Política migratoria de México no puede estar subordinada a la de Trump: equipo de AMLO

“Hay que ver la posibilidad de un nuevo acuerdo con Estados Unidos. La política migratoria mexicana no puede estar subordinada a la del Gobierno de Trump”. La frase, dicha en boca de un activista, o de un académico, tendría relevancia, pero no pasaría de una declaración más de las muchas que se han hecho sobre el tema.

Pero, en este caso, la importancia de la sentencia es que quien la pronuncia tajante es Tonatiuh Guillén, el próximo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM); la institución que organizaciones civiles y activistas han señalado recurrentemente como el gran “brazo ejecutor” de la política de contención migratoria de Estados Unidos en la frontera sur de México con Guatemala, especialmente a raíz del lanzamiento del Plan Frontera Sur, en julio de 2014.

Además, Guillén asegura que los tres objetivos prioritarios en el interior del INM será tener “cero denuncias” de violaciones a derechos humanos, cortar de raíz la corrupción en la institución y en las estaciones migratorias, y atender la problemática de los menores migrantes.

—El 29 de octubre fue anunciado como próximo comisionado del INM, una institución que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ha señalado de manera recurrente por violaciones a derechos y corrupción. ¿Le han llamado más para felicitarlo o para desearle suerte?

“Dirigir el INM es una tarea muy compleja, es cierto. Pero estoy contento porque hay una voluntad de cambiar las cosas en el Instituto. Y por eso acepté involucrarme con entusiasmo, porque si me hubieran invitado para mantener la misma inercia, diría: ‘Gracias, pero no’”.

—¿Cuál es su plan para cambiar el INM?

—Las organizaciones civiles han criticado que el perfil del INM ha sido claramente policiaco, especialmente cuando al inicio del actual sexenio se nombró como comisionado a Ardelio Vargas, que venía de una dilatada carrera en la Policía Federal y en el Cisen.

—Así es. Hasta ahora, lo que hemos visto especialmente en los últimos días (con el tema de la caravana migrante), es una política de contención migratoria muy agresiva y sin precedentes. Hemos visto prácticas en las que, incluso, ha llegado a intervenir la Policía Federal, la cual consideramos que no debería de estar en el panorama del proceso migratorio. Por eso, una de las rutas de trabajo es que el INM pase de ser un Instituto de un corte que, en algunos momentos, ha parecido policial, a una institución de servicio de los procesos migratorios.

Tonatiuh Guillén niega con la cabeza mientras escucha la pregunta y posa las palmas de la mano sobre la mesa.

“Es que estamos confundiendo los planos —responde—. Es decir, no estamos ante una invasión militar de alguien que viene de un país extranjero. Los migrantes son personas con mucha desesperanza y con necesidad de todo. Y por eso creemos que ese no es el modo”.

A continuación, el exdirector del Colegio de la Frontera Norte apoya la espalda en la silla, y antes de que el periodista le vuelva a preguntar, añade:

“Hay una coyuntura muy difícil, que es la presión de Estados Unidos. Este es otro factor que también hay que ver. Es decir, hay que ver la posibilidad de un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Porque no puede la política migratoria mexicana estar subordinada a la política migratoria de Estados Unidos, o a intereses de coyuntura electoral en aquel país. Debemos avanzar a un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Y, por otro lado, México debe recuperar esa tradición solidaria y de hermandad con Centroamérica, con un liderazgo internacional que sea capaz de concitar la participación de Estados Unidos, Canadá y de Europa, para tener un nuevo acercamiento a la comprensión del proceso migratorio”.

TRUMP ESTÁ HISTÉRICO

En este punto, el periodista saca a colación las últimas declaraciones de Donald Trump, que un día acusa a México de no querer cerrar su frontera sur para detener a la caravana migrante, otro lo felicita porque desplegó a policías federales en el Río Suchiate, en la línea con Guatemala, y muchos otros amenaza con desplegar miles de sus tropas militares en los estados fronterizos con México para impedir el paso de las personas indocumentadas que buscan solicitar asilo en su país.

—¿Con Donald Trump, que por momentos parece histérico en sus discursos en contra de la migración indocumentada, ven posible un diálogo? —cuestiona el periodista.

—Hay que entender que Trump está histérico en forma, pero es una manipulación. Francamente, creo que está utilizando a la migración, y concretamente a la caravana de migrantes, como una herramienta de su política electoral.

—Sigamos con Estados Unidos. En julio de 2014, poco después de que el entonces presidente Obama y Peña Nieto tuvieran reuniones por la “crisis de los niños migrantes”, el gobierno mexicano lanzó sorpresivamente el Programa Frontera Sur que, tal y como documentó Animal Político en una investigación, disparó las detenciones de migrantes, aunque prometía desarrollo y trabajo en la frontera. ¿Qué va a pasar ahora con este Programa?

