Argentina: los exdirectivos de Ford que fueron condenados por secuestros y torturas durante el régimen militar
Este martes se hizo historia en Argentina. Por primera vez, la justicia declaró culpables a dos exdirectivos de una multinacional por haber participado en crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar (1976-1983).
El Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a dos exgerentes de la automotriz Ford por el secuestro y la tortura de 24 trabajadores después del golpe militar de 1976.
Los obreros, la mayoría de ellos representantes sindicales, fueron secuestrados en sus puestos de trabajo y torturados dentro de la misma planta que Ford tenía -y sigue teniendo- en la zona de General Pacheco, al norte de la ciudad de Buenos Aires.
Pedro Müller, gerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de la empresa al momento de los hechos, fue condenado a 10 años de cárcel.
Héctor Francisco Sibilla, un teniente coronel retirado que fue jefe de seguridad de la planta, recibió una pena de 12 años.
No fueron los únicos exdirectivos de Ford Argentina acusados de cometer crímenes, pero otros empresarios, incluyendo al entonces presidente de la compañía, fallecieron antes de enfrentar cargos.
Los jueces también condenaron a 15 años de prisión al exgeneral Santiago Omar Riveros, comandante militar responsable de los centros clandestinos de detención en el Gran Buenos Aires. Riveros ya cumple otras condenas por delitos de lesa humanidad.
Histórico
Otras empresas, incluyendo a las automotrices Mercedes Benz y Fiat, también fueron acusadas de haber colaborado con los militares en el secuestro y tortura de trabajadores.
Así lo determinó el informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad" elaborado en 2016 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, junto con otros organismos.
Sin embargo, ningún caso avanzó en la justicia como el de Ford.
A pesar de que el juicio y su veredicto no implican directamente a la compañía estadounidense, los querellantes en la causa señalaron que buscan demostrar que hubo complicidad empresarial y civil durante el régimen militar argentino.
"Sin la participación de civiles y más de estas empresas, el golpe (militar) no hubiera tenido éxito", aseguró a la agencia AFP uno de los principales demandantes en la causa, el exdelegado sindical de Ford Pedro Troiani.
"El Quincho"
Troiani, una de las víctimas de la represión, fue el primero en brindar su testimonio y sus palabras resultaron clave para determinar el veredicto.
"Fuimos secuestrados por las fuerzas de seguridad en el interior de la fábrica y trasladados a un precario centro clandestino de detención en la zona del campo de deportes de la fábrica", contó.
El mecánico describió cómo ese lugar de esparcimiento, conocido como El Quincho, fue cerrado con lonas verdes para utilizarlo como lugar de encierro.
"Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas. A algunos se les aplicó la picana eléctrica, otros fueron obligados a orinar y a defecar en los zapatos", relató.
Los hombres fueron trasladados a la comisaría local y de ahí a otros centros de detención, donde continuaron siendo torturados.
La mayoría fueron liberados luego de dos años. Inusualmente, todos sobrevivieron, aunque debido a la lentitud del proceso, no todos llegaron con vida a ver el juicio y su histórica condena.
Los "entregadores"
Los testimonios de las víctimas revelaron que los jerarcas de Ford no solo habilitaron partes de la planta multinacional para el accionar ilegal de los militares sino que además les entregaron "listas negras" de sus trabajadores más indeseados.
Según los querellantes fue "un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical".
El objetivo, afirmaron, fue "crear un terrorismo de empresa que le permitiera reducir personal indiscriminadamente y sin mayores costos, acelerar sin problemas las líneas de producción hasta casi la explotación (e) ignorar las insalubres condiciones de trabajo".
Los secuestros de los trabajadores se realizaron utilizando vehículos de la propia compañía.
Algunas de las víctimas afirmaron haber visto que los militares contaban con legajos y fotos suyas, que a su entender habían sido aportadas por la empresa.
Defensa
Durante el juicio, los defensores de Müller y Sibilla no negaron "la materialidad de los hechos" pero cuestionaron que se tratara de delitos de lesa humanidad (que no prescriben).
Señalaron que sus representados eran civiles y que no sabían que estos hechos formaban parte un ataque generalizado y sistemático.
No obstante, por unanimidad, los tres jueces de la corte determinaron que sí se trató de delitos de lesa humanidad. Fue por esto que pudieron emitir una condena para crímenes que ocurrieron hace más de cuatro décadas.
Debido a su avanzada edad, los magistrados dictaminaron que los condenados podrán cumplir detención domiciliaria.
La empresa Ford no emitió comunicado sobre el veredicto, que tuvo poca cobertura en los grandes medios argentinos.
Los intentos de BBC News Mundo de comunicarse con la compañía también resultaron infructuosos.
Según la periodista de BBC Mundo en Argentina, Veronica Smink, el veredicto de este martes podría sentar un precedente y abrir las puertas a otros juicios contra civiles acusados de haber colaborado con los militares.
"También podría llevar a que se reabra una demanda contra Ford en Estados Unidos, que fue congelada en 2004 a la espera de que el caso se llevara primero ante los juzgados argentinos", señaló Smink.
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