CIDH concluye que investigación sobre Ayotzinapa está incompleta y fragmentada
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles su Informe Final del plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) mediante el cual ha dado seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En el marco de su séptima visita oficial a México, la comitiva de la CIDH informó que este informe da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano para esclarecer el paradero de los estudiantes; la investigación para esclarecer hechos; la atención de las víctimas y familiares, y las medidas de no repetición.
Para lograr este informe, durante los últimos dos años, la CIDH realizó 6 visitas oficiales por las y los Comisionados y el Secretario Ejecutivo; 5 visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH; 5 reuniones de trabajo, y 4 audiencias públicas realizadas en los períodos de sesiones de la Comisión.
Igualmente, a través del MESA se elaboraron cinco cuestionarios para el Estado mexicano sobre el avance de la investigación y que, dicen, fueron respondidos oportunamente.
Además se revisaron 618 tomos remitidos por la PGR que contienen actuaciones hasta el mes de julio de 2018.
Los resultados de este informe fueron presentados a las partes involucradas de la Medida Cautelar MC 409/14 (Estado mexicano y peticionarios) para que conozcan los principales hallazgos, retos y desafíos que la CIDH observó desde 2016 sobre el caso Ayotzinapa.
La CIDH resalta que durante este periodo de trabajo se hayan facilitado los espacios de interlocución entre las víctimas y familiares de desaparecidos y las autoridades. Agregan que, a su vez, la CIDH impulsó la realización de diligencias para la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas, las cuales sí fueron consideradas por el Estado.
Entre uno de los hallazgos del informe se señala que a más de 4 años de la desaparición de los normalistas “la CIDH observa que el Estado mexicano contrató el sistema LIDAR, que sirve para verificar perturbaciones en el terreno, dicho sistema se utilizó en una zona de 60 km2 alrededor de Iguala, sin obtenerse resultados positivos”.
Para este análisis, la Comisión trabajó en conjunto con las autoridades y los familiares.
“El MESA llama a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos”, exhorta la CIDH en un comunicado.
De la misma forma la CIDH recomienda la importancia de contar con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en Guerrero para facilitar las búsquedas.
Sin embargo se observa “una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”.
Uno de los puntos que más preocupa a la Comisión es que, actualmente, aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por la CIDH, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“El Informe da cuenta del seguimiento que se habría realizado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva”, señalan.
Respecto a las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, “se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente”.
Y sobre la indagación a la Policía Municipal, la CIDH “considera necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala”.
La Comisión argumenta que existen suficientes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos.
En lo que respecta a la Policía Federal, la CIDH solicita que se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR y se analice la posible relación de uno de los mandos de la PF con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Finalmente, la CIDH señala la falta de avances en la investigación por parte de las autoridades, resaltando el hecho de que algunos recursos de amparo interpuestos por familiares siguen pendientes de resolverse.
Y sobre las medidas de no repetición, el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva.
Con la presentación de este informe, la CIDH busca sumar esfuerzos para lograr una investigación que determine los hechos, así como la responsabilidad de quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas.
Se espera que con las conclusiones y recomendaciones expuestas, el Estado oriente el cumplimiento de la medida cautelar.
La CIDH “continuará dando seguimiento a la medida cautelar MC 409/14 hasta que persistan los elementos que dieron origen a dicha medida, se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala”, finalizan.
