Examen final para EPN: Qué es el #EPU de Derechos Humanos y por qué es importante para México
El próximo 7 de noviembre, los ojos del mundo estarán sobre México. En esa fecha está programado el tercer Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en el país, el mecanismo de la ONU conocido como #EPU.
Esta evaluación será una especie de examen final del gobierno de Enrique Peña Nieto, a tan solo unos días de que concluya el periodo del priista como jefe del Estado mexicano.
“Este año en particular, es especialmente importante porque (el EPU) viene justo en el contexto de transición en el país, y podemos pensar que a la vez constituye una evaluación del sexenio de Enrique Peña Nieto”, comentó en entrevista Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
“Llega en un momento de muchos cambios y de muchas oportunidades para reorientar las acciones del Estado, las políticas”, agregó.
Es la segunda vez en que se aplica el #EPU, durante el gobierno de Peña Nieto. La primera fue en 2013. Entonces México recibió decenas de recomendaciones, como establecer un programa integral para reducir la violencia contra las mujeres; crear una base de datos de migrantes desaparecidos; mejorar las condiciones de las prisiones; redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad , y garantizar las asignaciones de presupuesto para el mecanismo de protección de defensores de derechos y periodistas, entre otros puntos.
Las naciones de la ONU se pronunciarán sobre su cumplimiento y harán nuevas recomendaciones, durante el EPU, aunque organizaciones ciudadanas en México ya han adelantado que califican como “reprobado” al gobierno de Peña Nieto, porque a su parecer la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado.
Cómo se hace la evaluación
El Examen Periódico Universal (EPU) es una herramienta para que los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisen entre sí, entre pares, la labor de sus estados respecto a la situación de los derechos humanos en su territorio. Qué retos hay, cuáles son las violaciones más preocupantes, y qué prácticas pueden implementarse para mejorar.
Si bien oficialmente no hay una categoría de “aprobado” o “reprobado”, el mecanismo exhibe a nivel internacional las fallas o carencias de los estados, para que las naciones hagan propuestas y ayuden a mejorar la situación de derechos humanos.
El 7 de noviembre, una delegación de funcionarios mexicanos en Ginebra, Suiza, que es la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recibirá cuestionamientos de representantes de otras naciones, respecto a qué está pasando con temas como el sistema de justicia del país, la violencia, las desapariciones forzadas, el marco jurídico y la impunidad.
De hecho, algunos países ya adelantaron sus preguntas específicas. Alemania cuestionó a México por los casos de espionaje a defensores de derechos y periodistas, y si la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos tiene personal y presupuesto suficiente.
Estados Unidos preguntó por qué México ha “fallado” en establecer una Fiscalía general independiente, y cuándo estarán listas las corporaciones de policía para hacerse cargo por completo de la seguridad pública, en lugar de que el Ejército haga también esas labores.
Los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto podrán responder a las interrogantes y exponer lo que consideran avances. La delegación mexicana para el próximo EPU en Ginebra, de acuerdo con una copia de la solicitud de acreditaciones de la cancillería mexicana, estará integrada por 38 funcionarios, y será encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, además de Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos. No está en la lista el canciller, Luis Videgaray.
Roberto Velasco Álvarez, del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, sí acudirá al EPU. Alejandro Encinas, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos del próximo gobierno, dijo que no fue requerido.
Todas las naciones tienen la oportunidad de hacer preguntas a México, aunque para tener orden, el EPU funciona con Grupos de Trabajo. En el Grupo de Trabajo para el examen del 7 de noviembre habrá un delegado de Ruanda, uno de Corea del Sur y otro de Panamá.
Este grupo de delegados o relatores, conocido como troika, ordenará y retransmitirá las preguntas que hayan hecho las naciones de la ONU a México, en un diálogo interactivo de 3 horas y media, donde también podrá hacer cuestionamientos, pedir precisiones o señalar oportunidades de mejora.
Al concluir el diálogo, la troika elaborará un resumen que integre las preguntas y observaciones, y las intervenciones de los representantes del Estado mexicano.
Este proceso lleva a dos fechas importantes: en diciembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a partir de lo expuesto en el examen del 7 de noviembre, emitirá un listado de recomendaciones para México (en 2013 fueron 176 recomendaciones).
Luego, en marzo de 2019, el Estado mexicano deberá responder qué recomendaciones acepta, y cuáles no; para ese momento ya estará en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tres documentos clave
Para el Examen Periódico Universal del 7 de noviembre, son clave tres documentos que ya pueden consultarse en línea.
