¿En qué consiste el Plan de Paz y Seguridad que anunció López Obrador?

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, publicó este miércoles su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye una de sus propuestas más polémicas durante la campaña: la negociación de amnistía a delincuentes.

En la introducción, el plan presume ser “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”, basado en reorientar el combate a la delincuencia en el combate a la corrupción, aplicación de políticas sociales, utilización de la justicia transicional y la regeneración ética de la sociedad, entre otros.

La estrategia anunciada no incluye, en cambio, acciones específicas ni para fortalecer a las actuales corporaciones de policía federal, estatales y municipales, ni tampoco al sistema de procuración de justicia.

Aquí resumimos los ocho puntos del plan anunciado:

El documento reconoce que muchos de los delitos graves del narcotráfico sólo pueden ocurrir en complicidad con funcionarios públicos. Por lo que acabar con las prácticas corruptas “es el propósito más relevante del próximo gobierno”. Algunas medidas son:

-Tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza.

-Prohibir las adjudicaciones directas.

-Investigar y clausurar las empresas fantasma.

-Eliminar el fuero de altos funcionarios.

-Fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales.

-Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.

-Centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y

-Funcionalizar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que señala que se ha concentrado en la evasión fiscal pero desde su creación, en 2004, no ha dado un solo golpe que debilite las finanzas del crimen organizado ni reduzca el lavado de dinero, que cada año es estimado en 30 mil millones de dólares.

Para mejorar la procuración de justicia, la propuesta es reducir al mínimo las diferencias salariales entre ministerios públicos, policías y jueces en el ámbito federal, para que un abogado encuentre igualmente atractivo ser fiscal que juez. Además, que reciban capacitaciones similares porque en la actualidad estos tres tipos de funcionarios no hablan el mismo idioma técnico.

2. Empleo, educación, salud y bienestar

Mejorar estos cuatro rubros, según el plan del futuro gobierno, “reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo”.

Para ello enumera programas sociales y planes económicos como el de reforestación o la construcción del Tren Maya. Además, fortalecer la economía social en cooperativas, talleres familiares y microempresas.

3. Combatir la impunidad en violaciones a Derechos Humanos

Promete que ningún cuerpo de seguridad del Estado caerá en la represión, tortura, asesinato o desaparición de personas.

Propone modificaciones legales para tipificar como delitos y sancionar a las autoridades que no atiendan las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, tanto de la nacional como de las estatales. De estas últimas, subraya la necesidad de garantizar su independencia con respecto a los gobernadores.

Se propone dejar en libertad a quienes hayan sido encarcelados por motivos políticos sin haber cometido acciones violentas, y a quienes sólo hayan participado en protestas.

4. Regeneración ética de la sociedad mediante una constitución moral y cambiar el modelo cultural del consumismo

El plan de pacificación lamenta que con el neoliberalismo, la sociedad se haya orientado hacia una cultura del individualismo, la competencia, el consumismo y la idea del éxito material como valores supremos. Agrega que bajo ese esquema materialista en que lo principal es el dinero, la pobreza y marginación generan frustración y un resentimiento social que desatan la violencia.

Establece la redacción de una Constitución Moral para proponer mejores relaciones en la sociedad y la promoción de la cultura cívica y ética en programas de estudios y en comunicación oficial.

Pero se propone, sobre todo esto, predicar con el ejemplo de un gobierno “austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior”.

5. Analizar la prohibición de las drogas y enfocarse en atender a los adictos

El documento cuestiona por qué ciertas sustancias, como la mariguana, la cocaína o el ácido lisérgico están prohibidos, mientras se permite la producción y comercialización de otras, como el alcohol, tabaco y ciertos antidepresivos y somníferos. Señala que en términos económicos, la prohibición de las drogas hace que su precio sea mucho más que el de producción por todos los actos ilegales por los que tiene que pasar. Y reconoce que el combate ha convertido un problema de salud en un asunto de seguridad pública  y de violencia que el Estado no ha podido frenar.

