Era ella. Ximena, de 16 años. Estaba muerta.
Erika casi se desvanece. Lloró amargamente. Fue terrible reconocer a su hija. Así, con su carita de niña, pero con la piel casi pegada a los huesos. Una joven que desbordaba energía, a la que le gustaba bailar y no paraba de sonreír.
Ahora yacía pálida, sin vida.
“Fue horrible verla muerta. Pero a la vez también me dio tranquilidad encontrar su cuerpo. Había pasado largos meses de angustia, sin dormir, sin saber dónde estaba”, explica la madre.
Erika Aranda y su esposo, Juan David Sánchez, consideran que haber recuperado el cuerpo de su hija Ximena es un pequeño logro dentro de la pesadilla que han vivido desde mayo, cuando perdieron el contacto con ella y después supieron que había sido víctima de feminicidio.
Este 12 de diciembre recuperaron su cuerpo, que había sido enterrado en una fosa común en julio.
La familia vive en el Estado de México, uno de los estados con más crímenes contra de las mujeres en todo el país.
La fiscalía del Estado investiga como feminicidios 64 casos que se produjeron entre enero y agosto de 2018. Pero el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una alianza de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, asegura que en ese mismo periodo de tiempo fueron asesinadas 400 mujeres. “Como peticionarias de la alerta de género y acompañantes de casos, los revisamos uno por uno y hemos determinado que reúnen características del tipo penal de feminicidio”, explica la directora de la alianza, María de la Luz Estrada. Bajo su criterio, esto incluye: mujeres que fueron brutalmente asesinadas o cuyos cuerpos presentan lesiones inflamantes o signos de violencia sexual, o aquellas que fueron privadas de la libertad o desaparecidas. “Hemos encontrado que la fiscalía solo investiga como feminicidio cuando se tiene como victimario a la pareja”.
El 60% de ellas son jóvenes como Ximena, de menos de 17 años.
Ximena era la mayor de los cinco hijos de la pareja y estudiaba preparatoria. Quería ser enfermera.
Había pasado por una situación difícil con sus padres cuando en el mes de febrero les anunció que se iba a vivir con su novio, varios años mayor.
“Yo no quería que se fuera porque era muy joven, pero tampoco podía detenerla. Me acordaba cuando yo me enamoré, también era chica. Prefería que ella no se fuera de la casa a escondidas”, dice Erika.
La familia vive en Melchor Ocampo y Ximena se fue a vivir a Zumpango, a unos 16 kilómetros y también en el Estado de México.
La última vez que su madre la vio fue el 20 de abril. “Me dijo que estaba embarazada. Le pedí que se hiciera las pruebas médicas porque se había hecho solo unas de farmacia. A mí me parecía que era demasiado pronto para su edad, pero ella se veía feliz y se agarraba la panza”, cuenta entre lágrimas.
El último contacto que tuvieron fue cuando la felicitó por el día de la madre, el 10 de mayo.
Después no supieron nada y se preocuparon, pues normalmente se mantenía en contacto.
Cuando fueron a buscarla a Zumpango y encontraron a su novio, él les dijo que se había ido de la casa y ya no sabía de ella.
Entonces comenzó para los padres un calvario para encontrarla.
Intentaron interponer una denuncia en varias ocasiones, pero fue hasta el 16 de julio que lo lograron.
“Nos trataban mal y nos traían a vueltas y vueltas. Nos pedían distintos documentos e información que no teníamos. Otra vez nos dijeron que no tenían sistema. Nos intentaban disuadir de denunciar, que no estaba desaparecida porque se había ido por su voluntad. Una vez incluso me regañaron por ser mala madre”, cuenta Erika.
Un informe oficial del grupo interinstitucional y multidisciplinario para atender a la alerta de violencia de género, a cargo de la Secretaría de Gobernación, reconoce que “existe violencia institucional que perpetúa el contexto de impunidad en estos casos“.
Habla de irregularidades, demora y lentitud en las investigaciones, negligencia en recolección de pruebas, falta de identificación de las víctimas, extravío de pruebas, falta de entendimiento de las agresiones hacia las mujeres, así como omisión y actitud discriminatoria de las autoridades ante las denuncias.
En casi el 40% de los casos las investigaciones no se realizaron correctamente, lo que propicia impunidad, dice el reporte.
Sonia Negrete, a cargo del expediente de Ximena en el Ministerio Público, dice que fue el 27 de julio cuando identificaron que Ximena era uno de los cadáveres de la fosa común, aunque los padres dicen que a ellos no les informaron hasta el 10 de septiembre.