Para hacer preguntas u observaciones a México, las naciones tienen a su disposición el Informe nacional que presenta el Estado que es sometido a revisión. Incluye datos de 36 dependencias federales, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, y las cámaras de senadores y diputados, como las leyes aprobadas en materia anticorrupción, contra la tortura, en materia de desaparición forzada, la implementación de programas y protocolos, y cifras sobre pobreza y rezago educativo.
El segundo documento clave es elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Contiene información de los comités o relatores de las Naciones Unidas, a partir de visitas realizadas a México, respecto a carencias en tareas como combatir la contaminación ambiental, el nivel de violencia “alarmantemente alto”, ejecuciones extrajudiciales en casos como Tlatlaya, o la tortura y detenciones arbitrarias en la investigación sobre Ayotzinapa.
El tercer documento clave para el #EPU de México es un resumen de las observaciones o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y cientos de organizaciones ciudadanas y colectivos. Entre otros puntos, en este reporte la CNDH acusa que las instancias que deben brindar seguridad son las que cometen mayores violaciones a la seguridad personal, que el 80% de las víctimas de trata son mujeres, que persiste la situación precaria de los pueblos indígenas, y que la Ley de Seguridad Interior carece de certeza jurídica.
El #ColectivoEPUmx
Para incidir en el proceso de evaluación al que será sometido el Estado mexicano, más de 200 organizaciones ciudadanas se agruparon en el #ColectivoEPUmx, y entregaron a la ONU un informe conjunto sobre las fallas y retos que tiene el Estado mexicano, en su misión de preservar los derechos humanos de los ciudadanos.
Entre los integrantes del colectivo están organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El informe de la sociedad civil, cuyos datos forman parte del paquete de documentos con el que las naciones harán cuestionamientos a México, puede consultarse aquí.
En este documento, se señalan fallas como que continúan predominando las violaciones sistemáticas y sistémicas contra personas migrantes; que la Ley de Seguridad Interior pretende profundizar la militarización de la seguridad pública, y que México vive una situación “crítica” de violencia e impunidad, con récords de homicidios y al menos 310 mil personas desplazadas, desde 2009.
Además de ese reporte, el mecanismo del EPU establece que las organizaciones de la sociedad civil participen acudiendo a Ginebra, y realicen “labores de incidencia para que el Estado acepte las recomendaciones”, además de hacer un posicionamiento público sobre la respuesta del gobierno mexicano ante el escrutinio internacional.
El EPU, explicó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la CIDH, es “la evaluación más importante en materia de compromisos internacionales sobre derechos humanos”, y las recomendaciones que surjan pueden ser un “mapa de ruta” para el próximo gobierno de México.
¿Por qué las ONG dicen que EPN está reprobado?
Erin Brewer, del Centro Prodh, explicó que las ONG del #ColectivoEPUmx no tienen una cifra o porcentaje de las recomendaciones de 2013 que fueron cumplidas, porque cada una de ellas requiere una valoración o una forma de calificación distinta, aunque en general puede decirse que prevaleció un desempeño negativo.
“Una minoría de recomendaciones incluyen acciones concretas tipo ‘retirar reservas a tratados internacionales’. En esos casos, es posible medir el cumplimiento de manera binaria (sí/no) o numérica. En esa materia, el Estado retiró 4 reservas a tratados internacionales”, apuntó Brewer.
Otras recomendaciones “binarias”, continuó Brewer, como abolir por completo la figura del arraigo, no se cumplieron.
“Otras más que se refieren a reformas legales o armonización legislativa muestran avances, sobre todo por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y la publicación de las leyes generales sobre tortura y desaparición forzada”, agregó.
La mayoría de las recomendaciones hechas a México se refieren a “garantizar” el respeto a ciertos grupos, como las mujeres o la población indígena, o a “fortalecer” mecanismos como la protección de periodistas.
En esos casos, dijo Brewer, el #ColectivoEPUMx concluyó que la regla es de incumplimiento o cumplimiento muy limitado o deficiente, “es decir, las mismas problemáticas recomendadas en 2013 generalmente persisten sin avances sustantivos”. De ahí que consideren que el gobierno de Peña Nieto “sale reprobado”, en el tema de derechos humanos.
El Estado mexicano, aseguró la investigadora, “ha logrado ciertos avances en papel, que si bien no los minimizamos, falta que se traduzcan en cambios de práctica e impactos positivos en la población”.