Por ello, propone enfocarse en atender a los adictos y en reducir el consumo de drogas, y para esto renegociar con Estados Unidos que los recursos para combatir el trasiego se apliquen en programas de reinserción y desintoxicación.

 6. Pacificación del país

Es uno de los puntos más amplios del programa y empieza por reconocer que la guerra está perdida. “El gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”.  Acusa que desde el poder se alentó la violencia y se volvió parte, con las miles de violaciones a derechos humanos.

Por ello propone hacer un alto y debatir con las organizaciones delictivas un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Como condiciones, pone que los criminales garanticen plana colaboración con la justicia, que manifiesten su arrepentimiento, y la reparación del daño.

En contraparte, de las víctimas sería necesario el perdón a los victimarios para que pueda haber negociación.

Además de reducción de penas, el plan considera una oferta atractiva para los delincuentes el ya no morir jóvenes y de manera violenta, y tener una vida tranquila. También la posibilidad de encabezar negocios legales y “alcanzar la respetabilidad social”. Según el documento, eso pasó en Estados Unidos con los traficantes de alcohol cuando se acabó la prohibición y hubo bonanza económica en ciudades como Atlantic City, Las Vegas o Miami.

Se revisarían los expedientes de los sentenciados, civiles, policiacos y militares, para determinar si pueden recibir una amnistía o indulto.

Propone un Consejo de Construcción de Paz, integrado por tres representantes del gobierno y tres de la sociedad civil, con un invitado de la Comisión de Derechos Humanos y un observador de la ONU. Este Consejo servirá para mediar en conflictos locales, dar seguimiento a los foros ciudadanos para la pacificación, y promover en escuelas y medios el mensaje de que “la paz es posible y que es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia”.

7.Recuperar las cárceles

Quitarles el control interno a las mafias y evitar que quienes cometieron un delito terminen hundidos en la descomposición y la crueldad. Agrega la necesidad de dignificar las condiciones de los internos y separar a los imputados de los sentenciados.

8. Un cuerpo militarizado para la Seguridad Pública

Aunque este punto se expuso al último, es el que plantea que un cuerpo militarizado sea el que se encargue de la seguridad pública.

Primero expone que hay que reorientar a las Fuerzas Armadas. Señala que como México es un país sin conflictos bélicos desde hace años, y considera que “dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”, los militares son los más confiables para mantener la seguridad pública. Así que propone concederles un papel protagónico en la estructuración y formación de un nuevo cuerpo: la Guardia Nacional.

Sobre la creación de esta corporación –a la que compara con la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, de naturaleza militar—, detalla que estará lista en tres años, se integrará primero con miembros de las policías militar y naval y de la Policía Federal, luego de civiles y de soldados, todos entrenados en planteles militares, con un plan de estudios elaborado por la Defensa, la Marina, la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Ciudadana, que además de entrenamiento castrense tendrá una formación policial, en derecho penal, derechos humanos y perspectiva de género, entre otros.

“Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”, afirma.

La Guardia Nacional estará bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la dirigirán oficiales del Ejército o la Armada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, según el texto, será invitada “respetuosamente a participar en la observación de las tareas de seguridad, construcción de la paz y prevención del delito”.

El país se dividirá en 266 coordinaciones regionales. El coordinador regional será una autoridad civil, y estará formado por miembros del gobierno federal, la fiscalía general, un mando militar, autoridades locales y municipales, un ministerio público, personal de la fiscalía de derechos humanos y voluntarios de la sociedad civil.

Diario habrá una reunión de consejos regionales y estatales de coordinación, así como una reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada por el Presidente de la República, con los secretarios de Seguridad, Gobernación, Marina y Defensa, el comandante de la Guardia Nacional y el Fiscal General.

En el tema de inteligencia, detalla que se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis entre áreas de inteligencia policial y criminal, de seguridad interior, pública y nacional, y de las áreas de migración e inteligencia financiera.

El programa asegura que habrá apertura a la participación de organismos de la sociedad civil, así como de defensa de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, se reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se recurrirá a ella en caso de crímenes que puedan considerarse de lesa humanidad (Con información de Arturo Angel).