Consulta del Tren Maya no puede hacerse sin estudios previos ni información detallada: colectivo
Mientras el proyecto del Tren Maya no se apegue a las obligaciones internacionales, regionales y nacionales del Estado mexicano relativas al respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos y mientras no exista una evaluación previa del impacto social y ambiental que pueda ocasionar su construcción, no puede haber ni siquiera una consulta, plantean especialistas y organizaciones.
El Colectivo EVIS (integrado por practicantes profesionales y organizaciones que evalúan los proyectos susceptibles de violar o afectar los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas) emitió un posicionamiento donde argumenta que el Estado debe cumplir con una serie de obligaciones antes de iniciar un proyecto como el Tren Maya.
“El Tren Maya debe apegarse a las responsabilidades que tienen las empresas –nacionales o extranjeras, privadas o productivas del Estado– de respetar los derechos humanos, abstenerse de afectarlos y enfrentar las consecuencias negativas en caso de hacerlo”, se lee en el documento.
Agregan que el Estado mexicano, además de evaluar previamente los impactos que tendría un proyecto de esta magnitud, debe plantear las medidas para prevenir, mitigar y reparar los daños.
“No basta con la Manifestación de Impacto Ambiental. Es imprescindible evaluar y gestionar los impactos sociales, económicos, culturales, demográficos y geográficos así como los asociados a los cambios acelerados en la carga de la población residente y flotante”, refieren.
Para obtener estas evaluaciones, dicen, es necesario contar con información detallada, pública y abierta, sobre las características, obras y actividades del Tren Maya en cada una de sus etapas desde la planificación hasta la operación y de cada uno de los tramos que recorrerá.
El Tren Maya, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendría una extensión de más de 1,500 km y atravesaría los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.
Este 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo una consulta nacional para conocer la opinión de las y los mexicanos respecto al proyecto.
Sin embargo, el equipo responsable del proyecto detalló a Animal Político que las obras no empezarán el próximo 16 de diciembre, como lo había dado a entender el presidente electo, sino que los trabajos estarán determinados por las leyes en la materia para las obras de infraestructura, así como las fases y los tiempos que el nuevo gobierno deberá cumplir.
Lo que iniciará el próximo 16 de diciembre, aclararon, será apenas una primera fase de licitación del proyecto ejecutivo del tren con sus correspondientes estudios y evaluaciones de factibilidad, de mercado, legal y administrativo, de impacto ambiental, y financiero.
Para esta primera etapa, el equipo del presidente electo ha solicitado al Congreso un presupuesto de 8 mil millones de pesos para 2019.
“No puede haber consulta”
El Colectivo EVIS explica que “no puede haber consulta nacional ni indígena” sin que antes se presente la evaluación y gestión de impactos ambientales, sociales, económicos, demográficos y geográficos, misma que estaría lista hasta diciembre.
Resaltan que el Estado mexicano debe garantizar el derecho a participar en la toma de decisiones a través de una consulta libre pero informada, antes de adoptar y aplicar medidas administrativas o legislativas susceptibles.
Ante esto el colectivo solicita al presidente electo y su equipo de transición que cumplan con lo siguiente:
- Generación y divulgación de información objetiva, veraz, oportuna y completa sobre el Tren Maya que incluyan las características, detalles de la obra; la información sobre el presupuesto (tanto el solicitado, como el aprobado y ejercido), e información sobre las fuentes específicas y concretas de financiamiento.
- Evaluación y gestión de impactos sociales, económicos, culturales, demográficos, geográficos y ambientales. Además de un mapeo que incluya a los actores de interés en la región, y la predicción y valoración de impactos generales, específicos y diferenciados que pudieran tener las obras en niñas y niños; mujeres; jóvenes; adultos mayores; personas con discapacidad, y personas LGBTTTIQ. Además del reparto justo y equitativo de beneficios, determinados por las mismas personas que serían afectadas.
- Una consulta indígena con base en estándares internacionales, regionales y nacionales relativos a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a través de un proceso conformado por distintas fases. Esta consulta indígena no es ni puede ser una vía para legitimar una decisión tomada.
- Procesos participativos en los que las personas y grupos tienen derechos generales y específicos a participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que les atañen, para ello son necesarios mecanismos, instrumentos y procedimientos para que toda la población, incluyendo niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores sean sujetos centrales en la toma de decisiones.
El Colectivo EVIS dicta que las obligaciones internacionales, regionales y nacionales del Estado mexicano planteadas en su posicionamiento no deben ser exclusivas para las obras del Tren Maya “sino para todos megaproyectos de infraestructura o de inversión susceptibles de afectar a sujetos titulares de derechos” que emprenda la próxima administración, como la Refinería en Dos Bocas y el Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec.
Los personas y organizaciones integrantes del Colectivo EVIS “queremos enfatizar que, dado que el Tren Maya se ha planteado como el principal proyecto de infraestructura del presidente electo, constituye una excelente oportunidad para materializar los compromisos que ha asumido el Estado mexicano relacionados con el desarrollo sostenible tales como la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera y, próximamente, el Acuerdo de Escazú”, finalizan.
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— México Unido Contra la Delincuencia (@MUCDoficial) November 23, 2018
Este posicionamiento se suma a la carta de expertos, académicos y ambientalistas, enviada hace unos días al equipo de transición, en la que solicitan al presidente electo no llevar a cabo la consulta sobre el Tren Maya y el Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, principalmente por el daño ecológico que ambos megaproyectos pueden ocasionar, argumentando que los lugares seleccionados para las obras cuentan con “sitios de alta biodiversidad que deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios”.
