En el otoño de 2008, Medtronic —una de las empresas fabricantes de dispositivos médicos más grandes— iba en caída libre. La compañía enfrentaba cientos de demandas judiciales porque uno de sus aparatos cardíacos, sin causa aparente, estaba provocando ataques de corazón a algunos pacientes. En otros casos, el dispositivo era incapaz de evitarlos.
Las autoridades estadounidenses estaban investigando a Medtronic por acusaciones de haber sobornado a médicos europeos para que utilizaran sus dispositivos. Tan sólo unos meses antes, la empresa había accedido a pagar 75 millones de dólares al sistema de salud pública de Estados Unidos por haber aplicado sobrecostos en la venta de sus productos.
El 12 de octubre de 2008, el responsable de la oficina de ética de Medtronic envió tres carpetas de documentos confidenciales a los inspectores del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, que incluían una copia del código de conducta de Medtronic. Constaba de diez páginas y se comprometía a “no pagar sobornos, cometer cohecho o realizar cualquier otro desembolso que fuera ilegal”.
Entre esos documentos estaba la copia de una carta firmada por el director ejecutivo de la empresa, William Hawkins, remitida a sus empleados. “No podemos permitirnos hacer algo que ponga en duda nuestro compromiso con la integridad. Ni la gestión contable, ni nuestros instintos competitivos, ni siquiera la orden de un superior lo justificaría”, escribió.
A lo largo de la última década, las posiciones han cambiado. Medtronic ha escalado al primer puesto de la industria mundial de los dispositivos médicos. Ha duplicado sus ingresos anuales hasta alcanzar los 30,000 millones de dólares en 2017 y ha abierto oficinas en más de 160 países.
Pero también ha violado su compromiso con la integridad a escala global, revela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), luego de un trabajo de un año de duración que explora la industria de los productos médicos llamada: “The Implant Files”.
En el transcurso de esos diez años, desde que la compañía se comprometiera a velar por la ética de sus actuaciones, gobiernos de países en los cuatro continentes han acusado a Medtronic de promover el uso no autorizado de sus productos, estafar a autoridades públicas de salud, fijar precios de mercado, pagar a médicos para que elaboraran estudios a su favor y por violar las normas de libre competencia.
En los Estados Unidos, el departamento de Justicia demandó a Medtronic por problemas de seguridad en sus dispositivos. En India, las autoridades regulatorias revelaron sobreprecios y el gobierno de China multó a la trasnacional por prácticas monopólicas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigó a Medtronic por supuestos esquemas de sobornos en Alemania, Francia, Grecia, Polonia, Turquía y Malasia, aunque finalmente los expedientes fueron archivados tras seis años de investigaciones sin consecuencias.
Medtronic ha negado cualquier tipo de irregularidad y asegura que cumple con las leyes que combaten la corrupción.
Sin embargo, la compañía y sus filiales también se enfrentan a acusaciones por arreglo de contratos en Brasil, a investigaciones por supuestas prácticas irregulares en la comercialización de dispositivos vasculares en Estados Unidos y a acusaciones por evasión fiscal en Italia.
Más de 250 periodistas —entre ellos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab y la Revista Proceso— y analistas de datos de 58 medios de 36 países trabajaron durante un año para publicar la investigación “The Implant Files”, que incluyó testimonios de más de 50 empleados de Medtronic. También hubo decenas de entrevistas con funcionarios, pacientes, médicos y expertos.
El director ejecutivo de Medtronic, Omar Ishrak, declinó hablar con los periodistas. En una declaración escrita, el portavoz de la multinacional, Rob Clark, indicó que la prioridad de Medtronic es la seguridad de los pacientes. Añadió que la empresa tiene los “más altos estándares éticos en su negocio”.
Clark negó que se pagara a los médicos para usar o promocionar los productos de Medtronic de forma ilegal. La compañía no respondió a las preguntas específicas sobre su mala praxis narrada a lo largo de este reportaje, pero subrayó que muchas de las acusaciones estaban basadas en “reclamos infundados de los litigantes y críticos con la industria”.
Un análisis de ICIJ de los incidentes adversos registrados en los organismos reguladores de Estados Unidos, entre 2008 y 2017, revela que los productos fabricados por Medtronic y sus filiales están relacionados con la muerte de 9,300 personas y causaron lesiones de mayor o menor gravedad a otras 292,000.
En 2017, uno de cada cinco incidentes médicos reportados estaba vinculado a dispositivos de Medtronic; más del doble respecto a cualquier otro competidor. Registros de las autoridades de Noruega, Japón y Australia también señalaron a Medtronic como uno de los fabricantes con mayor número de incidentes adversos reportados por pacientes en los últimos cinco años.
En la respuesta al ICIJ, el portavoz de Medtronic enfatizó que los sistemas de seguridad y la continua supervisión de los productos, antes y después que actúen los organismos reguladores, garantizan que los pacientes los usen con la plena confianza. Aun así, afirmó Clark, todos los productos médicos, por muy bien diseñados que estén y por muchos exámenes que pasen, siempre conllevan un riesgo.
Diez años después de su compromiso de ética, Medtronic ha desembolsado 6,700 millones de dólares para resolver los reclamos y las demandas judiciales de 20,000 pacientes. En ese mismo periodo, la multinacional acumuló ingresos netos por cerca de 34,000 millones. Su valor de mercado creció hasta los 124,000 millones de dólares en 2017, cuando diez años antes era de 35,000 millones.
“El modelo de negocio de Medtronic tiene mucho éxito, incluso si provoca invalidez a los pacientes”, afirma el doctor Chales Rosen, un cirujano de California especializado en columna vertebral y cofundador de la Association for Medical Ethics, un grupo activista de enfermos. Rosen ha revelado en sus estudios cómo hay consultores pagados por la industria y ha hecho públicas las relaciones económicas entre las compañías de productos médicos y los doctores.
Los costos por retirar productos del mercado o por pagar indemnizaciones por responsabilidad civil son “relativamente menores” comparados con la cantidad de beneficios que genera la industria, según Rosen. Agrega que es “solo el precio de hacer negocio”.
El texto completo se puede consultar en https://contralacorrupcion.