Víctimas dan propuestas sobre cómo debe ser el mecanismo internacional que persiga delitos impunes en México
Durante los diálogos sostenidos por Andrés Manuel López Obrador con víctimas de la violencia en México, primero como candidato a la presidencia y luego como candidato electo, el hoy presidente de la República se comprometió a crear seis instancias autónomas, para instrumentar la política de “justicia transicional” anunciada para su gobierno.
De entre ellas, destaca el “Mecanismo internacional contra la impunidad”, que se encargará de perseguir penalmente las graves violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en las décadas pasadas, y que permanecen sin castigo hasta la fecha, pero, ¿qué será y cómo funcionará este organismo?
A continuación, te presentamos un resumen de la propuesta que colectivos de víctimas y de defensores de derechos humanos vienen construyendo desde septiembre pasado, y que será presentado a las nuevas autoridades federales en las próximas semanas, bajo la promesa de cumplimiento:
Mecanismo internacional, ¿para qué?
En México, el Ministerio Público ostenta la facultad exclusiva de perseguir e investigar los delitos que se cometen en contra de la ciudadanía. No obstante, destaca la propuesta civil, está “demostrada la falta de capacidad del sistema de justicia (nacional) para investigar a los máximos responsables” de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Por esta razón, se destaca, es necesario crear un ente que, de forma independiente a las instituciones actuales, investigue hechos tales como desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, y otras violaciones graves a derechos humanos cometidos desde 1968, así como las estructuras criminales y redes de corrupción que les han dado cobijo, para enfrentar a esas personas a proceso penal.
La propuesta elaborada por los colectivos civiles destaca que, además de la demanda de conocer la “verdad” histórica en torno a graves hechos de violencia ocurridos en México desde 1968 (que será atendida por la Comisión de la Verdad, otro de los órganos a cuya creación se comprometió el gobierno de López Obrador), también es necesario que el proceso nacional de pacificación incluya el esclarecimiento legal de estos hechos, mediante la identificación y consignación penal de los responsables, así como de los vínculos específicos entre graves violaciones a derechos humanos con intereses políticos y económicos.
Este “Mecanismo internacional contra la impunidad”, pues, debe esclarecer los casos que el Ministerio Público ha dejado sin investigar y sin procesar, en los últimos 50 años.
¿Por qué debe ser “internacional”?
Bajo el entendimiento de que las instituciones ordinarias de justicia en México están infiltradas por el crimen organizado, y por redes de corrupción, la propuesta aceptada por López Obrador en septiembre pasado establece que el problema de la impunidad en el país debe ser atendido por un órgano que cuente con la observación, la asistencia técnica e incluso la tutoría de un organismo multilateral con autoridad moral, demanda a la que el hoy presidente de la República no sólo accedió, sino que se comprometió a invitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la propuesta de funcionamiento del Mecanismo Internacional contra la Impunidad formulada por los colectivos civiles, la intervención de la ONU adelantada por López Obrador no sólo es aceptada, sino que se propone que ésta se formalice mediante un tratado internacional, en el que se establezca que el titular del mecanismo sea designado directamente por el Secretario General de Naciones Unidas, y que su sede oficial sea México, “para que sus actividades se desarrollen lo más cerca posible de víctimas y comunidades afectadas”.
Las posibles fórmulas legales para crear este Mecanismo, se destaca, son diversas: en caso de que efectivamente el nuevo gobierno permita que la PGR se convierta en una Fiscalía autónoma del poder Ejecutivo (autónoma de hecho, no sólo de dicho), ésta podría albergar una fiscalía especial que bajo vigilancia y con la asistencia técnica de la ONU emprenda las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad impunes, identifique a los responsables y los lleve a juicio.
Otra posibilidad prevista por los colectivos civiles es el establecimiento de una misión especial de las Naciones Unidas (tal como ocurrió en Guatemala) que de forma independiente al Ministerio Público realice sus investigaciones, y que cuente con la facultad legal de llevar a posibles responsables ante la justicia, para ser procesados penalmente.
Una tercera opción es mixta: un órgano especial de la ONU instituido en México, que realice investigaciones de forma independiente al Ministerio Público, pero que cuente con la asistencia de éste para presentar consignaciones ante jueces penales. Esta opción conciliaría la existencia de un órgano extraordinario, con el monopolio exclusivo que la Constitución mexicana otorga al MP sobre la procuración de justicia.
Sin embargo, se destaca que en todos los casos es una condición irrenunciable que este Mecanismo cuente con autonomía absoluta para realizar sus investigaciones, y que bajo ningún esquema quede subordinado en sus labores a la aprobación del gobierno.
¿Cómo hacer lo que no se hizo en 50 años?
Si bien la misión del Mecanismo Internacional contra la Impunidad es abatir el rezago en materia de justicia penal que sobre violaciones graves a derechos humanos se ha acumulado desde 1968, la intención no es crear en México un órgano extraordinario compuesto por extranjeros, que haga lo que no quieren hacer los órganos ordinarios, como son las procuradurías y fiscalías estatales, o la nacional.
Por ello, se destaca en la propuesta de colectivos civiles, es necesario que este Mecanismo desde un principio tenga una composición mixta: con expertos nacionales e internacionales que trabajen en una línea de aprendizaje mutuo, bajo la idea de que en el mediano plazo se reduzca la necesidad de especialistas de otros países, y éstos sean relevados por mexicanos, capacitados bajo altos estándares en el mecanismo mismo.
Contar con “personal internacional designado por Naciones Unidas” permitirá garantizar la “independencia y capacidad técnica” de los investigadores de violaciones graves de derechos humanos impunes en México, y también permitirá “incrementar la confianza de las víctimas, como por ejemplo ocurrió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señala la propuesta de los colectivos civiles.
De forma posterior, la propuesta civil prevé que el personal mexicano que sea formado y capacitado por el Mecanismo Internacional en materia penal, pericial y de investigación, sea paulatinamente transferido “a fiscalías federal y estatales”, conforme éstas vayan consolidando su autonomía, “para fortalecer sus capacidades”.
La propuesta de los colectivos ciudadanos reconoce que un aparato de justicia extraordinario no puede crearse de la noche a la mañana, ya que su diseño y la selección de su personal requieren procesos muy cuidadosos.
Por ello, se plantea que la selección del personal se lleve a cabo durante 2019, mediante “concursos públicos de Naciones Unidas, que aseguren transparencia, experiencia, conocimientos técnicos nacionales e internacionales, igualdad de oportunidades”, para garantizar la “alta calidad moral” de este cuerpo de investigadores y especialistas, con el objetivo de que esté en pleno funcionamiento para 2020.
Una acotación discutida por los colectivos en las reuniones para afinar la propuesta es que aunque el mecanismo para operar plenamente se tome estos tiempos, empiece por algún caso emblemático en el que se pueda tener resultados en el corto plazo, para demostrar la utilidad del mecanismo y que la sociedad vea su efectividad. Esto sólo como inicio, sin caer en encapsular los casos y atenderlos de uno en uno, ya que lo importante será trabajar en desmantelar el sistema de corrupción que ha permitido el crecimiento de la violencia, y que quede claro que no se atiende sólo a algunas víctimas, sino a todas.
El objetivo a largo plazo, se concluye, no sólo es cerrar la brecha de impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos y crímenes atroces en México, sino lograr el “fortalecimiento de las instituciones (ordinarias) de procuración de justicia a nivel federal y estatal, a través de la transmisión de competencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de investigación”.