Había sido asesinada el 15 de mayo con un golpe en la cabeza y ese mismo día, a las 9 de la noche, la habían abandonado en una maleta en un terreno baldío en Zumpango. Al día siguiente las autoridades habían recuperado el cuerpo.
Negrete dice que se siguió el protocolo: se giraron oficios a las diferentes dependencias del gobierno diciendo que se había encontrado un cuerpo con ciertas características.
Si no hay un familiar que lo busque o lo reconozca, el cuerpo es llevado después de un tiempo a la fosa común.
“Como no se reconoció en su debido tiempo y forma, el cadáver de Ximena fue inhumado la primera semana de julio”, dice.
Asegura que depende de la capacidad de las morgues cuánto tiempo se pueden guardar los cuerpos sin identificar.
Sus padres pidieron poder recuperar el cuerpo, pero aseguran que en una de las dependencias del Ministerio Público del Estado de México les dijeron que un juez les había negado la exhumación.
Fue entonces cuando recurrieron a Frida Guerrera, una periodista y activista que les ayudó a hacer los trámites.
“Son las familias las que se tienen que poner a investigar y buscar a defensores y activistas para que se hagan las cosas bien. Es la única forma de que haya justicia. Las autoridades no tienen sensibilidad y su actitud es prepotente”, dice Guerrera.
En el caso de Ximena asegura que hubo error tras error: no quisieron levantar la denuncia de desaparición y cuando lo hicieron no tenía ficha de búsqueda. Cuando finalmente les dieron ficha, ya estaba en la fosa común.
María de la Luz Estrada afirma que la búsqueda de una persona desparecida debe empezar en cuanto una familia alerta que ha desaparecido, sobre todo cuando es menor de edad.
“Es común que los manden a esperar 72 horas antes de levantar una denuncia, y eso es violatorio del protocolo. Esas horas son vitales y es cuando se puede evitar muertes o recuperar a la persona”, asegura. Dice que no se necesita más que una identificación del denunciante.
El que no se identifique a los cuerpos con las familias que los buscan es muy común, “un problema estructural”, explica Lydiette Carrión, autora del libro “La fosa de agua”, sobre desapariciones y feminicidios.
Dice que hay problemas graves: casos en los que los cuerpos no se identificaron por años, incluso cuando habían sido encontrados a escasos metros de sus casas.
“Si te pasas años buscando a tu hija cuando ya la habían encontrado, es un drama terrible. Además del infierno que vive, la familia se empobrece brutalmente buscándolas. También las pistas para encontrar a los responsables se enfrían. El sistema sirve para perpetrar la impunidad“, dice.
El día de la exhumación del cuerpo, los padres no podían contener su llanto.
Unos forenses cavaron en una de las dos fosas comunes, cada una con siete cuerpos.
En uno de ellos había el cuerpo de otra joven de entre 14 y 16 años con un tatuaje de una flor en la cadera. “Su mamá debe estar buscándola y pasando por lo mismo que cuando yo buscaba a mi niña”, dijo Erika en voz baja.
Sacaron tres ataúdes que estaban enterrados uno tras otro. El cuarto era el de Ximena.
Después de que los padres la reconocieron, la pusieron en el féretro blanco que habían traído para ella.
Los padres y la familia fueron en una procesión de Zumpango hasta Melchor Ocampo. Ahí la enterraron. Su tumba quedó cubierta de flores blancas.
Ahora, tras recuperar su cuerpo, su esperanza es poder recibir justicia.
“Nuestra hija ya está con nosotros. Ahora, queremos saber quién la mató y que esa persona pague su delito”, dice el padre.
Por ahora, las investigaciones están en curso y no han trascendido detalles.
Al panteón de Zumpango, de donde exhumaron el cuerpo de Ximena, llegó Citlali, la madre de una joven de 18 años que fue víctima de feminicidio justo un año antes. Venía a ver su tumba.
“Dentro de este infierno, las madres que sabemos dónde están enterradas nuestras hijas podemos considerarnos afortunadas. Hay muchas que ni eso tienen”, dice.
Según datos de la fiscalía del Estado de México, de las 2.337 mujeres y niñas que se reportaron desaparecidas en el Estado de México entre enero y agosto de este año, 1.700 fueron localizadas vivas y 27 muertas. De 610 de ellas no se sabe su paradero.
Y según datos de los defensores de derechos humanos, podrían ser más.
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