Lo torturaron para confesar un homicidio y así lo sentenciaron; 7 años después, la Corte revoca la condena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revocar una sentencia de 32 años de prisión impuesta a una persona por el homicidio de una mujer en Veracruz, tras concluir que los jueces a cargo del juicio ignoraron que la confesión incriminatoria del procesado, en la que se sostenía todo el caso, pudo haberse obtenido bajo tortura física y psicológica.

Se trata del caso de Yarold Christian Leyte Quintanar, preso desde hace casi siete años en un penal de Veracruz. Su historia, incluyendo la narración y pruebas de la tortura que sufrió y las múltiples irregularidades en torno al procedimiento, fue abordada por Animal Político en esta nota y en el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, publicado en mayo pasado.

En caso de que no exista actualmente evidencia suficiente para acreditarla, la SCJN ordenó a los jueces que realicen una investigación exhaustiva, incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul.

La sentencia de la Corte, de la que este medio tiene copia, condena el hecho de que el juez de Veracruz que inicialmente dictó condena ni siquiera ordenó que se iniciara una investigación de la tortura denunciada por el proceso. Es decir ignoró por completo el hecho.

“Soslayar una denuncia de tortura, sin que se realice la investigación correspondiente, ubica necesariamente en estado de indefensión a quien la alega ya que al no verificar su dicho, se deja de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará sentencia (…) únicamente será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se haya acreditado, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente”, señala la sentencia de la Corte correspondiente al amparo en revisión 1389/2018.

Solo en 5 de cada 100 homicidios que se cometen en México autor del crimen termina procesado y sentenciado. Es una impunidad del 95 por ciento. Peor aún: existen casos en donde los acusados de cometer el crimen no son los verdaderos homicidas, sino personas a las que se fabrican pruebas para incriminarlos en el momento.

El reportaje “Matar en México: Impunidad Garantizada” abordó como parte de esta vertiente el caso de Yarold Christian Leyte Quintanar, sentenciado a 32 años de cárcel por el homicidio de la ejecutiva del banco “Compartamos” María Teresa González González, crimen ocurrido en 2012, en Tuxpan, Veracruz. Unos días después del asesinato, policías judiciales detuvieron a Yarold, quien fue exhibido en los medios como “el asesino de Valle Alto”.

La investigación presentó múltiples irregularidades que quedaron documentadas en el expediente, y que Animal Político pudo verificar. Por ejemplo, está el testimonio del gerente del banco donde trabajaba la mujer asesinada, quien negó que Yarold fuera cliente suyo y tuviera un adeudo con ellos. También se encuentra el análisis del perito oficial que dictaminó que la víctima no murió en la casa de Yarold (como asegura en su supuesta confesión), sino en el lugar donde fue encontrada: una casa enfrente a la del domicilio del procesado.

Pero sobretodo está la denuncia detallada de Yarold, en la que señala que su confesión fue fabricada y que la firmó después de ser torturado por un tiempo prolongado. Hay constancias ministeriales y periciales que acreditan que Yarold fue retenido por varias horas antes de quedar a disposición del MP, y que presentaba varias lesiones físicas y daño sicológico.

La historia completa de su detención y de la narración de su tortura puede consultarse en este episodio de la miniserie que acompañó el reportaje Matar en México. Aquí se recupera un fragmento de los maltratos que Yarold sufrió a manos de los policías que lo detuvieron, narrados por su madre:

“Lo empiezan a ahogar, lo enderezan, le comienzan a dar descargas eléctricas… aun así el seguía sin confesar así que cortan un arma, se la ponen en la cabeza y le dicen que lo van a matar. Mi hijo pese a todo eso sigue diciendo que él no sabe de qué homicidio le hablan ni conoce a la víctima, y es cuando de repente le dicen que va a confesar porque va a confesar, entonces lo levantan del cabello, lo ponen en una reja y escucha a su esposa llorando, y le dicen que si no confiesa van a matar a su esposa y a uno de sus hijos… es cuando él acepta firmar la declaración que ya le habían preparado…”

Pese a lo anterior el juez de Tuxpan a cargo del proceso mantuvo como prueba válida la confesión de Yarold, y cuatro años después de la detención – y por presiones de la propia defensa para que ya dictara una sentencia – dicho juez condenó a 32 años de cárcel al joven. A partir de ahí inició la batalla legal con apelaciones y amparos en varios juzgados y tribunales, incuso federales, que terminó en la resolución de la Corte que revoca dicha condena.

¿Qué sigue para Yarold?

La resolución de la Primera Sala de la Corte dejó finalmente sin efecto la sentencia de 32 años de prisión que se había dictado a Yarold. No obstante, esto no significa todavía que el joven pueda recuperar su libertad.

Lo que los ministros ordenaron es que el caso regrese a los jueces pero con la orden de que se analice si la evidencia que ya existe es suficiente para acreditar la tortura que sufrió el procesado y, de ser así, se declare ilegal tanto su confesión como toda evidencia ligada a ella.

El abogado de Yarold, Guadalupe Salmones Gabriel, dijo que si esto ocurre el caso quedaría en automático sin elementos suficientes para sostenerse, lo que derivaría en la libertad del joven.

Pero en caso de que no exista evidencia suficiente de la tortura en este momento, la Corte ordenó que se abra una investigación a fondo y que se aplique el protocolo de Estambul, que permite certificar si una persona fue sometida o no a este tipo de maltratos. De ser este el escenario, la resolución podría conocerse en aproximadamente un año.

En este contexto el abogado Salmones Gabriel consideró que la resolución de la Corte “se quedó corta” y fue una decisión “salomónica”, pues si bien representa un avance clave en el caso, esta pudo ir más allá y ordenar de una vez el cierre del caso ante el cúmulo de irregularidades que se han documentado.

“Yarold ya lleva casi 7 años en prisión y todavía tendrá que esperar ya que, por ejemplo, el sistema judicial en Veracruz no tiene personal certificado que aplique el protocolo de Estambul, entonces se tendrá que esperar el apoyo de la Comisión estatal de Derechos Humanos que tampoco tiene ese personal, entonces habrá que pedirle a nivel nacional. Es decir, esto es un proceso engorroso debido a que el sistema de impartición de justicia en México no es expedito”, dijo el litigante.

Pese a esta situación el abogado está convencido de que la libertad de Yarold es cuestión de tiempo, no solo por el hecho de que la tortura que sufrió es plenamente verificable (con peritajes que ratifican las lesiones), sino porque este caso ha carecido de los mínimos elementos de prueba desde el inicio.

”Lamentablemente (Yarold) no tuvo una defensa real desde el inicio y eso afectó mucho. Los abogados de oficio estuvieron pero no hicieron ningún trabajo. Tuvimos que llegar hasta esta última instancia. Hoy tenemos claro que Yarold va a salir pero desafortunadamente no será de forma inmediata”, dijo el litigante.