Gobierno de CDMX incumple con recomendación del caso Narvarte

En julio de 2017, el gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera aceptó en su totalidad la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHDF) emitió por las graves irregularidades ocurridas en la investigación del multifeminicidio de cuatro mujeres y el homicidio de un periodista en un departamento de la colonia Narvarte en 2015. Pero hasta ahora, dicha recomendación no se ha cumplido.

Así lo señala un reporte oficial de la CDHDF sobre el seguimiento de esta recomendación, el cual muestra un avance promedio de apenas 31 por ciento en el cumplimiento global de la misma, sin que uno solo de los 16 puntos dirigidos a la Procuraduría de la ciudad –dependiente del gobierno capitalino- se haya cubierto al cien por ciento. Incluso, hay algunos donde el estatus de avance es del cero por ciento.

“La recomendación está absolutamente incumplida, no hay ni un punto que podamos establecer como resuelto o como cumplido de parte del gobierno de la ciudad lo que es lamentable. Ocurre lo de otras recomendaciones: la aceptan porque si no vendría un recurso de impugnación pero en la práctica no se ha hecho casi nada. El Caso Narvarte reveló problemas estructurales y que se tienen que corregir en la procuración de justicia, pero lamentablemente no se  ha hecho”, dijo Karla Michelle Salas, una de las abogadas.

Por su parte, la Procuraduría capitalina reconoció a Animal Político que no ha cumplido a cabalidad con toda la recomendación, aunque dijo que ha enviado pruebas de haber cumplido con seis puntos recomendatorio, sin que la CDHDF les haya dado respuesta. También señaló que son las víctimas las que no han aceptado hasta ahora las propuestas que se han planteado sobre indemnización y disculpa pública.

Se trató de un crimen que afectó, en un solo hecho, a tres grupos vulnerables: los defensores de derechos humanos, los periodistas y las mujeres. Pese a ello, la CDHDF concluyó que la Procuraduría hizo una investigación plagada de ineficiencias, que no solo no esclareció lo ocurrido (pese a haber tres detenidos) sino que  su vez violó por lo menos cinco derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.

“La administración de Miguel Ángel Mancera tuvo la oportunidad de  resolver con los más altos estándares este caso que afectó a tantos grupos vulnerables pero no lo hizo y queda como uno de los grandes fracasos. Pero a partir de este 5 de diciembre esa responsabilidad es ahora del gobierno de Claudia Sheinbaum que esperamos que cumpla con esto”, dijo la abogada Salas.

Punto recomendatorio:

Preparar un plan de investigación para esclarecer el caso

La CDHDF había pedido a la Procuraduría de la ciudad que en un plazo no mayor a los 90 días elaborara un “plan integral de investigación” a través del cual se subsanaran las deficiencias registradas hasta ahora, y se exploraran todas las líneas de investigación abiertas que permitieran esclarecer el motivo del multihomicidio y la verdad de lo ocurrido.

Pero hasta la fecha ya pasaron cerca de 500 días sin que dicho plan se haya terminado de diseñar y menos de implementar.

Karla Salas explicó que el grado de avance que se reporta en el cumplimiento de este punto tampoco obedece a un trabajo que haya hecho por iniciativa propia la Procuraduría, sino a un documento con diligencias que los propios abogados que representan a las víctimas solicitaron y que incluso tuvieron que ampararse para que se lleven a cabo.

“Hay un primer borrador elaborado por la procuraduría local que se reduce a un listado de diligencias pendientes por realizar y es todo (…) Con un amparo ganamos que se hicieron algunas diligencias, y parte es lo que presenta ahora como un plan de investigación es eso. Pero ese documento dista mucho de ser un plan”, dijo la abogada.

Punto recomendatorio:

Agotar todas las líneas de investigación del caso, incluidas las relacionadas con la actividad de las víctimas

Grado de avance: 17%

La Comisión pidió a la Procuraduría que realice las acciones necesarias para verificar todas las posibles líneas de investigación y móviles del homicidio, entre ellas lo relacionado con el trabajo de activismo de Nadie Vera y de periodismo de Rubén Espinosa, quienes semanas antes del homicidio abandonaron Veracruz acusando persecución del gobierno de Javier Duarte.

