Diputados aprueban reforma para aplicar extinción de dominio en casos de corrupción y huachicoleo
El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio (proceso por el que una persona señalada de cometer un delito pierde los derechos sobre un bien, y los toma el Estado), considerando ahora casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Con mayoría calificada, con 474 votos a favor, los diputados dieron “luz verde” a las reformas constituciones que amplían el catálogo para aplicar la extinción de dominio, mismo que se turnó a los congresos locales para sus efectos constitucionales.
Al presentar el dictamen, Miroslava Carrillo Martínez señaló que “al aplicar la extinción de dominio se instituye que el negocio del crimen no es opción para nadie”. Además de que el Estado puede hacerse de recursos económicos, dijo, se reduce la inseguridad y se apoya a las víctimas del delito.
Por el PRI, María Alemán Muñoz Castillo dijo que la extinción de dominio es un paso firme en la lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero y contra el crimen organizado en México.
“Hoy le decimos a los mexicanos que a través de la extinción de dominio el Estado mexicano podrá incautar bienes muebles e inmuebles derivados de actos de corrupción y actividades ilícitas, como el huachicoleo y otros delitos graves”, para regresar los recursos a las arcas públicas y utilizarlos en beneficio de los mexicanos.
Agregó que el gobierno tendrá herramientas verdaderas, eficaces, eficientes para retener los bienes cuya legítima procedencia no se pueda acreditar y estén relacionados con corrupción, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, entre otros.
En tanto, el perredista Javier Salinas Narváez sostuvo que la extinción de dominio es la figura más idónea para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas.
“Estamos ciertos de que la buena instrumentación de esta figura la convertirá en una herramienta indispensable para el combate de los terribles flagelos del crimen organizado y de la corrupción”, aseveró.
Al fijar la postura del Partido Verde, Marcó Antonio Gómez Alcantar avaló el dictamen y afirmó que la incorporación de los hechos de corrupción al catálogo de delitos va a permitir al Estado mexicano recuperar aquellos bienes que hayan sido obtenidos por esta vía, y devolverlos al dominio de la nación.
Resaltó que igualmente es novedoso que los bienes adquiridos por quienes se dedican al robo de hidrocarburos también puedan ser sujetos de extinción de dominio, pues es de todos conocido que se trata de una actividad en franco crecimiento, por la falta de elementos suficientes para su combate y erradicación.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, dijo que su bancada apoya esta reforma, que si bien es perfectible en algunos sentidos, sin duda es mejor en todos los sentidos a la opción de no hacer nada.
A su vez, la legisladora del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, respaldó la reformas y sostuvo que la extinción de dominio está prevista en nuestra Norma Fundamental y tiene el propósito de desposeer al delincuente de los bienes muebles o inmuebles que haya adquirido con el producto de su actividad ilícita.
Por su parte, el diputado de Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, sostuvo que su bancada quiere dar un claro mensaje de que no habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción.
“Buscamos dar el ejemplo y demostrarle a la ciudadanía que vamos a combatir la delincuencia donde más le duele, es decir la parte económica. Les vamos a retirar los bienes y riquezas que indebidamente han obtenido”, sentenció.
En lo particular se aprobó con 394 votos a favor, 68 en contra y ninguna abstención.
