Víctimas de abuso policial en Atenco aguardan veredicto clave en su denuncia contra el Estado mexicano
Durante 12 años han buscado la justicia y su lucha está próxima a recibir un veredicto. Las 11 mujeres que demandaron al Estado mexicano por ser torturadas y abusadas sexualmente en el operativo policial de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, aguardan la sentencia que dará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para el sistema de justicia internacional, el caso “número 12846 Mariana Selvas Gómez y otras contra México” sienta un precedente en lo respectivo a la responsabilidad que los Estados tienen al recurrir a la tortura sexual como arma de guerra y quienes forman parte de la cadena de mando durante operativos.
En su fallo, fuentes de información que han tenido acceso al proyecto de sentencia adelantan a Newsweek en Español que la Corte IDH está próxima a ordenar al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva sobre hechos que involucraron directamente a Enrique Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México y mandos del mayor nivel jerárquico en el operativo de San Salvador Atenco, así como a sus subordinados.
Tocaría a Andrés Manuel López Obrador, quien lo sucederá en el cargo si acata el fallo, investigar a su predecesor en la presidencia, pese a la transición de terciopelo entre el gobierno saliente y el electo.
“Justicia es la reivindicación de nuestro nombre más allá del estigma de ser ‘las violadas de Atenco’”, dicen las víctimas en voz de Italia Méndez.
Arma de guerra
Bárbara Italia Méndez Moreno tiene un rostro delgado y ovalado donde se marcan sus pómulos cada vez que habla, acentuando así su expresividad. Por momentos juega con mechones de su cabello castaño, los toma entre los dedos de sus alargadas y menudas manos que se mueven al ritmo de su voz, develando su estado de ánimo.
Ella es una de las víctimas del caso Atenco que está a la espera del veredicto de la Corte IDH.
Escuchamos las palabras de la mujer que yace sentada sobre un mullido sillón color naranja. Su voz suena serena, pausada, segura:
“Mi nombre es Italia Méndez. Soy una de las 11 mujeres que estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un litigio contra el Estado mexicano por violaciones en contra nuestra, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, en el contexto de una protesta social en la que se hizo uso de la fuerza pública en un operativo en que participaron la policía municipal, la policía estatal y la federal, en un contexto bastante politizado”.
A medida que Italia rememora el episodio más traumático de su vida, la voz se le va quebrando:
“Aquel día fui sometida a tortura física, psicológica y sexual de manera brutal por parte de esos policías. Fui trasladada al penal de Santiaguito, en el Estado de México, por una etiqueta que nos dio el Estado de ‘peligrosidad social’. Me detuvieron por la mañana y fui presentada hasta muy tarde. Cuando llegamos al penal me di cuenta de que había otras mujeres en las que vi el mismo dolor que yo sentía y en sus ojos, mi mismo miedo. Habíamos pasado por la misma tortura con un componente realmente muy estigmatizante y grave que es la violación sexual como un arma de guerra”.
Estamos en una sala del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), con el equipo jurídico que las representa ante la Corte IDH, el tribunal internacional que está a punto de dictar sentencia, la cual se proyecta será condenatoria.
Esperanzada por el fallo que viene en camino, Italia Méndez detalla lo que pasó aquel 2006, cuando en el territorio mexiquense gobernado por Enrique Peña Nieto (que en 2012 se convirtió en presidente de México), ella cursaba la carrera de Estudios Latinoamericanos en la UNAM.
Ese mayo, San Salvador Atenco vivía álgidas movilizaciones sociales. Durante el operativo a cargo de más de 2,000 policías, Italia se refugió en un domicilio en el que irrumpieron los uniformados. Le quitaron sus pertenencias, la tiraron al piso, la sacaron a la calle en donde la golpearon brutalmente con tolete en todo el cuerpo y la hirieron en la cabeza. Luego la subieron a un camión para trasladarla a un reclusorio.
Dentro del camión los policías la pusieron en la parte trasera, le metieron la mano en la blusa, le arrancaron el brasier, le metieron la mano en el pantalón y le arrancaron el calzón; le rompieron el cierre y el botón, le bajaron el pantalón a los tobillos y la blusa se la pusieron en la cabeza, y mientras la golpeaban con un tolete le pellizcaban los pezones.
Entonces comenzó a escuchar “frases obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi condición de mujer, me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.
La abusaron sexualmente mientras proferían amenazas contra ella y su familia. La tortura se prolongó hasta que arribaron al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito” (Cepreso), en Almoloya de Juárez.
Durante el ingreso la golpearon nuevamente. Las frases obscenas no cesaron. Aunque requería atención médica integral, pues estaba muy golpeada y tenía molestias en la vulva y la cavidad vaginal, simplemente se limitaron a suturarle la cabeza sin limpiarla ni anestesiarla.