El avance en el cumplimiento de este punto es mínimo. No llega ni a 20 por ciento. Salas subrayó que mientras no se desahoguen las líneas de investigación pendientes en el cado, no se puede cumplir el derecho a la verdad que marca la Constitución y por ende el caso está en la impunidad.

“Hay tres personas detenidas que la Procuraduría dice que fueron los asesinos pero es todo. No sabemos quién es el autor intelectual, no hay un móvil esclarecido. Hay cabos sueltos como las armas utilizadas y si se usaron silenciadores o no, lo que a su vez podría vincular el caso con delincuencia organizada. Pero nada de eso tiene respuesta a más de tres años del caso”, dijo Salas.

Punto recomendatorio:

Investigar y sancionar a funcionarios responsables de haber filtrado datos del caso, entre otras irregularidades

Grado de avance: 17%

La Comisión pidió a la Procuraduría investigar y sancionar administrativa y/o penalmente a los funcionarios ligados a la investigación que ilegalmente filtraron datos de la misma, situación que, entre otras cosas, contribuyó a revictimizar a las personas que fueron asesinadas, afectando además el sentido de la indagatoria. Esto entre otras irregularidades,

La Comisión había solicitado que en un plazo de 30 días se tuvieran avances al respecto pero, hasta el día de hoy, se reporta un cumplimiento mínimo.

La abogada Karla Michelle Salas dijo que sobre este tema las víctimas no tienen ningún tipo de claridad ya que la Procuraduría es omisa en dar detalles de la investigación interna que lleva a cabo. Dijo que solo supieron del caso de un policía de investigación que fue detenido pero que ya quedó libre.

“Aquí más bien parece lo contrario. Parece que la negligencia e ineptitud se premia, el propio subprocurador de averiguaciones previas centrales (Edmundo Garrido) que estuvo al frente del caso lo volvieron Procurador. Y luego había un encargado, un coordinador de agentes del MP que lo cambiaron y lo volvieron jefe antisecuestros. Ningún castigo para nada” dijo la abogada.

Punto recomendatorio:

Reconocimiento público de responsabilidad y perdón a las víctimas

Grado de avance: 26%

La CDHDF le pidió a la Procuraduría capitalina que en un plazo no mayor a 60 días hiciera un acto de reconocimiento público de las responsabilidades en que incurrió al desarrollar una investigación deficiente, y admitiera la afectación que esto ocasionó a las víctimas indirectas, es decir, a los hermanos, hijos y padres de las personas asesinadas en los hechos.

Dicho plazo ya se venció hace más de un año y hasta ahora el evento no se ha realizado. La CDHDF reporta un escaso avance en el cumplimiento de este punto recomendatorio.

De acuerdo con Karla Salas, uno de los elementos que ha atorado este tema es que el procurador en la gestión de Mancera, Edmundo Garrido, se negó a encabezar este acto, pese a que él estuvo a cargo inicialmente del caso y a que era el máximo funcionario de la dependencia.

A ello se suma, explica la abogada, que la redacción que se había propuesto hacía parecer a este reconocimiento como un trámite para cumplir con la recomendación y no como una aceptación honesta de responsabilidad.

Punto recomendatorio:

Indemnizar a las víctimas por daño material e inmaterial

Grado de avance: 22%

La recomendación dio un plazo de 120 días a la Procuraduría para que indemnizara integralmente a las víctimas, y estableció diversas circunstancias que tenían que tomarse en cuenta para el cálculo de las mismas, como la situación económica de los familiares cercanos a las personas asesinadas, el grado de vulnerabilidad, etcétera.

Hasta ahora dicha indemnización no se ha otorgado y el grado de avance es apenas de 22 por ciento. Karla Salas explicó parte de la situación que ha complicado que este apoyo se otorgue:

“Se hizo una presentación de una propuesta de la procuraduría que no cumplía con ningún tipo de estándares en derechos humanos. Una indemnización no es un enriquecimiento de las familias sino un reconocimiento, pero no quieren indemnizar a todas las personas que son las victimas indirectas, solo a determinados hermanos y no a todos”, sostuvo la abogada.

