Las tomas clandestinas de combustible se dispararon en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en el cual este delito aumentó 262 %, de acuerdo con el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Alberto Treviño Medina.
El funcionario, quien compareció ante la Cámara de Diputados, dijo que en lo que va de las administración han registrado 40 mil tomas clandestinas. “Este ha sido el peor año, donde más tomas hemos encontrado”, explicó tras recibir cuestionamientos del diputado federal del PRD Mauricio Toledo.
Treviño Medina dijo que el aumento del robo de combustible (huachicoleo) se debe a que grupos del crimen organizado se involucraron en este delito y a que Pemex “ha desarrollado toda una estrategia para tratar localizar más rápido las tomas y cerrar más rápido las tomas”.
También identificó que Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Jalisco son los estados que registran más tomas; mientras que los municipios más alarmantes son San Martín Texmelucan (Puebla); Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; González, Tamaulipas y Tula de Allende, Hidalgo.
Pese a estas cifras, el titular de Pemex argumentó que el volumen de combustible robado no ha aumentado y que han tomado medidas para combatirlo como el despido de 40 trabajadores por estar presuntamente vinculados a este delito.
El funcionario dijo que Pemex ha presentado más de nueve mil denuncias por robo de combustible, las cuales han derivado en la detención de 1,600 personas, de las cuales apenas 189 están en prisión preventiva.
El diputado Mauricio Toledo dijo previo a sus cuestionamientos que el costo anual que Pemex paga por robo de combustible “ha aumentado de 7 mil millones de pesos en 2012 a 30 mil millones en 2017”, y que con lo robado en ese tiempo se podría construir una nueva refinería o fortalecer programas de inversiones de la empresa productiva.
Aunque Pemex ha rescindido sus contratos con Odebrecht, aún busca recuperar 122 millones de pesos que le dio en exceso por obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
“Pemex Transformación Industrial acaba de presentar una denuncia reclamando el pago de los 122 millones de pesos que la Unidad de Responsabilidades nos señaló hace unos días”, expuso Treviño Medina en respuesta a los cuestionamientos del diputado del Partido Verde Marco Antonio Gómez Alcantar.
También informó que la Procuraduría General de la República (PGR) ha interrogado a 20 funcionarios, incluidos algunos de Pemex, así como a dos exintegrantes de Odebrecht, entre ellos el directivo Marcelo Odebrecht, por el caso.
“El 5 de abril de 2017 publicamos en Internet los cuatro contratos que celebramos con esa empresa. El 6 de junio de 2017 rescindimos el contrato de Tula 2, que era el que estaba vigente”, expuso en su comparecencia.
También mencionó la sanción administrativa impuesta por la Secretaría de la Función Pública entre junio y septiembre de 2017, contra diferentes servidores públicos, por irregularidades en los procesos relativos al contrato de la refinería de Tula, de los cuales ya emitió cuatro resoluciones, “dos inhabilitando a la empresa y dos en contra de un servidor público”.