Tonatiuh entrelaza los dedos de las manos y esboza una sonrisa: “Es que, formalmente, no hay ningún Programa Frontera Sur –responde tajante—. O sea, no está escrito, nadie te lo va a dar, y no sé cuáles fueron los entretelones del diálogo entre Obama y Peña. No obstante, creo que el Plan Frontera Sur planteó escenarios (de desarrollo) que se quedaron muy cortos, fragmentados, y en algunos puntos distorsionados. Y lo que está planteando ahora López Obrador es avanzar hacia algo completamente distinto, que implica cortar con esa historia y plantear un escenario de desarrollo que no solo debe impactar positivamente en la parte mexicana, sino en toda la región de Centroamérica. Especialmente, en Honduras, porque el gran tema de movilidad y de la crisis humanitaria está sucediendo hoy en ese país”.

—¿Así buscaría el nuevo gobierno frenar la migración de Centroamérica?

—La palabra “frenar”, tal vez, no sería el propósito. De lo que se trata es de ver cómo generas desarrollo en la región y pasas de una movilidad en la que migrar sea una decisión de la persona y no porque esté obligada a huir.

—¿Pero cómo piensan generar ese desarrollo?

—El presidente electo ya ha mencionado algunos mecanismos, como visas de trabajo. Y seguramente se pensará en otros mecanismos como el visado fronterizo, y acuerdos con los países de origen de la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala—Honduras—El Salvador). Hay que avanzar hacia una flexibilización de normas que impidan que grandes volúmenes de personas estén en una situación, literal, de clandestinidad, escondiéndose, y muy vulnerables.

—Sí, pero la migración indocumentada no va a desaparecer, y el INM continuará deteniendo a migrantes…

—Claro, hay que reconocer también la realidad: los flujos de personas van a persistir, al menos en el corto, mediano plazo. Y de nuevo, subrayo el caso de Honduras; ahí la migración va a persistir. Y ahí también hay que ser muy críticos con el estado hondureño, la clase política hondureña, y de la élite económica hondureña, que tienen modelos de gobierno y de desarrollo absolutamente excluyentes.

—¿Qué van a plantear para enfrentar esa situación?

—Por un lado, hay que avanzar en la modernización y formalización de la dinámica de los flujos migratorios; es decir, de los procedimientos, de las reglas y condiciones, y también cerrar la puerta al tráfico de personas. Y por otro, decir claramente: ‘Honduras, tienes un problema’, y tenemos que colaborar para entrarle al problema de manera determinada, porque, si no, vamos a estar jugando eternamente al gato y al ratón.

—Volviendo al tema del uso de policías. Trump amenaza con usar a la Guardia Republicana para detener a indocumentados, lo cual originó reacciones airadas en México. Sin embargo, en nuestro país, sobre todo con el Plan Frontera Sur, el Ejército, la Marina y múltiples corporaciones policiacas, también lo hacen desde hace una década. Le insisto en la pregunta anterior: ¿esto se acabará a partir del 1 de diciembre?

—No va a ser un acto mágico ni instantáneo, desde luego, porque seguramente habrá inercias que persistan durante un tiempo. Pero como política es algo que ya no debiera de ocurrir.

—Ya, ¿pero y si ocurre?

—Si ocurriera, tendría que haber las aclaraciones, las explicaciones, y el ofrecimiento de disculpas si fuera el caso. Por ejemplo, si un policía federal, o un soldado, detiene a un migrante sin que exista un oficio de por medio (tal y como lo exige la Ley de Migración), entonces estamos ante una detención arbitraria y fuera de la norma. Desafortunadamente, sabemos que esto ocurre. La iniciativa ahora es no hacernos de la vista gorda cuando suceda, sino actuar y sancionar.

—Pero, entonces, ¿las policías y los soldados detendrán o no a migrantes?

—A partir del 1 de diciembre, la idea es que la policía y el Ejército no intervengan en la detención de migrantes, y si lo hacen, que lo hagan siempre conforme a la ley, es decir, con un oficio donde se les pide ayuda de manera muy puntual, por un caso muy concreto. En otras palabras, su actuación debe ser la excepción y, además, la excepción de muy última instancia.

LA META, CERO DENUNCIAS

El contador digital de la grabadora sobrepasa ya los 30 minutos de plática. Momento de hablar ahora de cuál es el plan del nuevo gobierno para “transformar” al INM, una institución que organismos de la sociedad civil, como Sin Fronteras o el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, han denunciado en reiteradas ocasiones por las malas condiciones de las estaciones migratorias, a las cuales califican directamente como “cárceles”, y donde, por ejemplo, el comité ciudadano del Instituto denunció, en un informe en agosto de 2017, que los funcionarios amenazan a los migrantes con dejarlos sin comer si no aceptan la deportación voluntaria. O donde la denuncia de la existencia de celdas de castigo, de extorsiones, agresiones físicas, y humillaciones, también son recurrentes.

—¿Cómo piensan combatir la corrupción en el INM? —se reanuda la entrevista.

