, con la autorización del gobierno de Nicaragua.
El GIEI empezó sus labores en junio, con la anuencia del presidente Daniel Ortega, pero el miércoles el mandatario ordenó intempestivamente su salida del país, junto a la de la Misión Especial de Seguimiento para Nicaragua de la misma comisión (MESENI).
Y, en vísperas de la presentación del informe -originalmente estaba previsto que se realizara en Nicaragua- BBC Mundo conversó con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrāo, para conocer su balance de la situación a ocho meses del inicio de lo que calificó como "una de las más graves situaciones de derechos humanos" del continente.
Este 2018 ha sido un año particularmente convulso para Nicaragua y no parece terminar bien, ¿no?
Realmente este año Nicaragua se transformó en un país donde se identifica un patrón de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil y de violaciones de derechos humanos. Esta nueva realidad pone a Nicaragua en nuestra lista de las más graves situaciones de derechos humanos de la región.
¿Ataques por parte de quién?
La violencia más expresiva y masiva partió desde las autoridades estatales, desde la fuerzas de seguridad pública del país, más específicamente la policía nacional acompañada de grupos parapoliciales con su connivencia y coordinación.
Hubo también algunos fallecidos militantes sandinistas, también algunos policías fallecidos, todos ellos debidamente registrados a lo largo del tiempo por medio de los informes de la Comisión, pero la más alta cantidad de víctimas fatales son de la sociedad civil.
¿Disponen de evidencia suficiente para asegurar esto? Porque el gobierno de Nicaragua ha descalificado sus conclusiones, calificándolas de "subjetivas", "mentirosas" y "sesgadas".
Hay dos dimensiones de trabajo técnico. Una que tiene que ver con la documentación y el registro de violaciones (de derechos humanos), la cual la comisión realiza por medio de testimonios y también de observaciones directas. Y según nuestra metodología alcanzamos cifras de 325 personas muertas, un poco más de 400 personas detenidas arbitrariamente al día de hoy, entre otras cosas. También obtuvimos información sobre malos tratos, tratos inhumanos y crueles en las cárceles, incluso abusos sexuales. Y más recientemente vimos el cierre de 9 organizaciones no gubernamentales.
La otra tiene que ver con el trabajo del GIEI, con la investigación específica de las responsabilidades por las víctimas fatales, de las más graves violaciones. Esta labor de investigación de responsabilidad se limitó a un marco temporal hasta el 30 de mayo, porque así se previó en el acuerdo firmado con el gobierno que creo el grupo. Esta labor es diferente a los informes producidos por el MESENI. Y las conclusiones que el GIEI presentará oportunamente son muy rigurosas y a partir de datos verificados.
¿Apuntan esas tareas a una responsabilidad de actores estatales, del aparato policial?
Esa es la tarea que la Comisión le asignó al GIEI concluir. Y estamos ahora a la expectativa de la presentación de su informe, que debía ser presentado este jueves en Managua, pero con la decisión del país de suspender nuestras actividades en el terreno tuvimos que transferirlo a una nueva fecha, y no me corresponde adelantar esas conclusiones.
Muchos en Nicaragua piensan que eso fue porque el gobierno no estaba muy contento con el resultado de las investigaciones. ¿Cuál piensa usted que fue su razón para pedir la "suspensión temporal" tanto de la MESENI como del GIEI?
No es una coincidencia, claramente, que se tomó esa decisión un día antes de la presentación del informe del GIEI. Pero eso también tiene que ver con una incomodidad por pate del gobierno debido a nuestras denuncias periódicas y cotidianas de las violaciones que siguen en el país.
El gobierno nunca salió de su posición de negación de los hechos y de justificación de la violencia por un supuesto intento de golpe de Estado. Como la Comisión no valida ese discurso, incluso porque ningún motivo puede justificar el uso desproporcionado de la fuerza y el alto número de víctimas fatales, el gobierno mantiene para adentro un discurso oficialista de que el monitoreo y las investigaciones vienen sesgadas. Pero esto es retórica política para su público interno.
¿Era diferente el discurso que manejaba con ustedes? ¿Colaboró el gobierno de Nicaragua como ustedes esperaban con las investigaciones?
