Senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN para revertir las reformas al artículo 21 de la Ley de la Administración Pública Federal, que fueron aprobadas en ambas Cámaras del Congreso, con la mayoría de Morena y sus aliados, y publicadas el pasado 30 de noviembre en el Diario Oficial.
En las impugnaciones, los senadores de oposición argumentaron que la figura de los superdelegados y las comisiones presidenciales violan la Constitución, van en contra del pacto federal y la división de poderes.
La acción de inconstitucionalidad promovida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las comisiones presidenciales fue firmada por 52 senadores de oposición.
En el documento presentado argumentan que estas comisiones violan los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al no contar con parámetros ni atribuciones concretas de funcionamiento y por lo tanto, situarse por encima de la propia Constitución.
Asimismo, argumentan que hay una invasión de facultades, pues la Constitución establece claramente quiénes son las autoridades facultadas para perseguir ilícitos penales.
Mientras, la acción de inconstitucionalidad promovida contra la figura de los “superdelegados” lleva el respaldo de 45 senadores de oposición.
Argumentan que los delegados estatales rompen con el sistema político federal, contravienen los principios generales de la administración pública y violan el principio de división de poderes, al equipararse a los gobernadores sin contar con legitimidad democrática.
Al respecto, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, dijo que la figura de los superdelegados crea un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Ello, expuso, porque contraviene la prohibición constitucional de crear órganos intermedios entre los niveles de gobierno, además de que trastoca el principio de jerarquía de la administración pública y rompe con el principio de horizontalidad que debe operar entre funcionarios.
Aseguró que las impugnaciones buscan salvaguardar los principios federalistas y de equilibrio entre los poderes de la República.
Con esto suman tres acciones de inconstitucionalidad, junto con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovidas en la Corte, por senadores de oposición.
Con información de Notimex