Le indicaron que le tomarían la declaración porque estaba detenida. Ella preguntó dónde estaba su abogado. “No hay abogados”, le respondieron. Luego de ser torturada y violada, la encarcelaron argumentando en su contra cargos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia organizada.
Estigma denigrante
El que la tortura sexual y abusos durante el operativo policiaco en Atenco se haya convertido en un litigio internacional contra el Estado mexicano se debe, en gran parte, al coraje y valor de esta mujer, que desde la detención en el penal decidió hacer públicos los abusos a los cuales ella, al igual que otro medio centenar de mujeres, fueron víctimas esos grises días de mayo. Solo 11 mujeres decidieron proceder judicialmente.
“Cuando estaba presa escribí el testimonio de lo que me había pasado para que afuera se enteraran. Me preguntaron si yo quería hacer público mi nombre, si quería mostrar mi identidad, y eso me hizo pensar en si acaso tendría que avergonzarme de mí misma y de mi nombre. Me sentí avasallada”, recuerda.
“En ese momento mi intención con el testimonio era, justamente, poder relatar mi verdad. Nosotras teníamos derecho a que se escuchara nuestra voz. Pero a la hora de reivindicar mi nombre, lo perdí. Es como una paradoja, porque a partir de entonces yo dejé de llamarme Italia Méndez y me convertí en una de ‘las violadas de Atenco’. Perdí mi libertad individual para convertirme en parte de un grupo de mujeres que estábamos en una posición de víctimas, pero nos habían colocado en un lugar sumamente estigmatizante, ‘las violadas de Atenco’”.
Su testimonio es un drama que, multiplicado por 11, se ha escuchado en tribunales internacionales.
La misma tortura que Italia vivieron Mariana Selvas Gómez, Georgina Rosales Gutiérrez, Patricia Romero Hernández, Norma Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdado, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Cuevas Jaramillo.
Su búsqueda de justicia en la vía internacional derivó en que, en 2008, al no avistar imparcialidad en las instancias judiciales del país, presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
La CIDH lo admitió y en 2015 emitió el Informe de Fondo 74/15, en el que resolvió a favor de las peticionarias. Determinó que, en efecto, fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención a manos de agentes del Estado. Concluyó que incluso hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
La CIDH responsabilizó al Estado mexicano por la violación de sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada y dignidad; a las garantías judiciales; al derecho a la igualdad y no discriminación; y a la protección judicial ya que, según criterios de justicia internacional, México incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia y, en un plazo razonable, los hechos de tortura física, psicológica y sexual.
También la CIDH determinó que el Estado fue responsable por la violación a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; entre otras. Así que recomendó al país que debía investigar de manera efectiva, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.
Pero el Estado mexicano no cumplió, así que la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana, facultada para emitir sentencias vinculatorias.
Tornado en litigio, el asunto comenzó a desahogarse en septiembre de 2016, y para noviembre de 2017 en Costa Rica, sede de la Corte, las víctimas testificaron.
—¿Le tocaría al nuevo gobierno investigar a Peña Nieto en su papel de gobernador del Estado de México, a Wilfrido Robledo, y todos los funcionarios que en ese momento tuvieron una implicación en el caso?, se le pregunta a Stephanie Erin Brewer, experimentada abogada que en el Centro Prodh está a cargo del litigio internacional.
–Esa es la idea: investigar en la lógica de esclarecer posibles responsabilidades de las personas en la cadena de mando, las personas que mencionaste y muchos otros, que son quienes estuvieron en el operativo, y lo que pasó en las reuniones que los funcionarios tuvieron los días 3 y 4 de mayo [de 2006]. Lo que queremos es que se investigue a partir de los hechos, a partir de las pruebas, y hasta donde llegue la investigación, y que se actúe en consecuencia para sancionar a los responsables.
Cumplimiento obligado
Acatar la sentencia del caso Atenco supondrá para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una “responsabilidad de liderar y articular con el resto de los poderes de la Federación el cumplimiento cabal en los plazos establecidos por la Corte”.
Así lo considera Marcela Martino Aguilar, subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Además, considera la abogada, ello supone incorporar “la mirada y reivindicación de las víctimas que tuvieron que acudir a un sistema internacional de protección al no haber encontrado una plena reparación de las violaciones de las que fueron víctimas en el Estado [mexicano]”.
El Cejil es un centro jurídico que se especializa en la legislación y los acuerdos que rigen el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En entrevista telefónica desde su oficina en Costa Rica, Marcela Martino explica a Newsweek en Español que no es un asunto de voluntad sino que México, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana de Derechos Humanos, “está obligado a dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, que es el más alto tribunal en esa materia”.
El eventual incumplimiento, opina, “enviaría un grave mensaje, pues el derecho internacional y la propia Carta de la OEA establece que es la norma que debe regir la conducta de los Estados”…
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