Punto recomendatorio:

Proporcionar tratamiento y acompañamiento sicológico

Grado de avance: 0%

Dado que la actuación y negligencias en la que incurrieron los funcionarios de la Procuraduría terminó revictimizando a los familiares de las personas asesinadas, causándoles afectaciones emocionales, entre otras la Comisión ordenó que se brindaran todos los apoyos para darles tratamiento sicológicos.

Pero nada de eso ha ocurrido y al día de hoy el avance es de cero por ciento. La abogada de las víctimas confirmó que dicho apoyo ha sido simplemente inexistente.

Punto recomendatorio:

Actualizar protocolo para indagar feminicidios y homicidios a periodistas

Grado de avance: 40%

La CDHDF pidió a la procuraduría hacer una extensa revisión de los protocolos que aplica para la investigación de los feminicidios y crímenes contra periodistas, y que evidentemente no funcionaron adecuadamente en el caso Narvarte. Dio 60 días para ello pero hasta la fecha, el indicador de avance en este tema no llega ni a la mitad.

“Si están realmente trabajando en este proceso lo están haciendo bajo sus propios criterios, sin buscar por ejemplo la asesoría de organizaciones especializadas. Y eso suponiendo que realmente se esté cumpliendo con este punto, cosa que nosotros desconocemos”, comentó Salas.

Punto recomendatorio:

Fortalecer mecanismos de seguridad de las investigaciones para evitar filtraciones

Grado de avance: 33%

Luego de que la Comisión confirmara que en la investigación del Caso Narvarte se filtraron ilegalmente fotografías y detalles de la indagatoria, aun cuando ni siquiera habían sido comunicados a los abogados de las víctimas a los familiares, se pidió a la Procuraduría elaborar un mecanismo de control para que ello no suceda en ningún caso.

Pero este punto recomendatorio tampoco se ha cumplido. La CDHDF reporta un escaso avance de 33 por ciento hasta la fecha y la filtración de datos de las indagatorias ha continuado sistemáticamente.

Para citar un ejemplo reciente, el INAI denunció públicamente y ante el Ministerio Público la filtración de la fotografías de la muerte de uno de los consejeros, Carlos Bonnin, tras caer del edificio de la institución.

“Esta es una práctica cotidiana que lamentablemente que continua realizando y que esta solapada desde el titular. Se tienen que fortalecer los mecanismos de investigación y de sanción. Aquí tiene que haber un cambio de política institucional. En otras recomendaciones se ha insistido en este tema pero sigue sucediendo lo mismo”, dijo Karla Salas.

Procuraduría: se ha cumplido con seis puntos; víctimas han rechazado ofrecimientos

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reconoció que no se ha cumplido al cien por ciento con la recomendación 4/2017 relacionada con el Caso Narvarte, aunque precisó que ha enviado a la CDHDF pruebas de cumplimiento de seis de los 16 puntos recomendatorios, sin que hayan recibido respuesta del organismo autónomo.

“Del plan integral de investigación, la actualización del Protocolo de Investigación de Feminicidio, la actualización del Protocolo para Periodistas, el mecanismo de control y supervisión para evitar la filtración de datos en averiguaciones previas, el acto de disculpa público y la investigación administrativa por Visitaduría Ministerial se han enviado las pruebas de cumplimiento correspondientes, por lo cual, se ha solicitado a la Comisión su conclusión, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna”, destacó la dependencia.

En cuanto al resto de los puntos recomendatorios la Procuraduría dijo que hay nueve que se encuentran en “trámite” sin dar mayores detalles de los mismos, y dijo que hay uno del que no fue notificada.

La dependencia finalmente detalló que en el caso específico de aspectos como la disculpa pública y las indemnizaciones son las víctimas las que se han inconformado con los ofrecimientos propuestos, lo que ha impedido que se pueda finiquitar estos temas.

“En lo relativo a la disculpa pública y la indemnización, éstas se han concretizado, realizándose las acciones para su cumplimiento, empero, no han sido aceptadas por los abogados representantes de 5 de las víctimas indirecta (…) la propuesta de indemnización de la Procuraduría, a favor de 5 víctimas indirectas fue aprobada por el Grupo de Trabajo GT11.PGJ.CDHDF. Posteriormente dos víctimas indirectas hijas de una víctima directa presentaron pretensiones con cantidades diferentes, las cuales están en análisis para formular una nueva propuesta de indemnización”, indicó la dependencia.