Hubo dos momentos en esta relación con el gobierno mientras estábamos en el país. Hubo un primer momento, que duró hasta inicios de julio, en el que el gobierno abría las puertas de las cárceles, ofrecía información y datos públicos de los hospitales, de los centros penitenciarios, del Instituto de Medicina Legal. Y después, cuando se instauró en el país una decisión de retomar el control territorial por medio de una violencia brutal, y de descontinuar el Diálogo Nacional, la colaboración y la prestación de información por parte del gobierno empezó a disminuir progresivamente.
Es decir, en una fase inicial el gobierno se presentaba dispuesto a reconocer sus errores y eventualmente a implementar las recomendaciones de la Comisión. Pero luego todo eso cambió y esa colaboración empezó a distanciarse, al punto de no ofrecer ninguna información técnica ni copias de los expedientes judiciales de investigación para los miembros del grupo de investigación internacional. Eso no afectó tanto el trabajo del MESENI, porque el MESENi seguía hablando directamente con las víctimas y tomando notas y registros de denuncias, pero para el GIEI sí presentó una dificultad.
¿A qué atribuye usted ese cambio de actitud?
En parte fue por la presión internacional. El mundo conoció la situación de Nicaragua a raíz del informe de la comisión y eso ha generado movimientos de solidaridad internacional y también de presión por parte de la comunidad internacional.
Pero nuestro trabajo también tenía un efecto interno, que era el efecto de desmentir a los ojos de su propio pueblo esa imagen falsa de un Estado que actuaba para proteger a sus ciudadanos que trataban de proyectar.
Entonces pienso que este cambio se debe, primero, a un tema de sobrevivencia política, porque la oposición empezó a exigir adelanto de elecciones y el gobierno decidió no escuchar y mantenerse aferrado al poder. Y ese contexto político de alguna manera afectó la relación con la Comisión. Pero también creo que cuando percibieron la seriedad de las denuncias y las pruebas que estábamos recopilando dentro del país, también empezaron a sufrir presiones por parte de sus autoridades judiciales para que el gobierno pudiera defenderlos del riesgo de una responsabilidad internacional futura.
Entonces es una mezcla de intereses políticos con tratar de prevenir responsabilidades jurídicas futuras.
¿Significa eso que las autoridades nicaragüenses tiene razón para temerles a los hallazgos del GIEI y al trabajo de la Comisión en general?
Tienen muchas razones para temer, porque nosotros tenemos documentos, registros, videos, testimonios que apuntan a la responsabilidad estatal por la gran mayoría de las muertes y asesinatos, además de por el ambiente de persecución y criminalización de los movimientos sociales y los manifestantes. Y creo que las autoridades decidieron asumir una postura defensiva y obviamente eso genera un bloqueo de cualquier tipo de postura de diálogo.
Pero, ¿qué tan realista es esperar que alguna vez se van a tener que enfrentar a la justicia?
Eso se debe evaluar desde una perspectiva de corto plazo, pero también desde una perspectiva histórica.
En el corto plazo, todo va a depender de la efectiva independencia del poder judicial para realizar el control de los responsables de la violencia. Por lo que hemos observado esa independencia está bastante comprometida porque los órganos responsables de las investigaciones se han dedicado exclusivamente a presentar juicios en contra de los manifestantes y no están investigado ninguna de las muertes que pasaron durante las protestas ni durante la operación limpieza de levantamiento de los tranques, que fue la fase más brutal de todo este período.
Pero es necesario también comprender que cuando se disparan situaciones de violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos, dentro de un Estado con rasgos autoritarios, la tarea de documentar, registrar e identificara las víctimas asume una función y una importancia que solo podrá ser medida en el tiempo.
Si hoy no están dadas las condiciones inmediatas para una efectiva justicia interna, que no sea selectiva, con el tiempo las cosas cambian, y toda esa base de información será crucial para hacer justicia en el futuro. Así fue en el pasado, con los gobiernos autoritarios que afectaron a nuestra región: los procesos de justicia encontraron las condiciones para implementarse muchos años después.
¿Tiene en ese sentido un mayor rol que jugar la comunidad internacional? El gobierno nicaragüense también los ha acusado a ustedes de "intervencionistas" e "injerencistas", de ser parte de una estrategia golpista organizada desde Washington.
