Exfuncionarios de Duarte salen de prisión; fiscal que los persiguió enfrenta posible juicio político

En los últimos días y gracias a la obtención de amparos, cuatro exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte procesados por presunto desvío de recursos y desaparición forzada de personas, entre ellos su exjefe de la policía Arturo Bermúdez, han salido de la cárcel. En tanto, otros funcionarios como el exfiscal Luis Ángel Bravo están a punto de hacerlo, tras ganar un recurso en contra de su detención.

Al mismo tiempo el fiscal de la entidad, Jorge Winckler, quien encabezó en los últimos dos años los casos y procesos en contra de 50 exfuncionarios duartistas, entre ellos los que han salido libres, enfrenta la posibilidad de ser destituido debido a diversos juicios políticos promovidos en su contra. Además, la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz tiene la intención de removerlo, utilizando un decreto y una posible reforma constitucional.

Ayer Jorge Cisneros, el nuevo secretario de Gobierno de Veracruz, advirtió que “todos los duartistas” podrían salir libres por supuestos errores en los casos integrados por la Fiscalía encabezada por Winckler. Y el nuevo gobernador del estado, Cuitláhuac García, calificó de “aberrante” la actuación del fiscal.

Mientras eso ocurre existen exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte presuntamente ligados a hechos de corrupción, que hasta ahora no han sido acusados de algún delito. Algunos se convirtieron en legisladores federales tras salir de Veracruz, pero hace meses perdieron el fueron que los protegía como legisladores.

Tan solo esta semana han recuperado su libertad tres exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte que se encontraban presos: el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez,  el exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac, y el excomisionado del Sistema de Aguas Francisco Valencia. Ninguno de ellos está exonerado, pero ganaron amparos para que sigan sus procesos en libertad y no en prisión, como se había decretado originalmente.

Arturo Bermúdez consiguió a través de un amparo que la jueza responsable de su caso modificara la medida preventiva de prisión que se le había impuesto. Esto luego de que se concluyera que el delito de desaparición forzada que se le imputa, aun cuando es de lesa humanidad, no está considerado en la Constitución como parte de los ilícitos que ameritan prisión preventiva automática.

En el caso del excomisionado Valencia, enfrenta proceso por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos destinados a obras hidraúlicas, caso por el cual también se encuentra procesado en Ciudad de México el exgobernador Javier Duarte. Por lo que respecta a Audirac, enfrenta juicio por el posible desvío de más de 2 mil 300 millones del Seguro Popular.

Los jueces federales que revocaron las medidas de prisión oficiosa que se habían dictado en contra de los involucrados, aludieron posibles violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, jueces de Veracruz modificaron dichas medidas por otras que implican firmar periódicamente, o no salir del país, pero ya no la prisión preventiva.

También en noviembre el exsecretario de Salud de la entidad, José Antonio Nemi Dib, consiguió que se le modificara la medida de prisión preventiva. Nemi se encuentra bajo proceso por cargos de posible corrupción tras haber autorizado recursos para la mencionada Torre Pediátrica, que presentó graves irregularidades en su construcción.

La lista de exfuncionarios liberados crecerá luego de que la defensa del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, acusado del delito de desaparición forzada, anunció la obtención de un amparo en contra de la orden de aprehensión cumplida en su contra hace unos meses, y de la medida de prisión preventiva automática que se le dictó.

Animal Político cuenta con copia de la resolución de dicho amparo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resuelta con voto dividido de dos magistrados a uno, y en la misma se concluyó que la Fiscalía del estado violó la suspensión que tenía a su favor el exfiscal de Veracruz cuando lo detuvo. También se estableció que el delito de desaparición forzada no ameritaba prisión automática.

Se prevé que en las próximas horas una jueza de Veracruz modifique la prisión preventiva y ordene la libertad de Bravo, con lo que sumarían cinco los exfuncionarios de Duarte liberados tan solo esta semana.

Fiscal en la cuerda floja

De forma paralela a la liberación de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en el Congreso de Veracruz avanzan diversos recursos para destituir al fiscal general del estado, Jorge Winckler, nombrado durante la gestión del exgobernador Miguel Ángel Yunes para ocupar ese puesto por nueve años.

Aunque el periodo de Winckler concluiría hasta 2025, diputados de la bancada de Morena (que son mayoría en Congreso) sostienen que el fiscal debe ser destituido debido a las fallas en las investigaciones en contra de los funcionarios del sexenio de Javier Duarte, así como en supuestas omisiones en la búsqueda de personas desaparecidas.

La diputada panista María Josefina Gamboa Torales, integrante de la Comisión de Procuración de Justicia y de Gobernación del Congreso de Veracruz, explicó que hay dos vías por las cuales se está intentando proceder en el caso Winckler.

Una de ellas es a través de la promoción de juicios políticos, con los cuales se busca evidenciar el supuesto mal trabajo del fiscal. De acuerdo con la legisladora, se han presentado hasta ahora tres denuncias pidiendo la promoción de juicio político.

