En los últimos tres años los homicidios dolosos en México se han disparado más de 50 por ciento. Sin embargo, las sentencias condenatorias por este delito en el mismo periodo han disminuido. Es un nivel de impunidad que va en ascenso y en algunos estados como Morelos y Oaxaca, ya alcanza niveles del 99 por ciento.
Esto son los principales hallazgos de un nuevo estudio sobre impunidad en el delito de homicidio elaborado por la organización Impunidad Cero, y que hoy se presenta públicamente. El informe subraya además que en algunos estados como Guerrero o Baja California, la tasa de homicidios supera a la de países como Honduras y Venezuela.
De acuerdo con los datos oficiales reunidos por el estudio a partir de solicitudes de transparencia, en promedio, por cada 10 víctimas de homicidio doloso que se registran en nuestro país, solo se dictan dos sentencias condenatorias. Lo anterior significa que, en proporción, al menos ocho de cada diez asesinatos carece de esclarecimiento alguno.
El fenómeno se ha agravado por el crecimiento de la violencia frente a un sistema de justicia que, por el contrario, ha perdido eficacia. A partir de la información de 24 estados que proporcionaron información suficiente, el estudio destaca que los homicidios crecieron de 10 mil 463 casos en 2014 a 16 mil 369 en 2017, lo que equivale a un alza del 56.4 por ciento.
Por el contrario, el número de sentencias condenatorias por homicidio doloso bajó de 2 mil 899 casos en 2014 a 2 mil 121 casos en 2017, que es una reducción del 26.8 por ciento.
Lo anterior arroja un promedio nacional de 85 por ciento de impunidad en homicidio doloso en 2017, pero hay estados con niveles aún peores que eso. En Oaxaca y Morelos, la proporción de impunidad en este delito (de acuerdo con la metodología empleada por el estudio) es del 99.4 por ciento en ambas entidades. O lo que es la mismo, prácticamente ningún asesinato se resuelve en esos estados.
Hay otros nueve estados con un nivel de impunidad superior al 90 por ciento: Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Tamaulipas, SLP, Nayarit, estado de México, Tabasco y Baja California. Y a ellos se suman nueve entidades con porcentajes de 70 a 80 por ciento en cuanto a impunidad: Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León.
Los casos menos críticos son los de Ciudad de México, donde el estudio calcula una impunidad del 65.8 por ciento, Hidalgo con 62.6 por ciento, y Durango con 52.4 por ciento.
Yucatán es la única entidad – de las 24 que proporcionaron información – en donde en 2017 hubo paridad en cuanto a la cifra de víctima de homicidio (46) con las sentencias por ese delito (48).
El estudio de Impunidad Cero también muestra que, en promedio, apenas el 30 por ciento de las averiguaciones y carpetas de investigación que se inician con homicidio doloso terminan con alguna resolución como una consignación al juzgado. Es decir, la mayor parte de las investigaciones ni siquiera se concluyen.
“El análisis de la impunidad en el delito de homicidio doloso en los estados del país, resulta más desalentador que en nuestro estudio anterior, ya que más de la mitad de las entidades presentan evidencia de colapso en su sistema de investigación, persecución y justicia penal (hace dos años era una tercera parte de las entidades federativas): las instituciones son ineficientes ante el aumento en el número de homicidios, en tanto que su capacidad de respuesta se ve menguada, provocando un menor número de condena” señala el informe.
El estudio de Impunidad Cero advierte que en regiones de México se registran niveles de homicidio intencional que están a la par (y a veces superan) a los sitios más violentos del mundo.
De entrada, de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país que tiene la mayor tasa de homicidios con 19.6 casos por cien mil habitantes en 2016. Muy lejos se encuentra el segundo sitio, Estados Unidos, con una tasa de 5.3 homicidios y Lituania, en tercer sitio, con 5.2 casos.
El resto de los países integrantes de la OCDE tienen tasas de homicidio inferiores a tres casos por cada cien mil habitantes.