Esta es una retórica que se instala en cada país cada vez que el trabajo de la Comisión afecta los intereses de uno u otro grupo político. Pero la verdad es que la metodología de trabajo de la Comisión es la misma para todos los países y denunciamos actos de violaciones de derechos humanos en todos (los países), indistintamente, sin matiz político ni tampoco partidario.
Los derechos humanos valen para todos, son obligaciones internacionales asumidas por todos los Estados de forma soberana cuando ratificaron las convenciones y tratados regionales de protección a los derechos humanos, y nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro mandato integral y vamos a seguir denunciando, a pesar de estas expresiones gubernamentales de insatisfacción, porque sabemos que nuestra labor puede generar este tipo de reacción, pero es una necesidad no callarse frente a las injusticias.
Pero entonces, en el caso nicaragüense, ¿puede hacer más la comunidad internacional? ¿Debería hacer más?
La comunidad internacional debería hacer más. Creo que el conjunto de respuestas iniciales del propio Sistema Interamericano, con una vista inmediata al país, menos de un mes después del inicio de la violencia, y la visibilización de lo que estaba pasando, fue una respuesta oportuna. Asimismo las posiciones del secretario general de la OEA, y la constitución inmediata de un grupo de trabajo del consejo permanente de la OEA, formado por los países de la región, también fueron respuestas diferenciadas y rápidas, si se comparan con otras situaciones en el pasado.
Luego están las sanciones económicas que EE.UU. está implementando, los pronunciamientos de países europeos, los pronunciamientos de Naciones Unidas, y ahora la primera decisión de un estado de sacar a su representación diplomática del país, como decidió Argentina, que son todas decisiones que apuntan a un incremento de la presión internacional.
Pero siento que el gobierno (nicaragüense) decidió cerrarse al escrutinio internacional, reducir drásticamente los espacios de la sociedad civil, criminalizar y perseguir a toda la oposición política, e intentar callar la disidencia y a los medios independientes. Y esta situación exige una continuidad permanente y un incremento de la presión internacional, porque efectivamente es algo muy grave, es un efectivo deterioro de la situación de derechos humanos en el país.
De hecho, al inicio de la entrevista usted decía que era "una de las más graves en América Latina". ¿Quiénes están peor que los nicaragüenses?
Si se consideran las víctimas fatales por uso de violencia institucional en un período tan corto, la situación de Nicaragua es definitivamente la peor. Pero si se considera la dramática situación de los efectos sociales y económicos de la crisis venezolana, con casi dos millones de personas saliendo del país para buscar sobrevivencia, la escala del impacto es mucho más amplia.
Pero la verdad es que no hay que comparar las situaciones de violaciones de derechos humanos, porque cada una tiene su impacto diferenciado para las sociedades. Lo que la comunidad debe es tener una profunda conciencia de que en Nicaragua estamos frente a una de las más graves situaciones de violaciones derechos humanos de los últimos tiempos.
¿Y qué tan optimista es usted sobre un posible cambio de esa situación en el nuevo año?
Nosotros tenemos mucha esperanza en la sociedad civil nicaragüense, porque entiende que la lucha que se pierde es la lucha que se abandona y ha demostrado mucha valentía en seguir denunciado, a pesar de todo el ambiente de intimidación y persecución. También vemos como positiva las señales de la creación de una unidad nacional que comprende distintos sectores sociales -la academia, empresariales, estudiantiles, religiosos- porque eso fortalece las condiciones para exigirle al gobierno y que entienda la necesidad de escuchar a otras demandas que no sean exclusivamente las de sus propios simpatizantes.
Pero la primera señal, la primera actitud, siempre debe ser tomada desde las propias autoridades estatales y en ese sentido no es posible ser muy optimista, porque el gobierno estigmatizó a la iglesia, que cumplía un rol importante en la mediación del Dialogo Nacional; cerró las puertas para la continuidad de la propia mesa del diálogo; está deteniendo a los líderes sociales y de la oposición y están intentando cerrar los medios independientes; están expulsando del país a personas que vivían ahí desde hace 20, 30 años -incluso con nacionalidad nicaragüense- porque apoyaron las protestas, y se cerraron al escrutinio internacional de la ONU y del sistema interamericano. Y eso no parece demostrar una verdadera disposición a respetar una pluralidad de ideas, que es una exigencia para la vigencia efectiva de una democracia.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
