La construcción de una Fiscalía autónoma está en riesgo, advierten organizaciones
Organizaciones acusan que el proyecto de la Ley de la Fiscalía General que discutirán diputados y senadores en los próximos días no es el que se realizó con la colaboración de académicos, sociedad civil y el equipo de transición del presidente electo, y que las modificaciones realizadas por los legisladores de la coalición con mayoría en ambas Cámaras no garantiza una institución autónoma.
En un comunicado, el colectivo #FiscalíaQueSirva señala que el pasado 10 de septiembre, organizaciones sociales, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentaron un proyecto de ley para crear una Fiscalía autónoma e independiente; sin embargo, el que será discutido en las Cámaras es distinto al que acordaron dos meses atrás.
Las organizaciones advierten que, “de aprobarse el proyecto de dictamen que ha trascendido, implicaría serios retrocesos con respecto al modelo de Fiscalía que se construyó previamente, y que ponía en el centro a las víctimas, los ciudadanos y el combate a la impunidad”.
Los principales problemas que denuncia el colectivo, es que el proyecto no garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficacia y malas prácticas de la actual Procuraduría General de la República (PGR), ni la independencia de los fiscales para investigar.
También señalan que posterga el plazo previsto para que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General desarrolle un proceso de consulta ciudadana orientado a promover cambios estructurales en la procuración de justicia y reduce el derecho de acceso a la justicia de víctimas que viven en el extranjero.
Además, no brinda las garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el presupuesto necesario para que se reduzcan los niveles de impunidad del país, y duplica las funciones de investigación, generando estructuras que tornarán ineficiente su funcionamiento.
Otras críticas al proyecto es que limita la transparencia y auditoría social sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas institucionales, y desnaturaliza el Plan de Persecución Penal al suprimir su categoría de instrumento público, eficaz para la rendición de cuentas de la Fiscalía.
De acuerdo con el colectivo, el proyecto que acordaron que se presentaría fue resultado de 15 mesas de trabajo entre organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición de López Obrador.
Las organizaciones informaron que, ante estas preocupaciones, hicieron llegar varias propuestas en una carta que entregaron a los líderes de bancada y al equipo de transición, y llamaron a los legisladores a discutir el proyecto “en formato de Parlamento abierto, sin dejar fuera a las víctimas y a la ciudadanía que ha trabajado por transformar el actual sistema de justicia”.