La primera denuncia pidiendo juicio político en contra de Winckler es de una organización de nombre ONEA, que acusa a la Fiscalía de no atender a los colectivos de desaparecidos. La segunda es una denuncia del abogado Jorge Reyes Perlata, defensor de una de las personas acusadas de desaparición forzada, que acusa a Winckler y a su fiscal para casos de desaparecidos de haber torturado a su cliente.

Y la tercera denuncia en la que se solicita juicio político al Congreso proviene del propio Bermúdez, quien la hizo llegar a través de sus abogados el pasado 3 de diciembre. En ella el exfeje de la policía de Duarte acusa a diversos funcionarios, entre ellos Winckler, de haberlo presionado y hasta extorsionado para firmar declaraciones prefabricadas e inculpar a otras personas, entre ellas al propio Duarte.

Pero además de estas demandas de juicio político, el Congreso analiza reformar la constitución para poder remover al fiscal. El pasado 29 de noviembre se publicó en la gaceta legislativa una iniciativa, promovida por el diputado de Morena Emmanuel Vargas Barrientos, para modificar el artículo 33 de la Constitución de Veracruz, con la finalidad de que el Congreso pueda remover al fiscal autónomo.

Ese mismo día se publicó en la gaceta de la entidad el decreto número 749, previamente aprobado por el Congreso, en el que se reformó el artículo 67 de la Constitución de Veracruz para darle a los legisladores locales nuevas facultades para nombrar y remover al fiscal.

En una entrevista concedida a medios de comunicación, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Javier Gómez Cazarín, estimó que aun con la mayoría de Morena les faltaban cuatro votos para poder reformar la constitución y destituir al fiscal.

La diputada Gamboa comentó a Animal Político que, desde su punto de vista, no existe fundamento alguno para remover al fiscal de sus funciones. Dijo que las solicitudes de juicio político carecen de sustento, pues se basan en dichos y hasta notas de prensa.

No obstante acusó que la falta de representatividad que existe en la actual legislatura, con Morena cooptando comisiones enteras, ocasiona que se aprueben reformas a la ligera, y aseguró que hay motivos políticos detrás de este proceso.

“Lo que está pasando en el tema del fiscal es un atentado no solo contra la autonomía de esa institución, sino contra la división de poderes. Y se hacen valer de la falta de representatividad que tenemos en varias comisiones (…) ahora quieren destituir y meter a la cárcel al fiscal que encarceló a los duartistas, y si eso no es una clara protección y complicidad (del gobierno de Morena) con Duarte, y si no es un claro revanchismo con el que lo metió a la cárcel, yo ya no sé qué sea. Es una locura lo que está sucediendo”, concluyó Gamboa.

Exfuncionarios impunes

Varios de los exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte continúan sin ser acusados hasta la fecha de alguna irregularidad, pese a su posible vínculo con desvío de recursos. Por ejemplo, hay cinco funcionarios que según la investigación de “Las Empresas Fantasma de Veracruz” encabezaron dependencias desde las que se entregaron recursos a empresas fantasma.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá, quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de Comunicación Social; Adolfo Mota Hernández, quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera, quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia, y Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil.

Todos ellos contaban con fuero, pues se convirtieron en diputados federales en la pasada legislatura, pero desde septiembre pasado ya no cuentan con él. Tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz cuentan con averiguaciones en las que existen indicios de su posible participación en hechos irregulares, pero no se les ha acusado.

A ello se suman casos de otros exfuncionarios duartistas como Gabriel Deantes o Vicente Benítez, que también ocuparon áreas del gobierno veracruzano señaladas incluso por la Auditoría Superior de malos manejos de recursos, pero en contra de los cuales no se ha procedido.

Colectivos protestan en el Congreso

Luego de la excarcelación de Arturo Bermúdez, diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz realizaron una protesta en el Congreso veracruzano, en la que responsabilizaron al fiscal Jorge Winckler de no aportar los elementos suficientes para probar la posible culpabilidad del exsecretario de seguridad en la desaparición forzada de personas en la entidad, durante el gobierno de Javier Duarte.

“Es una desgracia, un golpe bajo a las víctimas, que hayan liberado a Bermúdez Zurita, pero esto es culpa de un mal trabajo jurídico de la Fiscalía. Con todo el tiempo que ha pasado desde que lo detuvieron, ya era para que tuvieran todos los elementos para condenar al señor, y no lo hicieron”, lamentó en entrevista con Animal Político Lucy Díaz, vocera del Colectivo Solecito, quien dijo que los colectivos están analizando la posibilidad de impugnar la decisión de la justicia veracruzana, de que Bermúdez afronte el proceso en su contra en libertad.

“En todo este asunto hay mucho lodo, mucho golpeteo político. Pero, como siempre, somos las víctimas las que estamos sufriendo las consecuencias”, añadió Díaz, que adelantó que las familias solo aceptarán una sentencia condenatoria en el caso de Bermúdez Zurita.

“Para nosotras sería inaceptable cualquier otra cosa que no sea una sentencia firme en contra de Bermúdez Zurita”, concluyó.

Con información de Manu Ureste