—Es un tema que nos preocupa mucho
—responde Tonatiuh presto, y con el semblante serio—. Ya hay una revisión de quejas, denuncias y de recomendaciones de la CNDH. Es decir, ya hay un mapa de puntos críticos, y a esos puntos hay que entrarle en detalle, y ver si hay responsabilidades. Por eso, el tema central es la reforma de los procesos del Instituto, para que la probabilidad de que ocurra un escenario (de corrupción) sea casi cero. La meta es que tengamos cero denuncias, sobre todo en violaciones a derechos humanos.

—¿Cero denuncias?

—Sí, ese es el objetivo. El INM es cliente habitual de la CNDH y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y eso hay que revisarlo para que ya se acabe.

—¿El mensaje, entonces, para quienes están trabajando en el INM ahora mismo es que habrá cero tolerancia con la corrupción?

—Absolutamente. Y no solo cero corrupción. Debe haber, además, la voluntad muy explícita de ser una institución constructiva y para el desarrollo de México. El INM tiene capacidad para ser una institución de desarrollo. Simplemente, como observatorio de movilidad de todas las personas, ya es una gran fuente de información fantástica.

—¿Qué va a pasar con las estaciones migratorias? Existen múltiples informes sobre la mala situación que los migrantes enfrentan en estos centros.

—Junto con el tema de la atención de niños migrantes, atender la situación en las estaciones migratorias será prioridad número uno. Hay historias, como la existencia de celdas de castigo, que deben quedar para siempre en el olvido.

—¿Se van a construir más estaciones en el nuevo sexenio?

—Vamos a ver cómo se mueve el mapa. Lo que es imprescindible es que esas situaciones (celdas de castigo) no sucedan de nuevo. Hay toda la voluntad y las condiciones para que estas cosas ya no se repitan. Si tienes la disposición del presidente, y de Olga Sánchez Cordero, se pueden generar cambios.

—Mencionaba usted el tema de los menores migrantes. La sociedad civil ha denunciado también en múltiples ocasiones que, a pesar de lo que establece la ley mexicana, y las leyes internacionales, de que no pueden estar en una estación migratoria, sino en albergues del DIF o de la sociedad civil, los niños son también recluidos junto a los adultos.

—Sí, como te decía, los niños, niñas y adolescentes migrantes son prioridad uno. Lo tenemos que resolver, aunque tampoco será un acto de magia, ni que se soluciona por medio de un decreto. Pero hay que reconocer su gravedad y actuar.

—Desde el INM se ha alegado también en muchas ocasiones que no hay sitio suficiente en los albergues del DIF para estos menores…

—Sí, pero es que tampoco estamos haciendo nada para que haya más lugares, ¿no? —cuestiona Tonatiuh mostrando la palma abierta de la mano derecha—. Es decir, no estamos buscando las condiciones para que haya más espacio, porque, efectivamente, no lo hay. Pero, perdón, estamos llenos de organismos de la sociedad civil y de instancias de cooperación, de gente solidaria, que ofrecen espacios. Pero si los gobiernos no toman la iniciativa, pues, efectivamente, no hay espacio.

—Otro argumento del INM es que no pueden separar a los menores de sus familias.

—Pues, entonces, que vayan todos juntos. Porque, además, no es una detención. Eso hay que cambiarlo también. Ya no debe ser un concepto de detención. Esos son los nuevos tonos que deberá tener la política migratoria mexicana. Pero volviendo a la pregunta de la falta de espacio a los albergues, yo lo que cuestionaría, más bien, es: ¿y qué se ha hecho, realmente, para que haya más espacio?

—¿Una opción sería hablar con la sociedad civil para buscar más albergues?

—Debe haber muchas fórmulas. Pero sí, la realidad es que la sociedad civil es un brazo muy potente en la protección de los migrantes en todo el trayecto migratorio. Pero el Estado tiene que asumir la responsabilidad que le toca.

—Pero, hasta ahora, la sociedad civil y el INM… como que no se llevan mucho, por decirlo coloquialmente.

—Pues debería ser justo al revés, porque estamos en un propósito común. Por eso habrá una nueva dinámica de apertura con la sociedad civil, y de inclusión en los procesos del Instituto. Porque el INM debería estar agradecido con la sociedad civil por su rol tan valioso en la protección de los migrantes.

—Por último, ¿qué va a pasar con la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar)? Mientras el INM tiene un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos y cientos de funcionarios, la Comar lleva años con un presupuesto de apenas 25 millones y no más de 30 funcionarios para atender a miles de migrantes que buscan asilo en México.

—Sí, tenemos una Comar, pero, en realidad, no tenemos una Comar. Y esto está reconocido por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No sabría precisarte el proyecto para la Comar, pero de lo que sí tengo conocimiento es de que hay la voluntad explícita de hacer una Comar muy potente y efectiva, no solo de membrete. Es decir, queremos una Comar fuerte, sólida, con capacidades, y que tenga una plena coordinación con el INM.