En 2016, El Salvador fue el país con la mayor tasa de homicidios del mundo 82.8 crímenes intencionales por cada cien mil habitantes. Le sigue Honduras con 65.5 casos por cada cien mil habitantes y Venezuela con 56.3 casos asesinatos. Para ponerlo en proporción, la tasa de homicidios promedio a escala global es de 6.2 casos.
México tiene una tasa de asesinatos muy por encima a la del promedio mundial, con 19 casos por cien mil habitantes, pero a su vez es inferior a la de varios países de América Latina. Sin embargo, el análisis a nivel de entidades federativas muestra que algunos estados sí se ubican en la realidad de los países más violentos.
El informe destaca los casos de Baja California Sur con una tasa de 69.1 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes; Guerrero con 64.3 casos por cien mil habitantes y Baja California con 58.3 asesinatos. En todos los casos se trata de tasas de violencia superiores a las de Honduras y Venezuela.
Y también con tasas críticas se ubica a Sinaloa con 43.8 homicidios por cada cien mil habitantes y Chihuahua con una tasa de 41.7 casos.
El informe también advierte que algunos estados presentan una mucha mayor proporción de homicidios intencionales respecto a los no intencionales. Por ejemplo, mientras que en Querétaro el 37 por ciento de los homicidios que ahí se registran son intencionales, en Ciudad de México el porcentaje es de 60 por ciento y en Baja California Sur llegan hasta casi 90 por ciento.
A nivel nacional los homicidios dolosos son la séptima causa de muerte, pero en el sector de la población de los 15 a los 39 años de edad representan la principal causa de muerte.
Ante el panorama creciente de la violencia y de los índices de impunidad en el país, el informe de Impunidad Cero considera prioritario que se debe trabajar en ambas vertientes. Por un lado reducir la violencia atacando sus causas y por el otro lado fortalecer el aparato de investigación con el que cuenta el Estado mexicano.
Para ello se requiere primero, de información confiable. El informe plantea que 2 de cada 3 homicidios se cometen con arma de fuego pero hace las siguientes preguntas: ¿En qué horarios se comete cada tipo de homicidio? ¿Qué móvil puede presumirse? ¿Estuvo vinculado con ingesta de alcohol o estupefacientes? ¿Conocía la víctima a su victimario? ¿Cómo se emprendió la huída?
El análisis, elaborado por los investigadores Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Jiménez Rodríguez, destaca que si no se tiene claras las respuestas a esas preguntas no se puede implementar una estrategia efectiva de prevención.
“La violencia en los barrios, en las escuelas, en las familias y en general en todos los lugares en donde se presente, puede reducirse con acciones preventivas focalizadas. Si se tiene claro el diagnóstico pueden establecerse metas plausibles y verificables” destaca el análisis.
A la par de ello los expertos insisten en que deben implementarse estrategias como la georreferenciación adecuada de los sitios donde se comete un homicidio para conocer zonas de alta vulnerabilidad y diseñar intervenciones adecuadas.
En cuanto al apartado de investigación, el informe destaca como en algunos países como Colombia o Guatemala, donde se han reducido niveles de violencia “se han establecido unidades de investigación conformadas por equipos de ministerios públicos, policías y peritos con cargas de trabajo acotadas que comparten información, reciben retroalimentación de otras unidades y desarrollan operativos específicos para allanar los obstáculos en el esclarecimiento de los delitos”.
El informe de impunidad Cero sustenta sus datos en solicitudes de información dirigida a los estados, y fija el nivel de impunidad de homicidio en un 85 por ciento. Explica que los datos de Inegi no permiten conocer ya información relacionada con variables específicas como las sentencias por casos de homicidio dolosos.
No obstante Animal Político publicó en mayo pasado el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, sustentado en microdatos de Inegi que sí arrojan los datos relacionados con las condenas por homicidio doloso. La conclusión es que casi el 95 por ciento de los homicidios registrados en México entre 2010 y 2016 no han sido esclarecidos.
Como parte de dicha investigación se documentó que las corporaciones de policía y de procuración de justicia en México adolecen, entre otras cosas, de recursos humanos y materiales para enfrentar la carga de trabajo, pero también se advierten serias deficiencias en temas de capacitación, de protocolos y de respeto a los derechos humanos.